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Fiscal Baeza y Jefatura Contra Robos y Focos Criminales de PDI desarticulan red de corrupción y fraudes bancarios

Se trata de una banda que reclutaba a personas para que adquirieran tarjetas bancarias. Luego, terceros sacaban dinero de estas cuentas, desde cajeros automáticos. Tras ello los primeros reclutados denunciaban el supuesto fraude al banco y recibían la devolución del dinero.

Eduardo Baeza, Fiscal Jefe FL Pudahuel

Eduardo Baeza, Fiscal Jefe FL Pudahuel


Una banda criminal que se dedicaba a los fraudes bancarios y que logró sumar a sus filas a funcionarios de las municipalidades de Pichilemu y Santa Cruz fue desarticulada gracias al trabajo investigación del Fiscal Jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza y la Jefatura Nacional Contra Robos y Focos Criminales (Jenacrof) de la PDI.

Tras seis meses de sigilosa investigación, un operativo realizado el miércoles 28 de julio en simultáneo en tres regiones del país y 14 comunas permitió detener a la mayor parte del grupo delictual. Se trata de 15 personas que son investigadas por delitos que incluyen: Asociación Ilícita, Uso Fraudulento de Tarjetas de Pago, Fraude al Fisco, Cohecho, Soborno y, Falsificación de Instrumento Público, entre otros ilícitos.

De acuerdo a lo señalado por el persecutor jefe de Pudahuel, “la investigación determinó que esta organización se dedicaba a realizar fraudes a distintas entidades bancarias, usando de forma ilícita la Ley que regula los fraudes electrónicos. Con el paso del tiempo, algunos de sus integrantes tomaron contacto con funcionarios de algunos municipios a objeto de lograr la emisión de permisos fraudulentos (permisos de circulación y licencias de conducir) y cédulas de identidad falsas”.

Según la Fiscalía se trataría de una banda de crimen organizado, cuyos cabecillas lograron defraudar a diversas instituciones bancarias mediante la modalidad del “autofraude”. Para esto la agrupación reclutó a diversas personas para que facilitaran sus tarjetas de débito, además de gestionar la apertura de cuentas tanto para los miembros de la asociación como para terceras personas en distintos bancos, las que eran cargadas con dineros proporcionados por los líderes de la organización. Posteriormente, estas tarjetas eran vaciadas por los mismos imputados mediante giros por distintos montos en cajeros automáticos y/o compras en comercios, quienes luego denunciaban ante la correspondiente entidad bancaria la supuesta clonación de la tarjeta, desconociendo los cargos y catalogándolos como fraudulentos, razón por la cual los respectivos bancos procedían a la cancelación de los cargos o a la restitución de los fondos correspondientes a las operaciones reclamadas por los titulares de las tarjetas. Finalmente, los imputados volvían a vaciar las tarjetas obteniendo en definitiva una ganancia equivalente al monto de lo restituido por el banco.

En dicho esquema, la banda habría aprovechado de forma maliciosa la Ley N° 21.234 (que establece nuevas limitaciones de responsabilidad de los titulares o usuarios de tarjetas bancarias, en casos de extravío, hurto, robo o fraude) para captar a terceros que adquirían tarjetas bancarias para que otros sujetos sacaran dinero de cajeros automáticos y, posteriormente, denunciarlas como fraudes bancarios.

Junto con ello, reclutaron a funcionarios municipales, quienes alteraban datos para que terceros pudieran cancelar menos por un permiso de circulación o para no pagar una multa. Así fue, por ejemplo, en el caso de Pichilemu, donde tres funcionarios que trabajaban en el Departamento de Tránsito habrían falsificado permisos de circulación y permitido la inscripción de vehículos de alta gama como modelos más económicos, todo lo cual es materia de investigación.  

Operación “Quinto Día”

El operativo desplegado para la detención de los 15 integrantes de la banda, denominada “El quinto día”, fue desarrollada por detectives de la Jefatura Nacional Contra Robos y Focos Criminales, con el apoyo de otras brigadas de la PDI, y se llevó a cabo en las regiones de Antofagasta, Metropolitana y Del Libertador Bernardo O’Higgins.  

La formalización de los 15 detenidos se realizó el jueves 29 de julio en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago. El Fiscal Baeza solicitó prisión preventiva para nueve de los imputados, decretando el Tribunal dicha medida cautelar para ocho de ellos. El Juzgado de Garantía dictó un plazo de 100 días para la investigación.

 
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