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11/12/2017

Tribunal Constitucional suspende preparación de juicio oral en “caso Basura”

Mientras no se resuelva incidente promovido por una de las defensas, el tribunal de garantía no podrá reanudar la etapa preparatoria de juicio oral.

El Fiscal Regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, previo al inicio de la audiencia

SANTIAGO.- Hasta que el Tribunal Constitucional resuelva la presentación realizada por la defensa de uno de los 20 acusados en la causa, quedó suspendida la audiencia de preparación de juicio oral respecto de la investigación desarrollada por la Fiscalía Occidente por los delitos de fraude al fisco, soborno, cohecho y lavado de dinero, en el contexto de la adjudicación de un contrato de prestación de servicios de la empresa KDM al municipio de Maipú, por concepto de recolección y disposición de basura como de contratos y licitaciones en las municipalidades de Cero Navia y Colina.

El Tribunal Constitucional decretó la suspensión del procedimiento, acogiendo la solicitud efectuada por la defensa del acusado José Miguel Gutiérrez Sastre, ex gerente de la empresa KDM, abogado Miguel Ángel Chaves, de suspender el procedimiento seguido ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago mientras no se resuelva el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, deducido por el defensor el 28 de octubre del año en curso. Dicho requerimiento se interpuso contra la resolución pronunciada por el tribunal el 16 de octubre, por medio de la cual obliga a la defensa del imputado Gutiérrez a consignar 2 U.T.M. previo a promover cualquier incidente, por haber promovido y perdido dos o más, en virtud de lo dispuesto en el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil, argumentando que dicho precepto no es aplicable a la causa y que deja al acusado en una situación de indefensión.

La comunicación de la paralización de la audiencia, fue informada hoy en la misma audiencia de preparación de juicio oral por la jueza del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, María Inés Lausen, en el contexto de los incidentes previos que antecedieron a la suspensión de la misma, dado que recién ahí se recepcionó la notificación de la resolución del Tribunal Constitucional.

"A quién le afecta esencialmente el derecho a ser defendido en un plazo razonable es a la propia defensa. Cuando la defensa es la que dice que no quiere que la causa avance entendemos que los principales afectados son los mismos imputados. También los otros querellantes , que también tienen derecho a que el caso sea resuelto, pero este incidente no fue promovido por el Ministerio Público" aclaró el Fiscal Regional José Luis Pérez Calaf.

La audiencia programada para este lunes tenía por objeto dar inicio a la Audiencia de Preparación de Juicio Oral, abriendo debate sobre los medios probatorios que serán finalmente utilizados contra los imputados, sobre quienes la Fiscalía Occidente presentó acusación por los delitos fraude al fisco, soborno, cohecho y lavado de dinero, a propósito de la adjudicación de la empresa KDM de contratos para la prestación de servicios de recolección y disposición de basura con la municipalidad de Maipú; del cobro de prestaciones no realizadas a dichas entidades públicas en los municipios de Colina y Cerro Navia, y de otros hechos vinculados.

El pasado jueves se realizó una audiencia de suspensión condicional del procedimiento respecto de tres acusados: los ex concejales de Maipú Carlos Jara Garrido (profesor de música) y Carol Débora Bortnick De Mayo (periodista), y el abogado Oscar Lantadilla Tapia, quienes realizarán trabajos comunitarios de acuerdo a sus profesiones; además de concretar el pago de sumas de dinero de entre $2,5 millones y $3 millones como indemnización a favor del fisco. Durante esa audiencia, el acuerdo propuesto por la Fiscalía Regional Occidente contó con la conformidad del Consejo de Defensa del Estado, y la oposición de solo uno de los querellantes en la causa, el representante del diputado Joaquín Lavín León.

El Fiscal Regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, explicó que la envergadura de la investigación, la diferencia de participación y compromiso de los imputados en los hechos, permite dar a algunos imputados salidas jurídicas distintas al juicio oral; dado el marco legal, las penalidades que enfrentan algunos de ellos, su irreprochable conducta anterior y su disposición a reparar al fisco económicamente.