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Comunicación que el fiscal efectúa al imputado donde le indica que se desarrolla actualmente una investigación en su contra por uno o más delitos. Esta comunicación se hace en presencia del juez de garantía.

Es la persona a quien se le atribuye participación culpable en un hecho punible. (Art 7 CPP)

Conjunto de actuaciones encaminadas a la comprobación de un hecho que reviste caracteres de delito y  la participación que puede corresponderle a una o más en personas como autores, cómplices o encubridores. Por mandato constitucional le corresponde a la Fiscalía, la que actúa auxiliada por las policías y otros organismos que colaboran en las labores investigativas.

Investigación que se inicia por la Fiscalía cuando toma conocimiento.

Es aquel funcionario del Poder Judicial que ejerce jurisdicción y que está llamado a conocer y resolver los asuntos sometidos a su conocimiento y hacer ejecutar lo juzgado.

Es un procedimiento que se realiza ante el Juez de Garantía a petición del fiscal cuando la pena requerida no excede de cinco años, para su procedencia es necesario que el imputado acepte los hechos materia de la acusación y los antecedentes en que se funda, como asimismo que manifieste su conformidad con la aplicación de este procedimiento.

Es la audiencia oral y pública prevista para el juzgamiento de quien ha sido acusado de uno o más delitos por el Ministerio Público, siempre que atendidas las características del caso no proceda su juzgamiento  conforme a las reglas del procedimiento simplificado o abreviado, se desarrolla ante un tribunal de juicio oral en lo penal, con la presencia, al menos, del fiscal del Ministerio Público, del imputado y de su defensor, y al término de ella, el Tribunal debe pronunciar su decisión de condena o absolución, pudiendo diferir sólo la redacción completa de la sentencia.

Procedimiento oral y público que se desarrolla ante el Juez de Garantía para el juzgamiento de quien ha sido objeto de un requerimiento por el Ministerio Público, respecto de hechos constitutivos de faltas penales o de simples delitos para los cuales se solicite una pena que no exceda de presidio o reclusión menor en su grado mínimo.

Medida restrictiva o privativa de la libertad personal o de la disposición patrimonial del imputado. Las medidas las decreta un tribunal con competencia penal a solicitud de la parte interesada y siempre que existan fundamentos que justifiquen su aplicación.
El objetivo de esta medida es asegurar los fines del procedimiento, velar por la seguridad de la sociedad o de la víctima y/o asegurar la existencia de bienes suficientes para una eventual reparación o indemnización para la víctima.