El Ministerio Público es la institución que tiene la función de investigar y llevar a cabo la persecución penal de los delitos para que los tribunales determinen la responsabilidad de quienes lo cometieron, y proteger a las víctimas y testigos. También se le conoce como la Fiscalía de Chile.
Es un organismo autónomo, por lo que no forma parte de ninguno de los tres Poderes del Estado. No es parte del Gobierno o Poder Ejecutivo, del Poder Judicial ni del Poder Legislativo (Congreso Nacional).
Esta institución se organiza en una Fiscalía Nacional, encabezada por el Fiscal Nacional, y 19 Fiscalías Regionales, cada una de las cuales es dirigida por un Fiscal Regional y un equipo directivo. Existe una en cada región del país y cuatro en la Región Metropolitana por la cantidad de habitantes.
En cada región hay Fiscalías Locales, que son las unidades operativas de las Fiscalías Regionales, y están compuestas por fiscales adjuntos, abogados asistente de fiscal, sicólogos, asistentes sociales, técnicos y administrativos.
La Fiscalía trabaja en colaboración con Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Gendarmería de Chile y los organismos auxiliares como el Servicio Médico Legal, el Servicio de Registro Civil e Identificación, y el Instituto de Salud Pública, entre otros.
Existe también un Consejo General, que reúne al Fiscal Nacional con todos los Fiscales Regionales y que cumple funciones de órgano consultivo y asesor.
En el sistema procesal penal, son los fiscales los que dirigen a las policías en la investigación de los delitos, quienes también deben proteger a las víctimas y testigos, ejercer la acción penal pública, esto significa, llevar ante los tribunales a los imputados y buscar que los jueces apliquen las sanciones cuando corresponde.
La actividad de las Fiscalías se inicia normalmente cuando se recibe una denuncia. Esta es presentada por la víctima o por un denunciante, ante la policía, los tribunales o en las Fiscalías.