Medida restrictiva o privativa de la libertad personal o de la disposición patrimonial del imputado. Las medidas las decreta un tribunal con competencia penal a solicitud de la parte interesada y siempre que existan fundamentos que justifiquen su aplicación.
El objetivo de esta medida es asegurar los fines del procedimiento, velar por la seguridad de la sociedad o de la víctima y/o asegurar la existencia de bienes suficientes para una eventual reparación o indemnización para la víctima.

Es un derecho de la víctima de un delito frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en contra suya o de su familia. La Fiscalía está obligada a velar por la protección de la víctima del delito en todas las etapas del procedimiento penal, ya sea decretando o solicitando medidas de protección. En ciertos casos graves y calificados algunas de esas medidas pueden ser otorgadas a testigos y peritos.