Las unidades de evaluación, control y desarrollo de la gestión regionales tienen por objetivo monitorear el desarrollo de la gestión que se realiza en la región de manera tal de constituir un apoyo al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, además de implementar acciones que mejoren continuamente dicha gestión.

Entre sus principales funciones está: administrar los sistemas de información, generar información estadística oportuna y relevante que permita establecer metas para controlar la gestión jurídica y administrativa de las fiscalías locales, proponiendo estrategias oportunas a las autoridades regionales para alcanzar los logros definidos.

Las unidades de administración y finanzas tienen por objetivo gestionar de manera eficiente y adecuada los recursos financieros y materiales asignados a cada fiscalía regional.

Entre sus funciones está desarrollar mecanismos de control del uso de los recursos, dirigir el proceso de adquisición de bienes e insumos necesarios para la operación, supervisar el pago oportuno a los proveedores, en suma, coordinar y supervisar los procesos contables y de control presupuestario para que estos se ejecuten en forma oportuna y de acuerdo a la normativa vigente, permitiendo el normal y eficiente desarrollo de las actividades propias del Ministerio Público.

Son las encargadas de velar por la disponibilidad de los equipos y sistemas informáticos que permitan dar continuidad operativa a las labores diarias de todos los funcionarios y fiscales de la respectiva fiscalía regional y de entregar soporte técnico informático a las fiscalías locales.

En las fiscalías regionales esta unidad se encuentra fusionada con la unidad de evaluación, control y desarrollo de la gestión.

Tiene por objeto dar cumplimiento a las tareas que la ley procesal penal le encomienda al Ministerio Público en el ámbito de la atención y protección a las víctimas y los testigos. De acuerdo a ello, son las encargadas de realizar intervención especializada con los usuarios con mayor grado de vulnerabilidad y/o mayor riesgo, y prestar apoyo técnico a la labor que desempeñan los Fiscales en este ámbito, favoreciendo el ejercicio de los derechos de estos usuarios en el proceso penal.