Si bien en 50 causas, las plataformas de seguridad informática del Poder Judicial, retuvieron correos electrónicos con documentos adjuntos por la presunta presencia de virus, sólo en un caso un imputado fue dejado en libertad, situación que ya fue apelada por la Fiscalía para revertirla.

Si bien reconoció que existía la posibilidad de reprochar ciertas conductas del ex fiscal Peña, Sabas Chahuán descartó sanciones administrativas por no ser actualmente funcionario del Ministerio Público. La investigación además sobreseyó a los cuatro fiscales adjuntos que figuraban como investigadores.

Según la investigación, los imputados habrían presentado facturas por servicios no consignados posteriormente en la institución pública, por montos cercanos a los 160 millones de pesos.

Sabas Chahuán destacó que la Fiscal Regional, Solange Huerta, a cargo de la investigación del maremoto del 27-F no ha descartado ninguna línea de investigación y desestimó de plano que la política sea un motor de la Fiscalía, asegurando que en la institución que dirige se actúa en forma profesional y no defendiendo intereses particulares.

Los cinco integrantes del clan familiar dedicado a la internación y comercialización de droga, la que era pagada con dinero o intercambiada por camionetas 4x4 robadas, fueron sentenciados por los delitos de asociación ilícita y narcotráfico.

A raíz de las críticas emitidas por el ministro del Interior, Sabas Chahuán destacó que si bien pueden existir errores en el sistema de justicia, éstos no son imputables al Ministerio Público, cuyo rol es aplicado a diario por los fiscales. Respecto de la Ley de indultos, enfatizó que se justifica y es positiva para el país, en la medida que no haya un compromiso delictual alto y se controle en forma efectiva el cumplimiento alternativo de penas.

El colombiano Carlos Correa Álvarez es buscado en Argentina al ser indicado como el proveedor de cocaína líquida a un ciudadano chileno, quien también fue detenido en el vecino país mientras se embarcaba a España con la sustancia ilícita.

Los imputados por delitos de robo y receptación quedaron sometidos a diversas medidas cautelares, que van desde arresto domiciliario total a firma en la Fiscalía, por el plazo de la investigación.

Fiscal Nacional dijo que hay imputados que “de mala fe suplantan a otras personas, especialmente familiares, hermanos o primos y al final es condenado una persona que no cometió el delito”. Tema será zanjado en una próxima reunión de la mesa coordinadora.

El fiscal Servando Pérez señaló que un testigo aseguró que el menor, indicado como responsable de la muerte de la periodista Andrea Urrejola por una pedrada en la Ruta 5 Sur, le confesó su autoría al día siguiente del fatal desenlace.