Las Fiscalías que más aumentaron sus ingresos de denuncias fueron Aysén (22,7%), Tarapacá (10.1%), Centro Norte (9,5%) y Araucanía (9,5%). Las mayores alzas se observan en de Delitos contra la libertad e intimidad de las personas (5,8%), Hurtos (5,9%) y Faltas (5,7%).

Sabas Chahuán destacó que “claramente hay que revisar los procedimientos, pero montaje no ha habido por parte de la Fiscalía” y recalcó que otros casos de bombas que están en pleno desarrollo, podrían tener éxito. “La ciudadanía tiene que tener la tranquilidad de que en este y otros casos la Fiscalía va a seguir trabajando”, aseguró.

El operativo es uno de los más grandes efectuado a una empresa, desde que entró en vigencia la Ley sobre responsabilidad penal de la persona jurídica. En abril se la habían imputado a Carlos Reyes, director de Obras de la Municipalidad de Recoleta, la comisión de dos delitos de cohecho y falsificación de instrumento público, y en la audiencia de reformalización de hoy, se le agregaron imputaciones por 7 nuevos cohechos cometidos con otros contribuyentes a quienes les habría solicitado “coimas”.

Se imputó el delito de cohecho activo reiterado a empresa privada, en el marco de megainvestigación por el caso de corrupción pública ligada a municipalidad

Si bien en 50 causas, las plataformas de seguridad informática del Poder Judicial, retuvieron correos electrónicos con documentos adjuntos por la presunta presencia de virus, sólo en un caso un imputado fue dejado en libertad, situación que ya fue apelada por la Fiscalía para revertirla.

Si bien reconoció que existía la posibilidad de reprochar ciertas conductas del ex fiscal Peña, Sabas Chahuán descartó sanciones administrativas por no ser actualmente funcionario del Ministerio Público. La investigación además sobreseyó a los cuatro fiscales adjuntos que figuraban como investigadores.

Según la investigación, los imputados habrían presentado facturas por servicios no consignados posteriormente en la institución pública, por montos cercanos a los 160 millones de pesos.

Sabas Chahuán destacó que la Fiscal Regional, Solange Huerta, a cargo de la investigación del maremoto del 27-F no ha descartado ninguna línea de investigación y desestimó de plano que la política sea un motor de la Fiscalía, asegurando que en la institución que dirige se actúa en forma profesional y no defendiendo intereses particulares.

Los cinco integrantes del clan familiar dedicado a la internación y comercialización de droga, la que era pagada con dinero o intercambiada por camionetas 4x4 robadas, fueron sentenciados por los delitos de asociación ilícita y narcotráfico.

A raíz de las críticas emitidas por el ministro del Interior, Sabas Chahuán destacó que si bien pueden existir errores en el sistema de justicia, éstos no son imputables al Ministerio Público, cuyo rol es aplicado a diario por los fiscales. Respecto de la Ley de indultos, enfatizó que se justifica y es positiva para el país, en la medida que no haya un compromiso delictual alto y se controle en forma efectiva el cumplimiento alternativo de penas.