La víctima puede sufrir amenazas, hostigamientos o atentados en contra suya o de su familia en razón de su participación en el proceso penal.

Por ese motivo, ten presente que es deber de la Fiscalía: adoptar las medidas de protección que sean pertinentes, ya sea en forma autónoma, como por ejemplo, reforzamiento domiciliario, alojamiento en casas de acogida, teleasistencia, entre otros, o bien solicitar autorización al juez de garantía si la medida supone alguna restricción para el imputado, por ejemplo, prohibir al imputado acercarse a ti o a tu familia.