Sandra Díaz Salazar es contador público y auditor de la Universidad de Chile, titulada en 1995, con un Magister en Administración de Empresas (MBA) de la Facultad de Economía de la Universidad de Santiago y un Diplomado en Administración y Dirección de Recursos Humanos en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Abogado de la Universidad de Valparaíso, magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca, Diplomado en Criminología (PUC) y en Derecho Administrativo (PUCV). Entre 2015 y 2018 trabajó en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como asesor para la redacción del nuevo Código Penal y luego se desempeñó como Jefe del Departamento de Reinserción Social de Adultos.
La jefa de la Unidad de Infraestructura de la Fiscalia Nacional, es administradora pública titulada de la Universidad de Chile, y asumió su cargo actual en 2006.
Cursó el Magíster en "Ciencias Políticas y Adminsitrativas" con mención en Instituciones y Procesos Políticos, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y el postitulo en "Formulación y Evalaución de Proyectos " dictado por el Depto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile .
Es abogado de la Universidad de Chile, con diplomados en Reforma Procesal Penal, Destrezas de Litigación Oral y Derecho Penal General, además de un magíster en Política Criminal cursado en The London School of Economics and Political Science.
Inició su carrera profesional en 2004 cuando asume como abogado asesor de la Intendencia Regional Metropolitana en el Programa Seguridad Capital.
El director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalia Nacional, es abogado titulado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y asumió su actual cargo en enero de 2002.
Cursó el postítulo "Economía y Finanzas para Abogados" dictado por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile, además de diplomados en diversas universidades en el área de la legislación de negocios internacionales, derecho procesal penal y otros.
La directora de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, además directora de la Unidad de Asesoría Jurídica, es abogada titulada de la Universidad de Chile, y asumió su cargo actual en diciembre de 2007.
Cursó el diplomado en Reforma Procesal Penal y una actualización de postítulo "Agresiones Sexuales: una aproximación comprensiva para un diseño de intervención", ambos en la Universidad de Chile.
El director de la Unidad de Recursos Procesales y Jurisprudencia de la Fiscalía Nacional, es abogado titulado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y asumió su cargo actual en mayo de 2004.
En su trayectoria profesional destaca su labor ejercida en la Sección Penal de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana y en el Departamento de Estudios del Consejo de Defensa del Estado.
Ingresó a la Fiscalía de Chile en 2004 como director de la recién creada Unidad de Recursos Procesales y Jurisprudencia la cual dirige hasta hoy.
Luis Torres se formó en la Universidad Católica de Chile, posee un Master en Derecho Penal y Ciencias Penales y actualmente se encuentra terminando un Doctorado en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra. Anterior a su designación, se desempeñaba como Abogado Senior del Instituto Nacional de Derechos Humanos..
Abogado de la Universidad Diego Portales, y Magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Católica de Valparaíso.
En 1995 tras recibir su título de abogado y desarrollar el ejercicio libre de la profesión, ingresó a la Corporación de Asistencia Judicial, donde permaneció hasta 2000 al ingresar al Ministerio Público como Fiscal Adjunto de la IX Región de La Araucanía, donde además se desempeñó como Fiscal Adjunto Jefe de la Fiscalía Local de Lautaro.
Es abogado de la Universidad Central, recibió su título profesional en 1996, cursó un diplomado en Reforma Procesal Penal y es Magíster en Psicología Organizacional. Cuenta además con especialización en la persecución de delitos sexuales, violentos y económicos.
Inició su carrera profesional en 1996 como abogado del Estudio Jurídico Arias & Cia. Limitada de Santiago, y como abogado del Programa de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia en las comunas de La Granja y Buin.