“Se logró la condena del imputado Andrés Meza por su participación en la falsificación y soborno a un funcionario público, con el objeto de obtener una cédula de identidad y un pasaporte, ambos falsificados”, detalló Baeza.

Con estas dos últimas formalizaciones ya suman 4 los sujetos privados de libertad por su participación en crimen en que víctima fue agredida con golpes de pies y puños y también con objeto contundente. Para el último de los implicados medida cautelar de prisión preventiva fue otorgada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

Subrayando el hito que significan estos primeros juicios orales para la Fiscalía, el Fiscal Marcelo Maldonado indicó que el compromiso del organismo persecutor también se extiende a “velar por la protección de las víctimas y de los testigos y hacer que la ley se cumpla en un procedimiento que dé garantías a todos los intervinientes de racionalidad y que se ajuste a derecho”, lo que se cumplió en este juicio oral.

La Fiscal María Valeria Gomez imputó el delito del artículo 318 del Código Penal, de poner el peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio.

En la investigación que dirige el fiscal José Morales junto con equipo de la PDI se establece que el objetivo del autor era matar a un hombre que se encontraba en el sector.

Imputados quedaron en prisión preventiva por peligro de fuga y otros por peligro para la seguridad social.

El fiscal Álvaro Pérez señaló que diversas diligencias permitieron establecer que no se observaron detenidos el día de los hechos y que no existieron denuncias.

Este es el tercer imputado detenido con armas en las últimas semanas, gracias a una investigación de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía junto a la Policía de Investigaciones.

Imputado quedó con arresto domiciliario nocturno mientras dura la investigación.

Fiscal Gloria Araya, explicó que el imputado tenía antecedentes penales, específicamente, 12 condenas previas por delitos contra la propiedad y personas. Hecho ocurrido el 10 de junio del 2020.