Fiscalía y defensa de los imputados han sostenido conversaciones para llegar a un juicio abreviado

El Fiscal Nacional (s), Pablo Gómez repudió el ataque que sufrió ayer, en Collipulli, el fiscal Enrique Vásquez. El Ministerio del Interior también manifestó su rechazo y presentó una querella para que se determine a los autores de la agresión.

El fiscal Enrique Vásquez fue agredido por un grupo de 20 personas, tras comunicar la decisión de no perseverar en una causa por torturas y secuestro denunciada por un comunero mapuche, quien se negó a colaborar con la investigación. El Ministerio Público anunció que se reforzarán las medidas de protección del persecutor y su familia.

El acuerdo contempla la capacitación a funcionarios del Ministerio Público sobre el funcionamiento del mercado de valores y, el intercambio de información electrónica entre ambos organismos.

Siete de los formalizados quedaron con arresto domiciliario total y una de ellas, la imputada civil, quedó con arresto domiciliario parcial. En total, ya suman 43 los formalizados en esta causa, de los cuales 20 se encuentran en prisión preventiva.

Sistema entró en funcionamiento en las regiones de Tarapacá, Metropolitana Centro Norte, Sur, Occidente y Oriente, y Aysén, que incorpora 34 fiscales de focos investigativos y 13 analistas criminales.

Tras participar en la Comisión de Constitución de la Cámara, el Fiscal Nacional sostuvo que la aspiración del Ministerio Público es trabajar en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos.

El Tribunal Oral en Lo Penal acogió las peticiones de la Fiscalía y condenó a dos penas de 12 años y 180 días por los delitos de femicidio frustrado y lesiones graves gravísimas, respectivamente, y a una pena de 540 días por el delito de violación de morada. Fiscal Regional, Pedro Salgado, valoró sentencia del tribunal y llamó a condenar severamente casos de violencia.

En una nueva audiencia de formalización, el Fiscal Regional de Magallanes imputó cargos por asociación ilícita y lavado de activos a nuevos implicados que facilitaron sus cuentas corrientes para traspasos ilícitos de fondos por más de $1.700 millones de pesos.

En su segunda Cuenta Pública, el Fiscal Nacional insistió en la necesidad de que la Fiscalía tenga mayores facultades para perseguir los delitos tributarios, de colusión y electorales, advirtiendo que “no renunciará” a la acción penal y a mayores herramientas.