Tras un Consejo Extraordinario del Ministerio Público, la Fiscalía Nacional informó que la Unidad de Derechos Humanos apoyará todas las investigaciones penales por violencia institucional. Asimismo, dio a conocer la identidad de siete de las quince personas fallecidas e hizo un llamado a denunciar actos de vulneración de derechos.

Estas declaraciones fueron realizadas en el marco de las protestas y desórdenes ocurridos en diveras regiones del país, durante estos últimos días.

Cada Fiscalía Metropolitana nombrará un fiscal preferente, que trabajará con la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI. Hasta ahora hay 134 personas detenidas, que pasarán a control de detención, de las cuales 35 son menores de edad.

La actividad, coordinada por las Unidades de Drogas y de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional junto a la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), contó con la asistencia de profesionales, fiscales y connotados especialistas científicos en el ámbito de drogas.

El fiscal Cristián Aguilar comunicó al imputado, Mauro Robles Torres, que se le investiga por defraudar al Estado por una suma de $3.145.123 pesos.

La semana estuvo marcada por distintas actividades que consideraron la premiación a funcionarios que cumplieron 5, 10 y 15 años al servicio de la institución, además del reconocimiento a quienes encarnan los valores que rigen al Ministerio Público.

La abogada Marisol Peña precisó que la solicitud entregada esta mañana incorpora ocho hechos relacionados a la causal de mal comportamiento y otros cuatro que sustentan la causal de negligencia manifiesta cometidas por el suspendido Fiscal Regional de O´Higgins.

El autor fue condenado a 12 años de presidio mayor en su grado medio por el delito de violación reiterada contra una menor.

A la fecha, 95 personas han sido condenadas en esta investigación, recuperándose montos millonarios y numerosos inmuebles y vehículos a beneficio del Fisco de Chile. Mientras, los 31 acusados de la cúpula delictual enfrentan la preparación del juicio oral.

Si bien la decisión fue adoptada tras conocer el informe final del Fiscal Alberto Ayala, quien propuso aplicar la sanción más alta, la máxima autoridad del Ministerio Público no tiene atribuciones para remover a un Fiscal Regional, por lo que decidió sancionarlo con la segunda sanción de máxima gravedad y, paralelamente, iniciar el proceso de remoción ante el máximo tribunal del país.