Causó la muerte de su pareja en septiembre del año pasado.

Prescripción de la causa fue debatida ante el Juzgado de Garantía, instancia judicial en que se descartó, por parte del Tribunal, acoger la prescripción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo de la causa.

Fiscal dijo que se investiga de donde provendrían los disparos que le causaron la muerte.

El fiscal Gonzalo Valderas comunicó al imputado que se le investiga por ingresar marihuana, pasta base y fármacos, además de teléfonos móviles y otros aparatos, que entregaba a los internos a cambio de dinero.

La Fiscalía Centro Norte formalizó por estos ilícitos y solicitó la medida cautelar en contra del imputado por representar un peligro para la seguridad de la comunidad.

El Fiscal Regional de Los Lagos descartó que la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía constituya una derrota para la Fiscalía y fue enfático en señalar que lo dictado por el Tribunal sienta un precedente en relación al delito de apremios ilegítimos, especialmente en relación a víctimas menores de edad que se encuentran privadas de libertad y bajo la custodia del Estado.

5 años para autores de homicidio calificado (brazo derecho del líder) y parricidio (madre de lactante sacrificado), y tres años para los encubridores.

Penas de 5 años y un día y siete años de cárcel son las que deberán cumplir los acusados.

El plazo para el término de la investigación que desarrolla la Fiscalía junto a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, es de 90 días, según lo determinó el Juzgado de Garantía.

El fiscal Raúl Suárez acreditó en un juicio oral que Sebastián Ruiz Saavedra cometió este delito intimidando a un empleado del local con un destornillador y sustrayendo $70 mil en efectivo.