Desde marzo de este año, la PDI y la Fiscalía de Focos han desarrollado el análisis criminal para dar con el paradero de armas cuyos dueños estén fallecidos y evitar que las armas lleguen a mercados informales para el crimen.

Se trata de alumnos de cuarto año medio del Colegio Ambrosio O´Higgins de la capital del Huasco.

Este martes comenzó, por segunda vez, audiencia de Juicio Oral en contra de un imputado que disparó un arma de fuego con la que dio muerte a la víctima.

La fiscal jefe de Valdivia fue designada por el Fiscal Nacional para participar como relatora en un curso de Litigación Oral dirigido a persecutores de la Fiscalía de ese país. El curso se realiza esta semana en Montevideo.

Naín Lamas Caamaño, Fiscal Jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), confirmó que audiencia solicitada ante el Juzgado de Garantía de Río Negro quedó fijada para el 27 de Agosto. Para determinar esta formalización “se tuvieron presentes todas las diligencias que se han hecho durante estos meses”, en las que se incluye un informe pericial encargado al IDIEM (Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales) de la Universidad de Chile.

Los hechos sucedieron en la cancha de la Asociación de Fútbol Amateur de Ovalle el 1 de julio del año 2017.

Los acusados recibieron condenas por distintos delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos, y todos deberán cumplirlas en forma efectiva, sin derecho a ningún beneficio extracarcelario.

El fiscal Sergio Fuentes acreditó en un juicio oral la responsabilidad de Patricio Rodríguez Sandalla y Álvaro Monsalve Fuentealba en este delito perpetrado contra José Pineda Obando, de 70 años. El fiscal destacó que “es una pena bastante severa y que ha sido valorada por la propia familia, lo que nos deja conformes por la sensación concreta y clara de haberse realizado un acto de justicia importante”.

Por casi cuatro años, y aprovechando que estaba a cargo del pago de proveedores, la acusada logró apropiarse de más de 240 millones de pesos provenientes de la casa universitaria.

Cinco imputados quedaron en prisión preventiva y otro con arresto domiciliario total