“La política regional respecto del abigeato va a ser de continuar con una persecución rigurosa , con una persecución efectiva respecto de las personas que cometan este delito”, señaló la Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer Opitz. Reunión con Agrollanquihue y Aproleche estuvo marcada por propuestas que buscan coordinar acciones futuras.

Investigación de Fiscalía de Alto Hospicio y la Policía de Investigaciones permitió que el imputado quedara privado de libertad dada la gravedad de los delitos por los cuales fue formalizado.

**Fiscal Rodrigo Cuso recordó que los hechos ocurrieron en noviembre del 2019 y marzo 2020. Fiscalía instruyó investigación a Brigada de Homicidios, BH, de la PDI.

El resto de los imputados quedó con arresto domiciliario total por los cinco meses de investigación que entregó el Tribunal de Garantía.

Dentro de la investigación lo más relevante fue determinar los roles de cada uno de los integrantes de la banda, quienes de acuerdo a la fiscal de San Bernardo, Alejandra Vargas, tenían perfectamente delimitados sus funciones a la hora de cometer los atracos.

Audiencia de Juicio Oral se retomó mediante sistema de videoconferencia

“Seguiremos persiguiendo enérgicamente a todas las personas que incumplan las normas sanitarias, porque acá no está en juego solamente la salud individual, sino que la salud pública de todos los habitantes de la Región”, afirmó la Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer Opitz.

“Este caso es bastante inusual para la Región en general y, en particular, para las comunas de la Fiscalía de Río Negro en cuanto al delito de extorsión”, afirmó el Fiscal Jefe, Daniel Alvarado Tíquer. Fiscalía formalizó investigación por dos delitos de robo con intimidación, cuatro extorsiones, una amenaza condicional, además de los delitos de tenencia ilegal de arma hechiza y tenencia de elementos conocidamente destinados para cometer robos.

Se abrió indagatoria, luego de analizar antecedentes derivados por la Contraloría Regional

El Fiscal Daniel García precisó que de comprobarse los hechos, el imputado arriesga una pena que va entre 5 años y 1 día a 10 años de presidio. Investigación realizada por Brisex de la PDi. Hechos ocurridos entre mayo y junio del 2020.