Al finalizar el encuentro el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, dijo haber tenido “una conversa bastante provechosa y que le va a permitir al Fiscal Nacional determinar acciones concretas de trabajo y de coordinación con las policías y el Gobierno, de cara a lo que se presupuesta puede ocurrir en el mes de marzo”.

Uno de los imputados en el delito pudo optar a este procedimiento donde la víctima recibió reparación monetaria y obligó al adolescente a realizar un tratamiento de rehabilitación para drogas.

Un perjuicio patrimonial para la isapre de $2 mil millones, generado mediante engaño, y el no pago de impuestos de la plana gerencial son parte de los ilícitos que se les imputan.

Del total de víctimas, 1.031 son mujeres y 834 son niñas, niños o adolescentes. Asimismo, entre las personas cuyos derechos humanos han sido afectados se cuentan 285 denuncias por lesiones oculares.

Si bien el trimestre octubre – diciembre de 2019, marcado por el estallido social, no representó una variación significativa, se triplicaron los delitos de desórdenes públicos y apremios ilegítimos.

Los condenados también deberán cumplir condena por otros delitos de robo cometidos en distintas comunas de la capital. Felipe Gallardo fue condenado por este hecho de acuerdo a la ley de responsabilidad adolescente.

Tras conocerse que el máximo tribunal desestimó, por once votos a favor y tres en contra, la solicitud presentada en septiembre pasado, Abbott descartó presentar un recurso de reposición

Respecto de las críticas que señalan que la legislación impediría a las personas ejercer el derecho a reunión, Abbott señaló que “lo que aquí se busca es sancionar a las personas que, en el contexto de esas manifestaciones cometen hechos que provocan un daño enorme, tanto a las personas como a la propiedad y eso nos parece inaceptable”.

Sostuvo que el fallo del máximo tribunal da el verdadero sentido a esa herramienta y reiteró que debe ser el Ministerio Público quien tenga la exclusividad de la acción penal en los casos de colusión

El documento fue entregado bajo carácter de secreto por el director de la Agencia Nacional de Inteligencia al Fiscal Nacional, lo que impide utilizarlo en investigaciones penales actuales o futuras.