Se trata de una sala especialmente habilitada en la Fiscalía de Pudahuel, que atenderá a Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) que sean víctimas de delitos y que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 21.057, será el espacio en el que Entrevistadoras/es acreditados podrán recibir los testimonios en un espacio seguro y acondicionado para resguardar la privacidad de la víctima y de sus acompañantes.

El 5° Boletín Estadístico de Acceso a la Justicia Penal de Migrantes y Extranjeros presentado hoy reveló que entre los años 2016 y 2020 el número de personas detenidas de nacionalidad extranjera aumentó progresivamente en el periodo, llegando a un alza de 355% en los cinco años analizados.

Con la suscripción del convenio, la Fiscalía podrá acceder a la plataforma electrónica para contrastar información sobre víctimas de homicidios, lo que permitirá a las instituciones contar con mejor información para el diseño de políticas públicas. El titular de la SPD valoró el acuerdo, pues “consolida la labor que hemos tenido y mantendremos con el Ministerio Público”.

La implementación de la Política Nacional de Persecución Penal, los logros alcanzados por el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, y la creación de la Unidad de Derechos Humanos fueron algunos de los hitos destacados por Jorge Abbott en la última redición de su administración.

La actividad, que se realizó en el contexto de la próxima implementación de la Ley 21.378 sobre monitoreo telemático para agresores con prohibición de acercarse a las víctimas de violencia de género, tuvo como objetivo dar a conocer la Pauta Unificada de Evaluación Inicial de Riesgo creada y aplicada por el Ministerio Público desde el año 2013 para evaluar el riesgo de mujeres víctimas de estos delitos.

Capacitación y formación de equipos profesionales, transversalización del enfoque de derechos humanos y género y el traspaso de experiencias, buenas prácticas, y material de estudio son algunas de las áreas de trabajo que comprende el documento.

En el documento se destacan los principios de autonomía, objetividad y transparencia como bases fundamentales, que “debiesen estar plasmados en la propuesta de Nueva Constitución que elabore el Poder Constituyente”.

La indagatoria se relaciona con la investigación del traspaso de bienes de origen ilícito del ex Comandante en Jefe del Ejército General (R) Óscar Izurieta, de quienes los persecutores son hija y yerno, respectivamente. El Fiscal Nacional ordenó también abrir una investigación administrativa.

La decisión se fundó en las recomendaciones de un informe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, además de las denuncias presentadas por los diputados Jorge Alessandri, Luciano Cruz-Coke, y Guillermo Ramírez.

“Creo que podemos decir que el COVID puso a prueba nuestros valores institucionales y que hemos salido fortalecidos, con una renovada vocación de servicio público”, expresó en su discurso el Fiscal Nacional.