La indagatoria se relaciona con la investigación del traspaso de bienes de origen ilícito del ex Comandante en Jefe del Ejército General (R) Óscar Izurieta, de quienes los persecutores son hija y yerno, respectivamente. El Fiscal Nacional ordenó también abrir una investigación administrativa.

La decisión se fundó en las recomendaciones de un informe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, además de las denuncias presentadas por los diputados Jorge Alessandri, Luciano Cruz-Coke, y Guillermo Ramírez.

“Creo que podemos decir que el COVID puso a prueba nuestros valores institucionales y que hemos salido fortalecidos, con una renovada vocación de servicio público”, expresó en su discurso el Fiscal Nacional.

Jorge Abbott designó a la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, a cargo de la indagatoria. El Informa de la Unidad Anticorrupción concluye que los últimos hechos revelados no han formado parte de alguna investigación penal anterior.

Entre el año 2016 y 2020 aumentó la tasa de 4,2 a 5,7 homicidios por cada 100 mil habitantes. Si bien la mayoría de las víctimas son hombres, 1 de cada 2 mujeres muere en manos de un familiar o cercano. La mayoría de los imputados por homicidio consumado son jóvenes de entre 18 a 29 años.

El documento, que recoge las miradas de siete instituciones sobre el fenómeno del narcotráfico en Chile, da cuenta además del aumento de la producción de droga en territorio nacional y de la instalación de sustancias derivadas de la Ketamina como la droga sintética de mayor incautación en nuestro país.

Veinticinco expertos en justicia penal y derecho constitucional abordarán, en ocho sesiones, los desafíos que debe enfrentar el Ministerio Público para seguir fortaleciendo sus capacidades institucionales, tras dos décadas de funcionamiento.

Según el Boletín N°4 de la Mesa Interinstitucional de Acceso a la Justicia Penal de Migrantes y Extranjeros, los detenidos que representan el 1,6% del total de imputados que ingresan anualmente al sistema penal, aumentaron un 6,12% en el mismo periodo.

En octubre de 2019 inició la puesta en marcha de la primera etapa en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena. Está previsto que la tercera y última etapa está prevista a contar del 3 de octubre del 2022, en las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Los Lagos y Metropolitana.

Los profesionales serán los encargados de dialogar con niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos a partir del próximo 3 de junio, cuando la Ley 21.057 entre en funcionamiento en las regiones de Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble, La Araucanía y Los Ríos.