El gobierno promulgó la ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial a la orgánica del Ministerio Público, dotándola de una estructura especializada para enfrentar con mayor eficiencia investigativa el crimen organizado y los delitos de alta complejidad, cometidos por asociaciones criminales, delictivas, y con alcance suprarregional o transnacional.

En la ceremonia realizada en La Moneda, junto al Fiscal Nacional, Ángel Valencia; los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, de Seguridad, Luis Cordero; y del Interior, Álvaro Elizalde; y otras autoridades nacionales, el Presidente Gabriel Boric promulgó la iniciativa legal y con ello marcó el inicio de la implementación de esta nueva estructura.

Desde la fecha de su promulgación el Ministerio Público tendrá un plazo de seis meses para implementar la nueva Fiscalía, nombrar al o la Fiscal Jefe Supraterritorial y a los primeros fiscales adjuntos supraterritoriales y sus funcionarios. Durante el primer año se contempla la incorporación de 15 fiscales y 28 funcionarios. Posteriormente, en un plazo de tres años, se nombrarán otros 20 fiscales y 35 funcionarios, para llegar a una dotación de 35 y 63, respectivamente, sumando un total de 98 personas.

La nueva Fiscalía Supraterritorial ejercerá sus funciones de manera autónoma, pero en estrecha colaboración con las Fiscalías Regionales, y sus nuevos Sistemas de Análisis Criminal regionales. El o la Fiscal Jefe Supraterritorial será de exclusiva confianza del Fiscal Nacional y estará sujeto a las instrucciones particulares y generales que él imparta.

En la promulgación el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, sostuvo que “esta Fiscalía Supraterritorial apunta al centro del funcionamiento de la persecución penal, pues cambia su modelo de gestión y da una respuesta institucional coordinada y fuerte frente a fenómenos criminales y delitos de alta complejidad, ya que trabajará con una estrategia unificada de alta especialización y enfoque técnico, en el análisis criminal y patrimonial para la persecución penal de las organizaciones delictuales”. Agregando que “esta reforma no solo reconoce la complejidad de los fenómenos criminales contemporáneos, sino que busca dotar al Ministerio Público de las herramientas necesarias para abordarlos con eficacia, sin renunciar jamás al debido proceso ni a la legalidad”.