Se trata de la mayor incautación de droga realizada en el país y se logró tras casi cinco meses de indagaciones, que incluyeron entregas vigiladas, seguimientos e interceptaciones telefónicas, entre otras.

El proyecto consiste en la entrega de una cámara fotográfica, con las cuales los profesionales de la salud que atienden a víctimas de violencia intrafamiliar podrán registrar de buena forma las lesiones, de manera que sirvan como pruebas para una persecución más eficaz y diligente de las causas que involucran estos delitos. Como parte de la iniciativa se capacitó a 17 funcionarias/os que atiendan a las víctimas de este tipo de hechos en los centros de salud de la comuna.

Aún cuando la víctima de los graves hechos, expareja del imputado, desistió de continuar la tramitación, y aun cuando la defensa solicitaba su absolución, la Fiscal González logró acreditar ante el Tribunal los hechos ocurridos, gracias a los peritajes sexológicos, la declaración de las/os peritos y los informes médicos que daban cuenta de la agresión cometida por el hoy condenado, quien registraba antecedentes previos.

• El persecutor comunicó cargos a los 10 imputados por los delitos de Asociación Ilícita, Robo con Homicidio, Robo con Violencia e Intimidación, Lesiones Leves, Tenencia Ilegal de Arma de Fuego Convencional, Tenencia Ilegal de Arma de Fuego con Número de Serie Borrado, Tenencia Ilegal de Municiones, Receptación de Vehículo Motorizado y Daños. Durante la audiencia, el Fiscal Baeza mostró una cronología de los hechos, desde la salida de los vehículos que participaron en el asalto, lo ocurrido en el terminal aéreo y las maniobras realizadas con posterioridad al robo, todo ello con el apoyo de imágenes y videos.

El imputado contactó a la menor de 13 años, a través de redes sociales, convenciéndole de cruzar a Chile por un paso no habilitado y conviviendo con ella por al menos seis meses, en la vivienda del hombre de 44 años, ubicada en un campamento de Buin. El caso se develó cuando el hoy condenado concurrió con la víctima al consulado boliviano, para pedir el pasaporte boliviano para ella y después obtener el carnet chileno.

El objetivo fue conversar con el Secretario de Estado la necesidad de contar con un Tribunal para las comunas de Buin y Paine, algo que desde hace varios años promueve el persecutor regional ante la alta incidencia de delitos en ambas comunas y la gran cantidad de habitantes que no cuentan con acceso a justicia penal. El titular de Justicia manifestó una buena recepción a lo planteado.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2017, en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, cuando Azagra Valdivia -quien se encontraba en dicho Tribunal a la espera de una audiencia-, logró zafarse de las medidas corporales de seguridad, agrediendo a un funcionario de Gendarmería con un arma blanca. Luego de ello, se apropió del arma de servicio del funcionario e irrumpió en una sala de audiencias, tomando por la fuerza al juez que presidía en ese momento y llevándolo al primer piso mientras le apuntaba con el arma, para luego, dejar al Magistrado en el suelo y huir del lugar.