Responsabilidad Penal Adolescente
La Responsabilidad Penal Adolescente se vincula a los delitos cometidos por personas mayores de catorce y menores de dieciocho años.
Este sistema determinado por la Ley Nº 20.084, parte de la base que en todos los casos en que la infracción penal sea cometida por un adolescente, el ordenamiento jurídico debe atenuar la respuesta penal y conferir un tratamiento diferenciado del que corresponde a los adultos según el grado de madurez del autor.
Casi la totalidad de los delitos contenidos en el Código Penal y leyes especiales, pueden ser cometidos por adolescentes, salvo aquellos que requieran una calidad especial imposible para una persona menor de edad o exclusiones legales expresas, siendo en la práctica los de mayor ocurrencia aquellos que afectan a la propiedad como los robos, hurtos y otros como las faltas y las lesiones.
Las sanciones previstas en la Ley Nº 20.084 son variadas y de diversa naturaleza a las asignadas por el Código Penal a los adultos, y se caracterizan por tener la finalidad de reintegrarlo socialmente y de hacer efectiva la responsabilidad penal. Entre éstas se encuentran las sanciones privativas de libertad comprendidas por la internación en régimen cerrado y la libertad asistida especial con internación parcial, con programa de reinserción social, y las no privativas de libertad referidas a la libertad asistida simple o especial, prestación de servicios en beneficio de la comunidad, la reparación del daño causado y la amonestación. Sin perjuicio de la procedencia de determinadas sanciones accesorias.
El Ministerio Público constituye una pieza esencial del nuevo sistema de responsabilidad penal adolescente, para hacer efectiva las innovadoras modificaciones e impulsar la resolución del conflicto penal con enfoque restaurativo y terapéutico a través de los Tribunales de Tratamiento de Drogas para adolescentes que la propia normativa arbitra y que el acuerdo de las instituciones del sistema penal incentiva, lo que supone una persecución penal diferenciada y especializada, que incorpore la perspectiva de género respecto de las adolescentes infractoras y que contemple respuestas con enfoque restaurativo, particularmente tratándose de adolescentes infractores y víctimas pertenecientes a los pueblos originarios; que contribuya a la finalidad de reinserción social que se consagra en la normativa vigente.
Para hacer frente a los delitos cometidos por adolescentes, la Fiscalía de Chile cuenta con fiscales especializados con dedicación preferente en materia de responsabilidad penal adolescente, y con una Unidad Especializada que colabora activamente con los fiscales en materias tales como asesoría, coordinación interinstitucional y capacitación continua para el abordaje de esta compleja temática social y que lleva a cabo los Programas de Formación en Responsabilidad Penal Adolescente, en conjunto con la Academia del Ministerio Público.
Asimismo, para desarrollar una persecución penal eficiente y con altos estándares de calidad, la Fiscalía trabaja coordinadamente con instituciones vinculadas al sistema de justicia penal adolescente, tales como el Servicio Nacional de Menores, el Servicio de Reinserción Social de los Adolescentes, UNICEF, Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Defensoría Penal Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol; entre otros.
A nivel Iberoamericano el Ministerio Público de Chile lidera y coordina desde el 2018 el Grupo de Justicia Juvenil Restaurativa de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) que desde la Asamblea General del 2022 se transformó en Red de Justicia Penal Juvenil y Justicia Restaurativa, impulsando estudios, seminarios, conversatorios y proyectos de alcance regional como:
• Informe regional sobre “mediación penal juvenil y acuerdos restaurativos” con diagnóstico de las prácticas restaurativas (AIAMP/ILANUD)
• Protocolo para la derivación de casos a prácticas de Justicia Juvenil Restaurativa (Proyecto AIAMP/EUROsociAL)
Para desarrollar una persecución penal eficiente y con altos estándares de calidad, la Fiscalía trabaja coordinadamente con instituciones vinculadas al sistema de justicia penal adolescente, tales como el Servicio Nacional de Menores y próximamente con el Servicio de Reinserción Social de los Adolescentes, UNICEF, Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Defensoría Penal Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol; entre otros.
El sistema de responsabilidad penal adolescente está determinado por la Ley Nº 20.084, que reconoce a los adolescentes infractores la calidad de sujetos de derechos, por lo tanto, considerando su edad y las particularidades de su nivel de desarrollo, se les puede exigir responsabilidad por los delitos cometidos.
En efecto, casi la totalidad de los delitos contenidos en el Código Penal y leyes especiales, pueden ser cometidos por los adolescentes, salvo aquellos que requieran una calidad especial imposible para un menor de edad o exclusiones legales expresas.
El Código Penal y las leyes penales especiales como la Ley 20.000 que persigue los ilícito vinculados al tráfico de drogas, tipifican las conductas sancionadas por el sistema previsto en la Ley N°20.084.
La Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos Violentos de la Fiscalía Nacional tiene por misión asesorar y apoyar al Fiscal Nacional en materias de su especialidad, así como colaborar con los fiscales que tengan a su cargo la dirección de investigaciones de casos de delitos violentos –primordialmente robos, homicidios, secuestro y lesiones- así como las investigaciones vinculadas a delitos cometidos por adolescentes. Junto con ello y atendida la estrecha vinculación de estos delitos con el fenómeno de la Violencia Rural, la Unidad asumió la Coordinación Nacional en esta materia, liderando la Mesa de la Macrozona Sur, así como todas las iniciativas que persigan abordar este fenómeno. Adicionalmente, la Unidad también tiene a su cargo la asesoría en casos de presuntas desgracias, negligencia médica y registro de ADN, así como el seguimiento legislativo de las iniciativas que empecen al Ministerio Público.
Conforme a lo señalado, en materia de Responsabilidad Penal Adolescente busca contribuir a la generación de criterios adecuados de persecución penal especializada con miras a la integración social del adolescente infractor y perfeccionar la coordinación interinstitucional con aquellas instituciones claves en el abordaje de esta compleja temática social. Por otra parte, en materia de delitos violentos, sus funciones específicas se orientan fundamentalmente a mejorar la calidad y eficiencia de la persecución penal, particularmente de aquellos delitos que producen un alto impacto ciudadano como los robos violentos, además de la generación de criterios de actuación en estos delitos que permitan un trabajo mancomunado con ambas Policías, de forma de asegurar el éxito y calidad de estas investigaciones.
Adicionalmente y en todas las materias que componen su especialidad, la Unidad desarrolla actividades tales como la recopilación y sistematización de jurisprudencia de los Tribunales de Justicia, la realización de capacitaciones a fiscales especializados, la atención de requerimientos y consultas efectuadas por los fiscales de todas las regiones del país, la elaboración de publicaciones de temas jurídicos y procesales relevantes relacionados con los tipos penales de competencia de la Unidad y la generación de las coordinaciones interinstitucionales necesarias para optimizar los resultados investigativos.