Los delitos medioambientales son todos aquellos actos que intencionalmente, en forma accidental o negligente, producen como consecuencia la destrucción o menoscabo de ciertos sistemas naturales, especies animales o vida vegetal cuya protección es considerada valiosa por el hombre para la mantención de sus condiciones de vida, salud, actividades económicas o culturales.

Estos delitos se dan en un amplio escenario, que abarca la tala ilegal de árboles, el maltrato animal, la contaminación del agua y el aire por desechos, partículas o derrames, los incendios, y el tráfico de especies protegidas, entre otros.

Enmarcados en su amplia diversidad, estos delitos pueden ser cometidos por particulares a menor escala, en el contexto de faenas industriales, agrícolas o mineras habituales de gran envergadura, o bien, en un contexto de excepcionalidad con motivo de un accidente o una faena negligente, como los derrames de petróleo que ocurren en el mar a consecuencia de desperfectos sufridos por embarcaciones, o la contaminación de ríos o cauces producidos como consecuencia de la rotura involuntaria de cañerías.

Los delitos contra el patrimonio cultural, en tanto, consisten tanto en los daños que se provocan a edificios, monumentos o piezas con valor histórico o arqueológico para el país, como en el robo de estos mismos objetos o de parte de ellos.

Cabe señalar que ambas categorías, representan una cantidad muy menor en el universo de ingresos que se registran en un año, sin embargo su relevancia radica en el grave o irreparable daño que se puede generar con la ocurrencia de sólo uno de ellos, sumado a la gran complejidad que reviste este tipo de indagatorias.

Para enfrentar este tipo de delitos, la Fiscalía de Chile cuenta con fiscales especializados distribuidos en todo el país, además de una Unidad Especializada a nivel central que brinda asesorías y apoyo a las investigaciones en el área, además de capacitaciones para colaborar en la especialización de fiscales y profesionales.

Este tipo de criminalidad exige un doble desafío para la Fiscalía de Chile puesto que propone una persecución contra el tiempo. En general, estos delitos ocurren en contextos abiertos, que por sus propias características van eliminando evidencias y o ampliando el impacto de ocasionado a los ecosistemas y/o sujetos.

Para combatir de mejor forma estos delitos y lograr resultados de excelencia, la Fiscalía trabaja coordinadamente con entidades públicas y privadas tales como las Superintendencias del ramo, CONAF, SERNAPESCA, SERNAGEOMIN, DIRECTEMAR, DGA y Bomberos, entre otros, y con las brigadas especiales de las policías, como la BIDEMA y el OS-5.