Fiscal Regional destacó trabajo interagencial, innovación y enfoque humano en Cuenta Pública 2025
Cuenta Pública Fiscal Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena
El Fiscal Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Cristián Crisosto Rifo, rindió hoy la Cuenta Pública de la gestión institucional correspondiente al año 2025, instancia en la que dio cuenta a la comunidad de los principales avances del Ministerio Público en la región, destacando de manera prioritaria el fortalecimiento del trabajo interagencial como eje estratégico para la persecución eficaz del crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, junto con la innovación en la persecución penal y un enfoque humano en la atención a víctimas y testigos.
Durante su exposición, el Fiscal Regional relevó el trabajo desarrollado por la Fiscalía Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena en coordinación permanente y sistemática con Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, Armada, Aduanas, municipios, servicios públicos y organismos del circuito intersectorial, articulación que ha permitido enfrentar de manera más eficaz, integral y oportuna fenómenos delictuales complejos, particularmente aquellos vinculados al crimen organizado transnacional, el tráfico ilícito de drogas, el contrabando y delitos de alta connotación económica.
En materia de persecución penal, la autoridad subrayó la implementación de estrategias innovadoras de investigación orientadas a desarticular estructuras criminales, destacando el fortalecimiento del análisis criminal, el uso de inteligencia artificial, la tramitación 100% digital, la creación de la Unidad de Compliance o cumplimiento normativo —orientada a la prevención, detección y control de riesgos de corrupción y faltas a la probidad—, el reforzamiento de los equipos especializados y el abordaje estratégico de delitos complejos, todo ello desde una mirada ajustada a las particularidades territoriales de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Asimismo, informó que durante el año 2025 ingresaron más de 14.896 casos en la región, lo que representa un aumento del 25,9% respecto del año anterior. Precisó que los delitos más frecuentes correspondieron al uso malicioso de tarjetas y claves bancarias, estafas y defraudaciones, amenazas simples y lesiones menos graves, observándose además un crecimiento sostenido en investigaciones vinculadas a crimen organizado, narcotráfico, contrabando, lavado de activos y delitos informáticos.
Indicó que se cerraron más de 14 mil causas, equivalentes a 18 mil relaciones terminadas, cifra que representa un 19% más que el año anterior, obteniéndose en el 36% de ellas sentencias o salidas judiciales, lo que mantiene a la Fiscalía Regional entre las de mayor índice de judicialización a nivel nacional, reflejando una persecución penal activa y sostenida.
El Fiscal Regional señaló que, en los 120 juicios orales realizados durante 2025, se obtuvo un 85,8% de sentencias condenatorias, realizándose además 349 juicios abreviados y 965 juicios simplificados, varios de ellos asociados a investigaciones complejas en materias de drogas, criminalidad organizada y delitos económicos.
Un eje central de la Cuenta Pública fue el trabajo con víctimas, destacándose una gestión orientada a la dignidad, la contención y el acompañamiento, incluso en causas de alta complejidad. En este ámbito, se relevó el rol de los equipos especializados, la coordinación interinstitucional y la importancia de una respuesta institucional que combine rigor jurídico con sensibilidad humana.
Destacó que la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos efectuó más de 1.951 atenciones especializadas de ellas 34% a NNA vinculados a delitos sexuales y 19% VIF y 162 Entrevistas Investigativas Videograbadas a niños, niñas y adolescentes, cifra superior en un 15% a la registrada durante el año 2024, reforzando la protección de víctimas en contextos de delitos graves y organizados.
Cabe indicar que las cifras incorporadas provienen del sistema informático institucional de carácter central (SCG), administrado por la División de Estudios de la Fiscalía Nacional y validadas conforme a los estándares definidos por el Ministerio Público a nivel central.
En la oportunidad, el Fiscal Regional destacó asimismo las acciones orientadas al bienestar de fiscales y funcionarios, entendiendo que equipos fortalecidos, especializados y cuidados son fundamentales para sostener investigaciones complejas y enfrentar de manera eficaz fenómenos criminales de alta sofisticación.
En cuanto al mejoramiento de la infraestructura institucional, detalló el avance en la renovación de espacios de atención ciudadana e instalaciones internas, relevando especialmente la remodelación y entrega del nuevo edificio de la Fiscalía Regional en Punta Arenas, proyecto que alcanzó una inversión de $3.802.334.606, incorporando espacios más amplios, seguros y tecnologías actualizadas, acordes a las exigencias de la persecución penal moderna.
Además, subrayó el trabajo permanente desarrollado en toda la región con colegios, juntas de vecinos, funcionarios del área de la salud, organizaciones sociales y diversos actores territoriales, promoviendo una cultura de prevención, legalidad y acceso a la justicia. En este contexto, destacó los resultados del estudio nacional de experiencia usuaria realizado por IPSOS Chile, que estableció que, a nivel regional, un 84% de las personas evaluó positivamente la atención recibida, un 92% valoró la amabilidad y cordialidad, y un 90% señaló haber comprendido plenamente la información entregada.
En relación con los desafíos y proyecciones, sostuvo que la institución continuará fortaleciendo la cooperación interagencial, profundizando el combate al crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, consolidando la innovación tecnológica, el análisis criminal avanzado y reforzando la cercanía con la comunidad.
Finalmente, el Fiscal Regional reafirmó el compromiso de seguir fortaleciendo una justicia cercana, moderna, firme frente a la criminalidad compleja y colaborativa, agradeciendo el trabajo de fiscales y funcionarios y el apoyo de sus familias, así como a las víctimas y testigos, a las instituciones colaboradoras y a la ciudadanía por la confianza depositada en la labor del Ministerio Público.