El Congreso Nacional aprobó hoy la ley de fortalecimiento del Ministerio Público, una reforma estructural que moderniza la institución, refuerza los estándares de probidad, mejora los mecanismos de supervisión y evaluación, y fortalece la capacidad de conducción institucional de la Fiscalía, con el objetivo de ofrecer una persecución penal más eficaz, transparente y de calidad a la ciudadanía.

La nueva normativa introduce cambios relevantes en la organización interna del Ministerio Público, creando y reforzando unidades estratégicas en materias de probidad, integridad, auditoría interna, planificación y supervisión de la persecución penal. Asimismo, establece mecanismos de evaluación externa periódica y fortalece la formación y capacitación de fiscales y funcionarios.

Entre sus principales ejes, la ley crea la División de Probidad e Integridad y Auditoría Interna, con facultades específicas para la prevención, detección e investigación de eventuales conductas contrarias a la probidad al interior de la institución, reforzando el control interno y la rendición de cuentas.

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, valoró la aprobación de esta iniciativa, destacando su impacto en el funcionamiento del sistema de persecución penal: “La aprobación de esta ley es una muy buena noticia para el país. Fortalece al Ministerio Público como institución, mejora nuestros estándares de probidad y supervisión, y nos entrega herramientas claras para asegurar una persecución penal más coherente, eficiente y transparente, siempre al servicio de las víctimas y de la ciudadanía”, señaló.

El Fiscal Nacional agregó que esta reforma permitirá enfrentar de mejor manera los desafíos actuales del sistema penal, especialmente en un contexto de criminalidad cada vez más compleja: “Este es un paso importante para modernizar la Fiscalía y fortalecer la confianza pública. Nos permite reforzar la unidad de acción, mejorar la calidad de nuestras investigaciones y asegurar que la autonomía del Ministerio Público vaya de la mano con mayores niveles de responsabilidad y control institucional”, indicó.

La ley entrará en vigencia de manera gradual, de acuerdo con los plazos establecidos en sus disposiciones transitorias, y su implementación será acompañada por la dictación de los reglamentos correspondientes.