La mañana de este viernes se conoció el veredicto condenatorio que obtuvo la Fiscalía de Atacama en una audiencia de Juicio Oral en que se acusó a un exfuncionario de la Municipalidad de Tierra Amarilla, quien fue declarado culpable como autor de los delitos de fraude al fisco y cohecho.

Cabe recordar que la audiencia en que la Unidad de Causas Complejas de la Fiscalía de Atacama comenzó a exponer los antecedentes reunidos en esta indagatoria denominada “Caso Cordeta” se inició en el mes de marzo, periodo en que el fiscal Luis Miranda Flores argumentó medios de prueba y resultados de peritajes desarrollados junto a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) y Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI. Material probatorio que reveló la actuación ilegal del administrador municipal de Tierra Amarilla, Jaime Bahamondes Cabrera, quien además cumplía funciones de alcalde subrogante.

“Respecto de este caso y tras la realización de la audiencia de Juicio Oral, este viernes se dictó la sentencia condenatoria por el delito de fraude al fisco y cohecho, esto es defraudar el patrimonio público y solicitar algún beneficio económico irregular por concepto de la infracción de deberes asociados al cargo. Hechos que están vinculados a la creación de una Corporación en el año 2015 y su vinculación con la Municipalidad de Tierra Amarilla”, dijo el fiscal.

Según la acusación de la Fiscalía, la Corporación Municipal de Fomento al Desarrollo Comunal, Cultural y Productivo (Cordeta) fue creada en el mes de diciembre del mencionado año, iniciándose desde ese momento la ejecución de contratos de prestación de servicio de manera irregular, estando el primero de ellos relacionado a tareas de aseo, seguridad, apoyo técnico y soporte informático con la empresa Likar Spa por un monto superior a los 300 millones de pesos, el que no se enmarcó a los conductos regulares y legales, permitiendo la contratación de personas cercanas al alcalde de la época y otras funcionarias por servicio que nunca se ejecutaron. Todo lo cual fue acreditado durante la realización de esta audiencia fruto del trabajo investigativo de la Fiscalía y la PDI.

Luis Miranda agregó que, una vez conocida la condena, la Fiscalía solicitó al Tribunal Oral imponer al imputado penas privativas de libertad, inhabilitaciones para la ejecución de cargos públicos, además del pago de multas. Peticiones a las que se sumó el Consejo de Defensa del Estado que actuó como parte querellante.

Finalmente, Miranda informó que la audiencia en que se conocerán las penas que deberá cumplir el exfuncionario del municipio tierramarillano se realizará el próximo martes 12 de mayo.