Llevo tres años al frente de esta Fiscalía Regional, y la frontera me ha enseñado algo que ningún manual enseña: en el norte, el límite no se defiende en el hito, sino en cada eslabón de la cadena que lo cruza. Esa lección cambió nuestra forma de trabajar.

Cuando asumimos, en octubre de 2023, el diagnóstico era exigente. Demasiadas veces la persecución terminaba en quien conducía el camión, no en quien lo había enviado. Y el crimen ya no era el de hace veinticinco años, cuando la reforma procesal penal llegó a nuestra región: era más diverso, más transnacional y más paciente.

Decidimos no perseguir cargamentos, sino estructuras. Hoy cada incautación relevante tiene un fiscal especializado que continúa las diligencias de inmediato; el análisis criminal trabaja junto a los equipos de crimen organizado, y seguimos el patrimonio con la Sección de Investigación Patrimonial y Anticorrupción de Carabineros y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI. Aprendimos, además, a leer la Macrozona Norte no como un mapa de jurisdicciones, sino como un solo teatro, ahora con la Fiscalía Supraterritorial.

Los resultados no son un trofeo, sino una prueba. Entre octubre de 2023 y el 18 de octubre de 2026, las causas de esta Fiscalía suman 127,8 toneladas de droga incautada, y más de dos mil personas fueron condenadas por delitos de drogas entre octubre de 2023 y mayo de 2026.

Pero el crimen organizado no vive de una sola mercancía, y nuestra respuesta tampoco. En abril, una célula del Tren de Aragua fue condenada a cuatro presidios perpetuos. En febrero acusamos a dos personas por su presunta vinculación con una organización criminal mexicana que, según la acusación, intentó instalar en Chile un laboratorio de metanfetamina con destino a Asia y Oceanía; el 30 de noviembre será el tribunal oral el que resuelva. En julio, una exalcaldesa llegó extraditada desde los Países Bajos para cumplir su condena. En octubre, una investigación por robo de cobre llegó hasta el receptador del metal. Y 571 causas por contrabando, 289 de ellas con tabaco, nos recuerdan que la frontera también se cruza con mercancías que parecen menores.

Nada de esto pertenece a una persona. Pertenece a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones, que sostienen controles en el altiplano y vigilancias que nadie ve; a la Armada y su Policía Marítima, al Servicio Nacional de Aduanas, a Gendarmería y a la Unidad de Análisis Financiero; a las unidades especializadas de la Fiscalía Nacional. Y pertenece, sobre todo, a los fiscales y funcionarios de esta Fiscalía Regional, que trabajan en turnos de madrugada y en audiencias que no llegan a los titulares. El cargo se presta; el servicio se deja.

Los próximos dos años no admiten complacencia. Tres convicciones guiarán nuestras prioridades. La primera: el Estado debe llegar antes que el crimen. El Corredor Bioceánico no crea el problema, lo escala; el Paso Jama debe ser un punto de control y no un punto ciego, y nuestros puertos, nodos de exportación y no de contaminación de carga. La segunda: el kilo se repone, pero el patrimonio decomisado no; seguir el dinero es la tarea que más debemos consolidar. La tercera: lo que importa se mide; no solo cuánto incautamos, sino cuántas causas terminan con calidad y cómo tratamos a las víctimas que llegan a nosotros.

Este año cumplimos veinticinco años de reforma y tres de una forma de trabajar. No celebramos toneladas, sino una manera de investigar que funciona: leer la red y no solo la carga, llegar a quienes organizan y al dinero. La frontera nos lo enseñó: no se cierra; se gobierna. Y se gobierna entre todos.