Con un conversatorio que reunió a fiscales, jueces, defensores, académicos, abogados y funcionarios, el actual sistema procesal penal fue materia de análisis respecto a su desarrollo, necesidades y evolución.

El acto se desarrolló en la primera sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, instancia donde se recordó el paso histórico que hizo el país el 16 de diciembre del año 2000, en la comuna de Vicuña, región de Coquimbo y en la región de la Araucanía.

En la jornada, se recordaron además algunos juicios del sistema, como el caso Monjitas, la primera sentencia de presidio perpetuo por robo con homicidio en Vicuña, el caso contra un ex alcalde de la comuna de Coquimbo; otros más actuales como a integrantes del Tren de Aragua y el caso de descuartizamiento. Mención especial fue el primer juicio, el cual fue un verdadero aprendizaje para todos los actores del sistema y en especial la puesta en escena de la Defensoría Penal Pública. Inés Rojas, Defensora Regional de Coquimbo, recordó que “fue un momento emocionante. Detrás de nuestros bancos estaban ministro de justicia, subsecretarios, prensa y todos los ojos de un país. La defensoría hizo un excelente papel y cumplimos con la promesa hacia nuestro defendido, quien fue condenado con una pena mínima por amenazas no condicionales”, dijo.

Desafíos

El destacado académico de la Universidad de Chile, Julián López Masle, máster en Derecho de la Universidad de Harvard y parte de la comisión asesora presidencial para el perfeccionamiento del sistema de justicia penal, dirigió una exposición sobre el desarrollo del actual sistema penal. “Creo que los desafíos principales que enfrenta este sistema tienen que ver con la enorme cantidad de causas que ingresan al mismo. La forma de enfrentar a las organizaciones criminales que de alguna manera ponen en cuestión desde una perspectiva de nuestra cultura jurídica hasta donde debemos llegar con las garantías individuales y sobre todo la reafirmación de los principios de la reforma para no caer en la tentación que frente a la sensación de inseguridad o desafíos de la nueva criminalidad creamos que la respuesta está en dejar de lado los principios que inspiraron la reforma”, dijo.

“La reforma fue un cambio cuántico respecto a lo que teníamos en Chile en ese momento. Hoy miramos como algo natural tener un Ministerio Público que sostenga la acusación y persecución penal con independencia al trabajo de los jueces; que cada imputado tenga un defensor; que las audiencias sean públicas y que los juicios sean contradictorios y todo eso son enormes avances logrados. Los desafíos hoy son que esos logros no queden en el olvido en virtud de las dificultades que todo sistema tiene y que tienen que ir siendo superadas”, añadió.

Los comentaristas de la jornada fueron el juez oral Claudio Weishaupt, el fiscal Freddy Salinas y el defensor Román Zelaya, los 3 con destacadas trayectorias en estos años. “Claramente las proyecciones de dotación que se tuvieron en vista al inicio del sistema, se quedaron cortas y, especialmente, para las primeras regiones como la nuestra. Pero la implementación de los equipos SACFI y ECOH han demostrado excelentes resultados. Un segundo desafío, creo que está relacionado con la celebración de juicios orales de muy extensa duración, como ha ocurrido principalmente con casos de delitos económicos o de funcionarios públicos, los cuales duran meses o incluso años, como el caso de loteos irregulares o brujos celebrado en el Tribunal Oral en Lo Penal de La Serena o casos conocidos a nivel nacional. Y un tercer aspecto que creo que el Ministerio Público y las Policías deben abordar es el uso más intensivo de la tecnología y de pruebas científicas: el seguimiento de criptomonedas, las aplicaciones de mensajería encriptadas, el acceso a contenidos de teléfonos celulares y computadores incautados, ADN, reconocimientos faciales, el uso de inteligencia artificial como aliado en el procesamiento masivo de datos, entre otras”, dijo el fiscal Freddy Salinas.

Patricio Cooper, Fiscal Regional de Coquimbo, dijo que “el camino no ha sido fácil; la presión del trabajo, las demandas ciudadanas, la complejidad creciente el delito y la necesidad permanente de coordinación interinstitucional han puesto a prueba nuestras capacidades. Sin embargo, gracias, el sistema ha demostrado ser resiliente, dinámico y capaz de evolucionar a 25 años de su implementación. La reforma nos recuerda que la justicia penal es una tarea colectiva porque cada audiencia, cada investigación, cada decisión y cada actuación administrativa contribuye a fortalecer la confianza pública y a garantizar que la justicia llegue a tiempo, sea efectiva y se ejerza como una unidad. También reafirmamos un compromiso de seguir perfeccionando el sistema, innovar cuando sea necesario y mantener siempre como centro la dignidad de las personas, escucharlas en sus planteamientos, incluso dando la cara, con el objetivo de mantener la calidad del servicio que entregamos al país”, dijo.

La Presidenta de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, Marcela Sandoval, reflexionó que los desafíos están en “la masificación del ingreso de causas, así como realizar análisis de autonomía de la Defensoría Penal Pública, el reforzamiento del Ministerio Público y la dotación de jueces son otros. Otra deuda pendiente es la creación de los tribunales de ejecución penal. La reforma procesal penal es positiva y quien vivió el sistema antiguo sabe que la diferencia es sustancial por rapidez, oralidad, transparencia son baluartes que el anterior no tenía. La división en la ejecución de funciones en el sistema de investigación y juzgamiento fue fundamental”, dijo. 

En la instancia también se recordaron los nombres de quienes forjaron los inicios del sistema, como el primer Fiscal Regional Víctor Villarroel (Q.E.P.D.) y el primer Defensor Regional, Jaime Camus del Valle. La jornada concluyó con consultas, apreciaciones sobre el funcionamiento del sistema, cambios de paradigmas y comprensión pública de las funciones de cada institución.