• El imputado fue condenado como autor de abuso sexual en carácter reiterado en contra de una víctima menor de 14 años.

Ante la sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota presidida por el magistrado Lino Godoy Órdenes e integrada por los Jueces Sebastián Videla Aspe y Mónica Oliva Rybertt, se desarrolló el juicio en contra de un hombre de 27 años, de nacionalidad chilena, acusado por el Ministerio Público como autor de delitos reiterados de connotación sexual. 

Según expuso durante el juicio oral la Fiscal de Quillota, Gabriela Fuenzalida, los delitos se cometieron de manera reiterada entre los años 2019 y 2022, período en el cual el acusado mantenía una relación de pareja con la madre de la víctima menor de 8 años al momento del primer hecho, y posteriormente, en el año 2022, cuando ya era su ex pareja. Durante el juicio se rindió prueba testimonial, pericial y documental, además de otros medios probatorios que pudo ponderar el Tribunal. 

“Se trata de un relato que se ha mantenido en el tiempo, sin variaciones ostensibles que llamen la atención del tribunal, ha tenido corroboración externa en todos los aspectos de contexto, del modo en que se ha indicado más arriba, por lo que consideramos que se trata de un relato veraz, fiable, que da cuenta de situaciones vividas por ella (la víctima)”, señala la sentencia.

Asimismo, el fallo agrega que “en cuanto a la valoración de la prueba de cargo, consideró el tribunal que todos los testigos impresionaron como veraces, sus testimonios se corroboran entre sí y carecen de contradicciones relevantes según se irá analizando”.

La sala condenó al acusado a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, como autor de un delito de abuso sexual consumado, reiterado de persona menor de 14 años, cometido entre los años 2018 y 2019 y entre fines de septiembre y comienzos de octubre de 2022 en la comuna de Quillota, ilícitos previstos y sancionados en los artículos 366 bis y 366 ter, ambos del Código Penal. 

A ello se suma la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, además de la inhabilitación absoluta para ejercer profesiones titulares mientras dure la condena.