Un llamado a abordar todo el norte del país como un solo escenario para la persecución del crimen organizado, realizó el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, durante su participación en la Jornada Macrozona Norte 2026 del Ministerio Público, realizada en La Serena, donde presentó un análisis sobre la evolución de las organizaciones criminales, sus nuevas formas de operación y los desafíos que enfrenta el Estado.

Durante su exposición, denominada “La frontera que se desplaza”, Castro Bekios sostuvo que el crimen organizado ha ido superando las fronteras administrativas entre regiones, articulando rutas, estructuras y economías ilícitas que se extienden por distintos territorios. En ese contexto, planteó que la coordinación institucional debe adelantarse a ese fenómeno y adoptar una mirada supraterritorial.

“La macrozona es un solo teatro del crimen organizado; debe ser también un solo teatro de la respuesta”, afirmó el persecutor ante fiscales, analistas, jefes policiales y representantes de servicios y agencias especializadas que trabajan en el área.

DROGAS

El Fiscal Regional destacó que la magnitud del fenómeno se refleja también en las incautaciones de drogas. De acuerdo con los antecedentes presentados, entre octubre de 2023 y septiembre de 2026 se han incautado 125,8 toneladas de sustancias ilícitas en la Región de Antofagasta, mientras que durante enero y julio de este año las seis regiones que integran la Macrozona Norte concentraron el 80,7% de toda la droga incautada en todo el país.

Castro Bekios explicó que estas cifras deben ser analizadas junto con la transformación de las economías criminales, que ya no se limitan al tráfico de drogas, sino que incorporan actividades como el robo de vehículos, el contrabando, el robo de cobre y otras formas de generación y lavado de activos. Según la presentación, estas actividades comparten rutas, nodos logísticos y mecanismos financieros, por lo que su persecución requiere superar los análisis aislados por tipo de delito o territorio.

En este escenario, el fiscal planteó la necesidad de avanzar hacia herramientas comunes para toda la Macrozona Norte, incluyendo una matriz de riesgo compartida, mejores mecanismos de intercambio de información, mapeo conjunto de nodos criminales, persecución patrimonial y equipos de investigación coordinados. 

En su presentación propuso, además, fortalecer la cooperación internacional y establecer mecanismos permanentes para enfrentar fenómenos como el robo de cobre, cuya ocurrencia ha ido en aumento los últimos años.

“La criminalidad organizada se adapta, se desplaza y busca aprovechar las brechas existentes entre instituciones y territorios. Por eso, nuestra respuesta debe tener una escala equivalente”, aseveró el Fiscal Regional, agregando que “no basta con contar con las herramientas legales, sino que es necesario utilizarlas con una lógica de coordinación y escala macrorregional”.

Entrando en más al fondo del tema, la autoridad propuso también el desarrollo de protocolos para abordar causas conexas con la Fiscalía Supraterritorial, equipos conjuntos con países vecinos, un registro estandarizado de información, un centro de perfilamiento portuario para el Norte Grande y una red interregional de protección de testigos.

CORREDOR

Durante su exposición, el fiscal consideró especialmente relevante la posición estratégica de la Macrozona Norte, pues concentra importantes rutas terrestres y marítimas, pasos fronterizos, actividad portuaria y minera, configurándose como un espacio donde convergen distintos flujos lícitos e ilícitos, los que incluso podrían verse acentuados con la próxima puesta en marcha del Corredor Bioceánico. 

Al respecto, enfatizó que este proyecto de integración podría actuar como un multiplicador de fenómenos que ya existen, al conectar los puertos chilenos con amplios territorios en Argentina, Paraguay y Brasil, por lo que formuló un llamado a “gobernar el corredor” y de esa manera evitar posibles consecuencias negativas para el país.

En este contexto, dijo que el resguardo de la seguridad portuaria es un componente estratégico de esta respuesta, considerando que dicha infraestructura constituye un punto crítico en las cadenas logísticas de las organizaciones criminales, que podrían estar interesadas en aprovechar la buena reputación de los puertos chilenos para disminuir las sospechas sobre sus cargas ilícitas.

En la parte final de su exposición, el fiscal sostuvo que la persecución penal debe avanzar desde una lógica centrada exclusivamente en la incautación de droga hacia una estrategia que permita desarticular estructuras, afectar sus patrimonios y cerrar los espacios de operación que utilizan en distintos territorios.

“La frontera ya no es sólo una línea, es una red logística económica y cognitiva”, apuntó el Fiscal Regional, agregando que la respuesta a estas amenazas exige “anticipación, inteligencia, coordinación y acción sostenida”.