El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago acogió las solicitudes de prisión preventiva para 8 imputados formalizados por los delitos de tráfico ilícito de drogas, cultivo de plantas del género cannabis, desvío de cultivo autorizado, asociación ilícita para cometer delitos de tráfico de drogas y lavado de activos, en el marco de una investigación desarrollada en conjunto entre la Fiscalía Regional de Aysén y OS 7 de Carabineros de Chile. 

A la audiencia efectuada hoy a las 11.00 horas en el Centro de Justicia, concurrieron las Fiscales María Inés Núñez y Natalia Cumming Vega. 

Para otros imputados el Tribunal fijó otras medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal, que incluyen el arresto domiciliario total, arresto domiciliario parcial y prohibición de comunicarse con los demás imputados, además de firma mensual mientras se desarrolla la investigación, cuyo plazo fue fijado en 120 días. 

FUNDAMENTOS

Para decretar la prisión preventiva que solicitó la Fiscalía, el Juez Nicolás Flores Campos tuvo por acreditadas las letras a) y b) del artículo 140 del Código Procesal Penal, esto es, la existencia de los delitos de la Ley 20.000, por los cuales se formalizó, así como aquellos antecedentes que permiten presumir fundadamente la participación de los imputados en calidad de autores de dichos ilícitos. Respecto del delito de lavado de activos, el magistrado estimó que aún no se encontraba acreditado.

En relación a otros 14 imputados presentes en la audiencia, el Tribunal aplicó otras medidas cautelares que incluyen el arresto domiciliario total, arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros imputados. 

Sobre esto, la Fiscalía decidió apelar verbalmente en la audiencia para que la Corte de Apelaciones de Santiago sea la que finalmente resuelva si procede o no la prisión preventiva que se había solicitada para ellos. 

NUEVAS DILIGENCIAS 

Dentro del plazo judicial de investigación fijado por el Tribunal, la Fiscalía llevará a cabo una serie de diligencias, como el análisis de numerosa evidencia que fue levantada e incautada desde los sitios del suceso durante el operativo simultáneo realizado el pasado 13 de agosto en 9 regiones del país, así como la toma de declaraciones y la práctica de diversos peritajes.

Asimismo, se evaluará en su momento, formalizar la investigación respecto de otras personas que puedan tener la calidad de imputados en la causa. En total en esta indagatoria existen, hasta ahora, 72 imputados los cuales fueron detenidos en el marco un operativo nacional donde participaron más de 500 Carabineros y 20 Fiscales Adjuntos. 

Lo anterior, da cuenta del trabajo serio, acucioso y objetivo realizado en forma conjunta por el Ministerio Público y el OS7 de Carabineros durante 2 años de investigación.

La causa fue asignada por la Fiscalía Nacional a la Fiscalía Regional de Aysén conforme a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público. 

ESTRUCTURA

En la audiencia de formalización el Fiscal Regional, Hernán Libedinsky Moscovich, informó que, para cumplir con su finalidad, los líderes de la organización criminal implementaron un esquema empresarial concentrado en la sociedad DN Medcorp SpA., valiéndose de la producción de sustancias ilícitas generadas por la sociedad MA Botanics y otros cultivadores clandestinos, cuyos productos ilícitos eran comercializados en distintas sucursales a lo largo del país, las cuales eran operadas ya sea a través de franquicias, o bien, directamente por DN Medcorp.     

Dentro de esta estructura, la sociedad MA Botanics servía como empresa productora de las sustancias ilícitas que se comercializan bajo una careta terapéutica, en base a una supuesta autorización sanitaria para el cultivo emitida mediante Resolución Exenta del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región del Maule. 

Sin embargo, dicha autorización era abiertamente incumplida, en forma consciente y deliberada por los integrantes de la organización criminal, produciendo plantas del género cannabis con alto contenido de THC, lo que no estaba autorizado por dicha Resolución. Esta cannabis, y sus derivados, era luego distribuida y comercializada masivamente en diversas regiones del país, con el consecuente daño a la salud pública. 

MODUS OPERANDI 

El sistema ideado por la cúpula de la organización criminal operaba, desde la perspectiva del consumidor final, con una inscripción de socios en la Corporación de Usuarios Medicinales de Cannabis Dispensario Nacional.

Para ello, se les exigía la presentación de una receta médica con un diagnóstico genérico y tratamiento en base a cannabis, y un certificado de antecedentes penales exento de condenas por la Ley 20.000, ofreciendo la asesoría de médicos que podían extender fácilmente recetas si no contaban con una previa. 

Luego de cumplir con dichos requisitos, que eran meramente formales, los clientes accedían a los productos derivados de la cannabis en distintos locales abiertos al público.

Sin embargo, como se señaló en la audiencia, esta estructura y forma de operar constituía una fachada, que encubría un sistema de producción y venta masiva e indiscriminada de droga, con lógica empresarial, tendiente a la comercialización de cannabis con alto contenido de THC y la consecuente obtención de millonarios recursos económicos provenientes de estos delitos, ingresos ilícitos que eran blanqueados a través de otras sociedades afines.