La Fiscalía Centro Norte obtuvo ocho condenas a presidio perpetuo por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en contra de los miembros de una organización criminal que explotaba a jóvenes mujeres al interior del Portal Fernandez Concha, en el centro de Santiago.

Se trata de una investigación a cargo de la fiscal Carolina Suazo, quien obtuvo condena además por los delitos de asociación ilícita, porte ilegal de arma de fuego prohibida y tráfico ilícito de drogas en contra de los integrantes de la organización vinculada al Tren de Aragua y que operaba en el centro de la capital.

Modo de operar

El modo de operar consistía en captar a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad en Venezuela y otros países de la región, facilitando su ingreso ilegal a Chile a través de pasos no habilitados. Una vez en el país, las víctimas eran sometidas bajo el sistema de la "multa", una deuda ficticia por los gastos de traslado y estadía en Chile, la cual debía ser saldada mediante el comercio sexual forzado.

Para asegurar el control, los tratantes mantenían a las mujeres hacinadas en departamentos de "acopio" ubicados principalmente en el edificio de calle Lira 499. En estos lugares eran vigiladas mediante cámaras de seguridad y despojadas de sus documentos de identidad y teléfonos celulares, perdiendo toda autonomía y quedando bajo la dependencia absoluta de la organización.

Las víctimas eran obligadas a trabajar en la Plaza de Armas y el sector de Vicuña Mackenna, llevando a los clientes a habitaciones controladas en el Portal Fernández Concha. Cualquier incumplimiento de los pagos semanales de "plaza" era castigado con violencia física extrema, incluyendo el método del "patero", consistente en disparar a las mujeres en las piernas como mecanismo de amedrentamiento.

Víctimas
Aunque el juicio se centró en siete víctimas individualizadas, incluyendo a una adolescente de 17 años, la investigación de la Fiscalía Centro Norte determinó que la organización mantuvo bajo su control a un mínimo de 100 víctimas destinadas a la explotación. La red utilizaba un lenguaje propio y una estructura jerárquica para mantener el sometimiento, aprovechando que muchas afectadas no se percibían como víctimas debido a la coacción psicológica.

Este sistema generaba ingresos ilícitos superiores a los $106 millones de pesos mensuales, con un promedio de más de un millón de pesos por cada mujer explotada. Se estima que durante sus 16 meses de operación, la estructura criminal obtuvo ganancias totales que superaron los 1.700 millones de pesos, dinero que era estratificado a través de cuentas bancarias nacionales antes de ser enviado al extranjero.