Penas de cumplimiento efectivo, que oscilan entre los seis y siete años de presidio, deberán cumplir siete de los nueve efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) que fueron condenados por delitos de apremios ilegítimos, detenciones ilegales, allanamientos ilegales e infracción a la ley orgánica de su institución, entre otros.