Imputado quedó en prisión preventiva.

La Fiscal Margarita Millares informó que se investigan delitos de lesiones, daños, amenazas y hurto.

La imputada gestionó directamente la contratación del hombre para impartir clases de alfabetización digital, sin tener título ni conocimientos técnicos para ello. Monto del perjuicio es de 8 millones de pesos

El tribunal dio por acreditado que el acusado no curso su enseñanza media en el año que decía el certificado ni en años posteriores, por lo que no cumplía con los requisitos para postular al cargo de consejero regional.

Deberá cumplir la pena de 7 años de cárcel.

Fue sentenciado a una pena de 5 años y un día por robo con intimidación y otros 3 años y un día por el porte ilegal de arma de fuego.

No se descarta que el caso esté vinculado al tráfico de drogas.

El fiscal Sergio Fuentes explicó que ambas instituciones se encuentran analizando los procedimientos realizados en los casos exitosos, con el objetivo de definir un protocolo de actuación para aplicar en todas las investigaciones de este tipo de delitos que ocurren en la zona.

El tribunal de alzada acogió los argumentos del fiscal Alejandro Ríos y rechazó la solicitud presentada por la defensa de Claudio Cancino Vallejos, Cristian Garcés Garcés, Oscar Durán Seguel y Nicolás Hernández Cisterna, quienes fueron condenados a cumplir penas que fluctúan entre 5 y 12 años de presidio.

“De la instancia, se extrajo conclusiones muy importantes acerca de la forma en cómo las Policías y Conaf pueden ejercer sus facultades de fiscalización frente a los incendios”, explicó el abogado Sebastián Trewhela.