Una investigación realizada durante un año por la Fiscalía y la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, permitió la detención de 4 sujetos y el decomiso de 34 kilos de marihuana y más de un millón de pesos.

El ciudadano colombiano detenido ese día y que también presentaba dos impactos de bala, fue dejado en libertad, ya que los antecedentes reunidos hasta el momento no permiten establecer que él haya disparado en contra del occiso.

El acusado junto a otros sujetos, uno de los cuales falleció posteriormente, interceptaron a la víctima que conducía su vehículo, amenazándola con una pistola y agrediéndola para sustraerle 900 mil pesos en efectivo que portaba, entre otras especies.

En el juicio oral se acreditó que el acusado no cursó su enseñanza media, por lo que el certificado que presentó ante el Servel para inscribir su candidadtura era falso y por ende, no cumplía con los requisitos para postular al cargo de consejero regional.

Hecho ocurrió en julio del año pasado, en la esquina de calle El Carmelo con Valle Central, donde el chofer del camión y su ayudante fueron amenazados con un fierro y un cuchillo inicialmente, y luego con una escopeta hechiza para que entregaran las especies.

El tribunal dio por acreditado que el acusado no curso su enseñanza media en el año que decía el certificado ni en años posteriores, por lo que no cumplía con los requisitos para postular al cargo de consejero regional.

Por varios años, el acusado aprovechó que se encontraba solo con la menor en su domicilio para abusar de ella, amenazándola con que la mataría si contaba lo sucedido y asegurándole que nadie le creería.

Hasta el momento son cinco las denuncias recibidas y el objetivo de tales acciones no sería el secuestro de los menores, como había circulado inicialmente en las redes sociales, sino la sustracción de especies desde las casa de los alumnos.

Fiscalía lo acusa por los delitos de uso malicioso de instrumento público falso y perjurio, ya que se le atribuye haber usado un documento falso ideológicamente para acreditar su enseñanza media al momento de inscribirse en el Servicio Electoral como candidato para el cargo regional.

El tribunal de Pozo Almonte los condenó a todos además por el delito de contrabando, y en el caso de los dos militares por el delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida.