El Fiscal Regional, Carlos Palma Guerra, expresó que “la probidad pública se ha transformado en uno de los temas de interés para una comunidad más demandante y exigente en cuanto a la transparencia que deben mostrar las instituciones, sobre todo, en sus procesos internos asociados al manejo de fondos públicos”.

En uno de los casos, ocurrido el 29 de marzo de 2017 aproximadamente a las 13.50 horas, el imputado amenazó a la víctima diciéndole que la iba a matar, abalanzándose sobre ella, empujándola hacia la parte posterior del local, procediendo a realizar en su contra acciones de significación sexual, oponiendo resistencia la afectada.

El Fiscal Regional, Carlos Palma Guerra, expresó en torno a la importancia de este evento, que “la probidad pública se ha transformado en uno de los temas de interés para una comunidad más demandante y exigente en cuanto a la transparencia que deben mostrar las instituciones, sobre todo, en sus procesos internos asociados al manejo de fondos públicos”.

Fiscal subrogante explicó que hay un testigo del hecho, quien escuchó disparos. Diligencias preliminares indican que dos personas estarían involucradas en este caso.

En el juicio, la Fiscalía presentó la declaración de testigos de contexto del hecho, quienes habían estado compartiendo previamente en el lugar, sumado a la declaración de detectives y peritos de la Brigada de Homicidios, el Laboratorio de Criminalística de la PDI, Carabineros y el Servicio Médico Legal.

Expondrán académicos de alto prestigio. Tradicional evento, organizado por la Fiscalía Regional de Aysén, no tiene costo de inscripción para los participantes.

El avalúo de esta droga decomisada en Puerto Cisnes, bordea los 10 millones 620 mil pesos en el mercado ilícito.

Imputado fue condenado a 5 años y un día de presidio. Se había apropiado de diversos artículos de pesca de propiedad de la víctima, entre otras especies que guardó en una maleta y cuyo avalúo bordea los 260 mil pesos.

Se trata de 3 kilos 785 gramos de marihuana prensada y un kilo 50 gramos de clorhidrato de cocaína, alucinógeno avaluado en cerca de 100 millones de pesos.

De acuerdo a lo expuesto por el fiscal Alvaro Sanhueza, el jefe de terreno dejó “a la víctima y la cuadrilla que lo acompañaba, sin la supervisión que el reglamento de seguridad minera y el procedimiento de la propia constructora le ordenaban efectuar”, explicó.