Dos chilenos, que se dedicaban a trasladar a los ciudadanos dominicanos y colombianos desde la frontera hasta Iquique, recibieron la misma pena, que deberán cumplir todos en forma efectiva. La investigación determinó que la dueña de la agencia de viajes ingresó al país clandestinamente a lo menos 83 extranjeros.

En prisión preventiva quedaron los nueve imputados por tráfico ilícito de drogas. El tribunal de Iquique determinó 120 días para la investigación.

El condenado, quien al momento de los hechos conducía con su licencia suspendida producto de otro delito de manejo en estado de ebriedad, no podrá manejar un vehículo nunca más en su vida.

Durante el año 2013, la dueña de una agencia de viajes, junto a otros ciudadanos dominicanos, bolivianos y chilenos, facilitaron el ingreso clandestino de a lo menos 83 extranjeros, principalmente dominicanos y colombianos, por pasos no habilitados de la Región de Tarapacá, a cambio del pago de diversas sumas de dinero.

La hija del alcalde de Alto Hospicio y una funcionaria municipal pagarán en una cuota las 330 Unidades de Fomento (más de $8 millones) que recibieron por el subsidio para una vivienda social obtenido en forma fraudulenta, mientras que los otros tres trabajadores del municipio devolverán el mismo dinero en ocho cuotas.

La Fiscalía está solicitando la pena de 5 años y un día de presidio para el acusado, quien además al momento de los hechos conducía con su licencia suspendida, producto de otro delito de manejo en estado de ebriedad.

Sujeto, que tenía una condena anterior por un robo en lugar habitado, les provocó lesiones leves a ambas víctimas al intentar sustraerles una cartera y una billetera cuando se dirigían a sus domicilios.

Con la presencia del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, la autoridad regional Manuel Guerra, dio a conocer en su cuenta pública los resultados obtenidos por la institución durante el 2014 y los desafíos para el presente año, sobre todo en materia de persecución y atención a víctimas.

Juzgado de Garantía estimó que era posible fijarle al imputado una caución de 2 millones de pesos para que recupere su libertad. Fiscalía apeló en la audiencia, por lo que el sujeto se mantiene en prisión preventiva hasta que su caso no sea resuelto por la Corte de Apelaciones de Iquique.

La víctima, de 82 años de edad y que el momento del deceso pesaba sólo 38 kilos, falleció producto de una desnutrición extrema, pese a que vivía con sus hijos, quienes lo mantenían en un dormitorio de la casa en completo abandono, sin darle comida ni agua, sin asearlo y sin bridarle los cuidados mínimos.