Como parte de su plan de Relaciones Comunitarias, la Fiscalía concretó durante el primer semestre un total de 30 Conversatorios de drogas y delitos sexuales en colegios, con asistencia de 1.250 profesores y alumnos, sumado a 8 reuniones con vecinos y dirigentes sociales y 14 charlas en diversos temas.

Expondrán académicos de la Pontificia Universidad Católica y Universidad Central, sumado a expertos de la Defensoría de la Infancia, Fundación Amparo y Justicia, PDI y Fiscalía.

“El relato que se obtiene es mucho más confiable desde un punto de vista investigativo. Se privilegia que el menor efectúe un relato de carácter abierto”, dijo el fiscal Luis Contreras en relación al proceso de Entrevista Investigativa Videograbada ya operativo en la Región de Aysén.

Imputado quedó con prohibición de acercase a la víctima y su hogar, además de firma mensual en la Fiscalía, mientras se desarrolla la investigación cuyo plazo fue fijado en 90 días.

Detectives incautaron 467 gramos de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo y una balanza. Los tres imputados fueron formalizados hoy y el Juzgado de Garantía decretó la prisión preventiva de dos de los tres imputados.

El imputado, quien registra condenas anteriores por porte de arma cortante, hurto frustrado y maltrato de obra a Carabineros, fue condenado a penas de 5 años y un día y otra de 150 días.

Trabajo conjunto entre PDI Aysén y la Fiscalía, permitió su detención. Tras una audiencia que se extendió hasta cerca de las 21 horas de anoche, el fiscal Luis Contreras solicitó la prisión preventiva del imputado, medida cautelar que fue acogida por el Juzgado de Garantía.

La droga fue avaluada en $684.981 mil y por orden del fiscal de turno, María Inés Núñez, fue entregada a personal de Carabineros.

En el marco de las diversas investigaciones penales que se desarrollan en la región. “Es necesario mejorar la persecución penal y para eso las relaciones interinstitucionales son fundamentales”, dijo el Fiscal Regional, Carlos Palma.

Algunos de los temas analizados incluyeron las criptomonedas y lavado de activos, el reconocimiento facial, ciberseguridad industrial, hacking ético, delitos informáticos y el bien jurídico protegido, entre otros.