La Fiscalía está solicitando para cada uno de los imputados, una pena de 15 años y un día por el delito de robo con intimidación; y cinco años y un día por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones.

Los hechos por los cuales la Fiscalía formuló cargos en su contra e inició la investigación, se registraron en abril de este año en una estación de servicios ubicada en el sector oriente de Rancagua.

El imputado junto a otro sujeto golpearon a su víctima para arrebatarle su cartera.

La actividad de capacitación se enmarca previo al mes de la Patria donde aumenta este tipo de delitos, cuya idea es coordinar las diligencias que deben adoptar los organizmos fiscalizadores ante la presencia de estos ilícitos.

Las detenciones se realizaron a fines de julio del año pasado, gracias a un trabajo de inteligencia de la PDI, y que encabezó el Fiscal adjunto de Rancagua especializado en delitos de drogas.

Se indagará la eventual existencia de fraude al fisco o estafa residual, luego de que informe de la Contraloría diera cuenta de deficiencias estructurales que afectarían la sustentabilidad de esta obra que bordea los 70 mil millones de pesos.

La próxima semana se dará lectura a la sentencia.

La imputada que mantiene una condena vigente por el mismo delito y su pareja, el imputado de nacionalidad colombiana, resultaron con la medida cautelar más gravosa.

El fiscal a cargo de la investigación dispuso del trabajo de la SIP, Labocar y OS9. Se presume que los individuos transmitían imágenes con una microcámara desde el dispensador de dinero hasta un notebook vía bluetooth.

Una de las detenidas, pareja del ciudadano colombiano, registra una condena vigente por el mismo delito.