En la investigación, realizada junto a un equipo mixto de Bicrim y BIRO de la PDI, fueron claves las publicaciones en redes sociales y chats de conversación de las víctimas de los hechos, las que permitieron posicionar la ocurrencia de los delitos e identificar a los dos jóvenes que cometieron la mayoría de los ilícitos.

La banda cometió dos violentos asaltos en febrero y abril de 2020. El clan era integrado por tres mujeres, cuyo papel era “marcar” y facilitar el seguimiento de las posibles víctimas. Uno de los robos culminó en un homicidio.

Los hechos ocurrieron entre 2013 y 2019, cuando la víctima era menor de edad y también en su paso a la adolescencia. Aprovechándose de la vulnerabilidad de la niña, los acusados pagaron en dinero, especies y drogas actos de connotación sexual.

El objetivo de las reuniones es mejorar la coordinación con las nuevas autoridades comunales y establecer canales de cooperación en materia de seguridad y persecución penal, además del apoyo a las víctimas de hechos violentos.

La investigación se centra ahora en el líder de la banda que comercializaba la droga en distintos puntos de la Región Metropolitana. En contra del sujeto, quien mantenía como lugar de acopio un domicilio en Quintero, el Fiscal Contreras solicitó una orden de detención.

Una nota sobre el robo ocurrido en agosto de 2014 en el Aeropuerto de Santiago difundió el sábado 14 el área de Reportajes de TVN.

El Fiscal Nelson Cajas decidió seguir adelante e ir a Juicio Oral, pese a que la víctima está prófugo, con orden de detención vigente, y es investigado también por un delito de homicidio. En su alegato, el persecutor indicó que en estos casos es donde el Ministerio Público debe precisamente realizar su cometido, la persecución penal, con más fuerza y ahínco.

El Juzgado de Garantía de San Bernardo fijó el 06 de septiembre como fecha para la audiencia de preparación de Juicio Oral. En la instancia se revisará, además, las solicitudes de reapertura de investigación ingresadas por el CDE y la defensa del exoficial.

En la audiencia de formalización, la Fiscal mencionó que el sujeto ya había amenazado a la víctima con anterioridad, insultándola en la vía pública y aludiendo a su orientación sexual. Por ello, presentó como agravante el art. 12 N° 21 del Código Penal, que penaliza a quienes cometen delitos motivados por la raza, etnia, edad, género u orientación sexual de la víctima.