Tras el rechazo de la Corte Suprema al recurso de nulidad interpuesto por la defensa, conocido el viernes 13 de febrero, quedó a firme la sentencia obtenida por el Fiscal Adjunto de Maipú-Cerrillos, Marcelo Duque en una investigación por un robo con violencia ocurrido en agosto de 2023 en una plaza de Maipú.

La víctima, quien en ese entonces era menor edad (16), y se encontraba junto a su polola (15), también menor edad, estaban sentados en una banca del Parque Pajaritos, en uniforme escolar y portando sus mochilas. En ese momento, fueron abordados por el acusado, Rafael Aguilar Maulén (36), quien amenazándolos con un cuchillo los conminó a entregar sus pertenencias. Al oponer resistencia, el menor fue agredido con el arma blanca en distintas partes del cuerpo, incluyendo rostro, brazo y abdomen. El imputado luego huyó del lugar, sin concretar la sustracción y dejando herido al adolescente.

Tras la denuncia de la víctima, fue aprehendido horas por Carabineros en un sitio eriazo, ubicado a 400 metros del lugar de los hechos, y gracias a la descripción de las características físicas y vestimentas entregadas por ambas víctimas.

En el lugar de su detención se encontró un cuchillo.

Sin embargo, al ser pasado a control, el Tribunal declaró ilegal su detención, al no ser existir en ese momento antecedentes que acreditaran su participación -únicamente las fotografías mostradas en el celular a las víctimas por Carabineros, mientras eran atendidas en un centro asistencial-, y por no existir instrucciones por parte de la Fiscalía relativas a las diligencias desplegadas por los funcionarios policiales. A raíz de la declaración de ilegalidad, durante casi todo el transcurso de la investigación, el imputado permaneció en libertad. Eso, hasta el día 17 de octubre de 2025, tras despacharse una orden de detención en su contra y quedar en prisión preventiva.

Pese a lo anterior, en el juicio oral efectuado el 05 de diciembre de 2025, el acusado fue condenado a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio como autor del delito consumado de robo tentado con violencia.

En su determinación, el Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago, acogió favorablemente la tesis de la Fiscalía, esto es, considerar como agravante lo señalado en el artículo 12 N° 22 del Código Penal, por haber cometido el delito contra víctimas menores de 18 años.

La resolución se determinó por voto de mayoría, estimando el voto disidente que correspondía la absolución del imputado por vulneración de garantías. Bajo dicho supuesto, la defensa recurrió a la Corte Suprema, interponiendo un recurso de nulidad, aduciendo la supuesta vulneración de derechos del acusado y una supuesta infracción de garantías en la obtención de las pruebas que permitieron su reconocimiento y detención.

No obstante, el recurso fue rechazado por el máximo Tribunal, reafirmando la tesis sostenida por el Ministerio Público respecto a que no hubo vulneración de derechos en la obtención de la prueba. En su dictamen, la Corte Suprema indica que los funcionarios policiales actuaron en ejercicio de sus atribuciones, y bajo la hipótesis de flagrancia, atendidas las circunstancias en que se desarrolló el procedimiento y, teniendo especialmente en consideración, "la sindicación clara y detallada de vestimentas y características físicas aportadas por los afectados, sumado a la indicación del lugar hacia donde huyó el sujeto que los abordó, permitiendo así la detención en un tiempo inmediato del acusado".