Solo en los últimos 28 meses, se han incautado en la región un total de 80 toneladas de drogas, consolidando este tipo de caso policial en uno de los más críticos en la zona. De hecho, solo esta semana se reportó la incautación de 2,4 toneladas de cannabis que viajaban ocultas en un camión, y con un avalúo de $12.111 millones.

En ese sentido, los últimos datos publicados por el CEAD reflejan un incremento en los delitos asociados a drogas. En total, en 2025 se registraron 813 casos, un 8,7% más que en el 2024, siendo el tráfico de sustancias el que tuvo un mayor el alza: 13,3% al comparar ambos períodos.

En efecto, el fiscal regional, Juan Castro Bekios, explicó que, si bien el número de casos vinculados a tráfico de drogas se mantuvo más o menos estable durante 2025, lo sorprendente fue el volumen de drogas incautado, que superó récords históricos, con casi 39 toneladas de estupefacientes recuperados.

“Eso nos permite inferir que nos estamos enfrentando a organizaciones criminales más importantes, que son capaces de movilizar mayores volúmenes de drogas buscando rentabilizar este negocio ilícito”, comenta el persecutor.

El persecutor señaló que las organizaciones criminales que operan en la región han ido evolucionando y escalando en sofisticación y preparación, tanto así que hoy es usual encontrar internaciones de drogas en vehículos de carga, uso de aparatos de comunicación, vigilancia, protección y otros medios logísticos. Para Castro Bekios, lo anterior demuestra que son grandes organizaciones criminales. Por esto, manifestó que la tarea del Ministerio Público en la región “es seguir siendo tremendamente efectivos en la detección de estas bandas y de estos enormes cargamentos, como lo hemos sido hasta ahora”.

Al respecto, el fiscal recuerda que en los últimos dos años investigaciones lideradas por la Fiscalía de Antofagasta permitieron llevar a juicio y condenar a 838 personas por delitos de la Ley 20.000, obteniendo para ellos penas que, sumadas, superan los 4.400 años de presidio, lo que demuestra un potente trabajo también en la dimensión de las sanciones penales a quienes participan en estos hechos.

FISCALIZACIÓN

Mientras, para el seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy, “el incremento se debe principalmente a la mayor fiscalización y control de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile, e incluso de la autoridad marítima en la zona costera, en la detección de consumos que se producen en lugares públicos como plazas, calles y playas”.

“Por otro lado, la fiscalización enfocada en el macrotráfico —realizada fundamentalmente por la PDI, Carabineros y el Servicio Nacional de Aduanas en la zona fronteriza— se ha traducido en una mayor incautación de droga y un mayor número de procedimientos policiales, lo que explica este crecimiento permanente”, indicó el seremi.

En ese sentido, explicó que, en base a lo observado el año pasado, “y que permitió duplicar la droga incautada respecto al año 2024, se traduce principalmente en la efectividad de las dos líneas de contención. La primera línea la componen las fronteras, con los retenes fronterizos de Carabineros y el trabajo de Aduanas y la Policía de Investigaciones en los controles fronterizos habilitados. Estas labores han derivado en las grandes incautaciones registradas”.

“Los otros decomisos de importancia derivan del trabajo de la segunda línea de fiscalización y control carretero que realiza Carabineros y, ahora también, la PDI a través de la detección de vehículos sospechosos”.

LOS DESAFÍOS

El diputado Jaime Araya (ind. - PPD) sostuvo que el conjunto de los datos, asociados a narcotráfico en la región, “permiten fijar que han aumentado los decomisos y las detenciones, y eso implica una respuesta muy importante de la Fiscalía, de Carabineros y de la PDI, en el ámbito de la persecución. Y hay que sumar a ello las tareas del seremi de Seguridad, de las delegaciones, Gobierno Regional y municipios, en el ámbito de la cooperación y coordinación interinstitucional, que son claves para fortalecer las capacidades del Estado”.

Por lo anterior, el parlamentario subrayó que “aumentar la tecnovigilancia es desafío inmediato, además de fortalecer las unidades investigativas que persiguen el lavado de activos, con mayor dotación y mayores recursos, además de estandarizar las fiscalizaciones del SII, municipios, aduanas, etcétera, para impedir el desarrollo de nuevos mercados donde se lave dinero en la región”.

Mientras, la diputada electa, Marcela Hernando (PR), argumentó que el aumento muestra “un cambio de escala del problema, no solo de una variación estadística”. Sostiene que “existe un comportamiento de desplazamiento entre tipos de delitos, los delincuentes no desaparecen, más bien se reubican hacia negocios más rentables y violentos, como las drogas y las armas”.

“El gran desafío es evitar que esta realidad termine normalizándose en nuestros barrios”, recalcó la también exministra. 

Similar opinión expresó el diputado Sebastián Videla (ind. - PL), y acota que “necesitamos una estrategia integral: más inteligencia policial y persecución efectiva a las bandas, pero también una fuerte inversión en prevención, recuperación de espacios y programas reales de rehabilitación”.

*Nota publicada en El Mercurio de Antofagasta