Sala de PrensaNoticias

18/06/2015

Condenan a 5 años de libertad vigilada a Natalia Ciuffardi por el delito de lavado de dinero cometido en Honduras

Asimismo, la Justicia ordenó, a petición de la Fiscalía Nacional (UCIEX), el comiso definitivo de todos los bienes que Ciuffardi adquirió en Chile y en Honduras, los que serán rematados para transferir internacionalmente los dineros a Honduras por conducto diplomático.

Fiscalía Nacional lideró proceso de juzgamiento de Ciuffardi

A 5 años de libertad vigilada fue condenada la chilena Natalia Ciuffardi, luego de enfrentar un proceso de extradición por el delito de lavado de dinero cometido en Honduras. La mujer, junto a su pareja Mario Zelaya, ex director del Instituto de Seguridad Social de Honduras, protagonizaron el escándalo de corrupción más grande registrado en la historia de ese país, luego que en forma sistemática lavaran dinero proveniente de ese servicio, defraudando al fisco en más de 100 millones de dólares.

La justicia hondureña solicitó la extradición de Ciuffardi en enero de 2015, la que fue concedida por la Corte Suprema chilena, disponiendo que fuera juzgada en Chile por los delitos cometidos en el país centroamericano considerando su nacionalidad chilena. Esto se llevó a cabo a través de un juicio abreviado desarrollado este jueves en el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, instancia que determinó además de la condena, el comiso de todos los bienes raíces y vehículos que Ciuffardi había adquirido en Chile y en Honduras con los dineros defraudados en ese país, los que serán rematados para luego transferir internacionalmente a ese país los dineros que se obtengan, por conducto diplomático, a través de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional (UCIEX).

Los bienes adquiridos por Ciuffardi en Chile y en Honduras están avaluados en más de 1 millón de dólares.

Se estima que los delitos cometidos por Zelaya y Ciuffardi afectaron a más de 2 millones de ciudadanos hondureños que dejaron de recibir prestaciones de salud, producto de la defraudación.

El Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, asumió la representación legal del Estado hondureño en este caso, ordenando que el director de UCIEX, Eduardo Picand, y el Subdirector de dicha Unidad, Rodrigo Ríos, comparecieran a todas las audiencias que se desarrollaron tanto en el juicio de extradición tramitado en la Corte Suprema, como en el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, solicitando en representación de Honduras la prisión preventiva de la imputada y el comiso definitivo de todos los bienes adquiridos por ella en Chile y en Honduras, a fin de lograr la restitución de esos dineros a dicho país.

El ejercicio de la acción penal pública en el caso estuvo a cargo del Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes.