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Abbott: “Tener que condenar a un adolescente es un fracaso del Estado, del que formamos parte”

En el marco del seminario “10 años de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente,” Jorge Abbott, manifestó que la normativa legal requiere adecuaciones para reducir la prevalencia y de la reincidencia de menores de edad en delitos de alta connotación social.

Seminario "10 años de vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente: Estado actual y desafíos"

Seminario "10 años de vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente: Estado actual y desafíos"

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, calificó hoy como un "fracaso del Estado" cada vez que un menor de edad es condenado en Chile. Durante su discurso inaugural en el Seminario "10 años de vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente: Estado actual y desafíos", organizado por el Ministerio Público, la autoridad manifestó la inquietud institucional por las debilidades de la normativa legal para resolver en forma más adecuada los conflictos penales que involucran a menores de edad.

"El Ministerio Público no queda indiferente luego de la condena de un menor. Al contrario, nos indigna, porque tener que condenar a un adolescente es un fracaso del Estado, del que el Ministerio Público forma parte. Un fracaso en las tareas de prevención, en cómo estamos mirando a los jóvenes en su formación, en aquello que los llevan a vincularse con los delitos", afirmó Abbott.

En la actividad, en la que además expusieron los senadores Alberto Espina y Felipe Harboe, el Fiscal Nacional hizo un llamado a la cooperación entre instituciones. "Es urgente colaborar, y no sólo desde el Estado, también es necesario comprometer a toda la sociedad en su conjunto para mejorar las respuestas que damos frente a los conflictos de relevancia penal en los que se ven involucrados niñas, niños y adolescentes", dijo.

Abbott detalló que aunque ha disminuido el ingreso al sistema de justicia de jóvenes entre 14 y 17 años, desde la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescentes (RPA) en 2008, en el mismo lapso aumentado el número de delitos que cometen.

"Esto nos muestra que el sistema en sí mismo no ha sido capaz hasta ahora de intervenir adecuadamente. El Estado no ha sido capaz de enfrentar un fenómeno que es preocupante", advirtió. En ese contexto, sostuvo que el foco debiera ponerse en reducir la prevalencia y la reincidencia de menores de edad en delitos de alta connotación social.

El director de la Unidad Especializada en RPA de la Fiscalía Nacional, Rolando Melo, agregó que los sistemas de prevención y juzgamiento debieran tender a la especialización profesional, con actuaciones estatales respetuosas de los derechos, de manera que ataquen directamente los factores de riesgo y que cuenten con intervinientes distintos de los que participan en casos de adultos.

"El objetivo común de los actores debe ser que el adolescente deje de cometer delitos. No sólo condenar o absolver, dependiendo del escritorio en que nos encontremos en una sala de audiencias. Con ese propósito, la Fiscalía se ha abierto a un enfoque de soluciones alternativas, como por ejemplo, la mediación penal juvenil o el acceso a Tribunales de Tratamiento de Drogas", explicó Melo.

Desafuero Moreira

En otro ámbito, Abbott manifestó que el Ministerio Público está satisfecho con la decisión de la Corte Suprema respecto del desafuero del senador Iván Moreira, investigado por la Fiscalía en el marco del caso Penta, sobre presunto financiamiento ilegal de campañas políticas.

"La Corte Suprema rechazó la apelación del senador. El voto de mayoría de los ministros ha establecido que hay antecedentes serios y graves para seguir adelante con la investigación y luego con la formulación de cargos en su contra", afirmó.

Asimismo, frente a algunos cuestionamientos respecto de que el Ministerio Público podría estar "frenando" algunas de las investigaciones, sostuvo que la Fiscalía cuenta con avances sustanciales.

"En las investigaciones relativas a Penta, SQM y Corpesca hoy tenemos 174 personas formalizadas, de las cuales 47 están acusadas, ocho condenadas y tres parlamentarios han sido desaforados. En consecuencia, las investigaciones han avanzado y particularmente lo han hecho en los casos en que el Servicio de Impuestos Internos ha presentado la denuncia o la querella que habilita al Ministerio Público para seguir adelante con estas investigaciones", afirmó.

 

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