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Ministerio Público suscribe declaración de Mercosur que repudia y califica de ilegal la destitución de la Fiscal General de Venezuela

Máximos representantes de las fiscalías del bloque acusan atentado a la autonomía e independencia del Ministerio Publico venezolano y piden a la comunidad internacional medidas inmediatas para recomponer el orden constitucional.

Fiscal Nacional, Jorge Abbott

Fiscal Nacional, Jorge Abbott

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, suscribió la declaración emitida por los países miembros y Estados asociados a Mercosur, emitida ayer en Brasilia, en la que "repudian vehementemente" la destitución de la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ocurrida el sábado 5 de agosto en Caracas.

Los máximos representantes de los Ministerios Públicos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay (miembros plenos del bloque), junto a los países asociados Chile y Perú, emitieron un documento que califica de ilegal la destitución y advierte que se esta provocando un daño profundo al Estado de Derecho, "en especial en su faceta de administración de justicia, que afecta de manera directa a todos los habitantes de Venezuela, en tanto no tienen una institucionalidad autónoma e independiente que defienda los derechos fundamentales de víctimas e imputados y conduzca investigaciones de manera independiente e imparcial".
Asimismo, piden a la comunidad internacional medidas inmediatas para recomponer el orden constitucional.
El siguiente es el texto completo de la declaración, la que además puede ser descargada al final de esta página:
Ante la ilegal destitución de la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ocurrida el sábado 5 de agosto en Caracas, y considerando la suspensión de Venezuela del Mercosur por violación de la cláusula democrática prevista en el Protocolo de Ushuaia, los Procuradores Generales y Fiscales Generales de los países miembros del Mercosur, aprueban la siguiente declaración:

1. La remoción de la Fiscal General de Venezuela Luisa Ortega, por acto de la asamblea nacional constituyente, es un claro atentado a la autonomía e independencia del Ministerio Público venezolano.
2. Los Ministerios Públicos de los Estados Parte y Asociados del Mercosur no reconocen la autoridad de una institución encabezada por autoridades ilegal y arbitrariamente designadas.

3. La destitución de la Fiscal General de Venezuela representa una violación de la regla 4 de los Principios rectores relativos a la Función de los Magistrados del Ministerio Público, según la cual "Los Estados deberán asegurar que los magistrados del Ministerio Público puedan desempeñar sus funciones profesionales sin ninguna intimidación , obstáculo, coacción, interferencia indebida o exposición injustificada a la responsabilidad civil, penal o de otra naturaleza "(Reglas de las Naciones Unidas aprobadas en La Habana, en 1990).

4. Con ese ilegal acto, se provoca un daño profundo al Estado de Derecho en especial en su faceta de administración de justicia, que afecta de manera directa a todos los habitantes de Venezuela, en tanto no tienen una institucionalidad autónoma e independiente que defienda los derechos fundamentales de víctimas e imputados y conduzca investigaciones de manera independiente e imparcial.

5. Se informa que la Asamblea Nacional Constituyente pretende alterar el sistema acusatorio y suprimir las competencias del Ministerio Público venezolano.
6. El cerco militar al edificio de la Fiscalía General venezolana ocurrido este sábado es sólo el signo visible de este ataque a la autonomía de la institución, ataque que se agravó con el derrocamiento de la legítima jefa del Ministerio Público venezolano.
7. Por tales razones, los jefes de los Ministerios Públicos de los Estados Partes y 
Asociados del Mercosur repudian vehemente la destitución de la Fiscal General de Venezuela y piden a la comunidad internacional la adopción de medidas inmediatas para promover la recomposición del orden constitucional en la República Bolivariana de Venezuela y garantizar seguridad, libertad e integridad física de fiscales, jueces y funcionarios del sistema de justicia de ese país.

8. Declaran además que permanecerán atentos al desarrollo de los eventos en Venezuela y preocupados por el pleno respeto de los derechos y garantías del pueblo venezolano.

 
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