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Cuenta Pública 2012

Cuenta Pública 2012

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Introducción 2012
I.- ALCANCES GENERALES
II.- LA ESTRATEGIA DE PERSECUCIÓN PENAL
III.- AJUSTES PARA EL 2012
IV.- MODIFICACIONES LEGALES
V.- PALABRAS FINALES
Anexos: Balance por Unidades y Divisiones

Introducción 2012

Al igual que el año pasado, me es muy grato informales que esta actividad está siendo transmitida on line, en nuestra página web http://www.fiscaliadechile.cl, por lo cual la comunidad en su conjunto podrá acceder en directo a esta Quinta Cuenta Pública, que se produce en la mitad de mi periodo como Fiscal Nacional.
Asimismo.

I.- ALCANCES GENERALES.

a) Estadísticas Relevantes.

El 2011 marcamos nuestro punto más alto en ingresos, desde el inicio de la Reforma Procesal Penal, alcanzando casi un millón 400 mil causas, con prácticamente la misma dotación de hace más de una década. Los equipos de fiscales y funcionarios del Ministerio Público aumentaron las audiencias de control de detención en un 15,2%.

Recibimos un incremento de un 10,6% denuncias más en comparación al año anterior, es decir, hubo 361 denuncias más por día.

El promedio de ingresos de cada fiscal es de 2.131, número muy superior al que se proyectó cuando fue diseñado el nuevo sistema de justicia estimado en 1250 casos, al año por persecutor. Hoy esa cifra se ha prácticamente duplicado.

Además, los fiscales adjuntos del país, estuvieron presentes y asumieron 368.345 audiencias, en los distintos tribunales, esto es, aproximadamente, 1000 audiencias por día. De ellas, hubo 235.176 audiencias de control de detención, en las cuales fueron presentadas un total de 255.821 personas detenidas.

Del total de casos terminados el 2011, que registraban una formalización, los términos judiciales aplicados corresponden aproximadamente al 90%. En particular, las sentencias condenatorias y las suspensiones representan un 80% de los motivos de términos en este segmento.

En lo relativo al Archivo Provisional, hemos observado que, durante 2011, el 46% del total de las causas terminadas corresponden a archivo provisional, mientras que el año 2010 representó un 45,8%, es decir, fuimos capaces de mantener una tasa de archivos prácticamente invariable en relación al período anterior, a pesar de los incrementos sostenidos de ingresos, y del aumento de causas complejas y de alto impacto. Sobre este último punto, solo referir los llamados casos Shoa, La Polar, Trata de Inmigrantes Paraguayos y la persecución frontal a la delincuencia de cuello blanco, que especialmente el 2011 y usando diversas artimañas, perjudicó a miles de consumidores. Lo hemos sostenido de manera clara y precisa: la Fiscalía de Chile va a perseguir con celo no sólo los delitos violentos, sino también los delitos de cuello y corbata, que en la población producen no solo un perjuicio económico, sino que además un alto nivel de frustración frente a su impunidad. Los ciudadanos se ven defraudados en sus expectativas cuando se escamotean sus derechos, por un fraude, un cohecho o una estafa. Si no se persiguen eficientemente estos delitos se, genera la sensación de que la justicia ampara a los poderosos y se pierde la confianza en el sistema de justicia y sus organismos. La Fiscalía de Chile busca y trata de hacer justicia para todos, cautelando los principios sobre los cuales se sustenta el Estado Social y Democrático de Derecho, y resguardando los derechos fundamentales de las personas.

b) Indicadores sensibles

En este punto, quisiera llamar la atención, sobre algunas cifras:

Durante el 2011 hubo un aumento, tanto en las salidas no judiciales en general de un 57,5 % a un 58,1%, como en la aplicación del archivo provisional, como recién señalé. Si bien se trata de incrementos en ambas salidas que se explican en parte por el aumento sostenido en el número de ingresos, en materia de juicios orales tuvimos una disminución en el número de condenas conseguidas en este tipo de audiencias, bajando de los 8.502 en 2010, a 7.191 en 2011, lo que no nos deja indiferentes.

Sin embargo, resulta ineludible para este Fiscal Nacional, constatar algunos aspectos de Política Criminal.

Durante el año 2011, se incrementó el número de delitos en el país, lo que se reflejó en diversos instrumentos de medición tales como encuestas de victimización y registro de denuncias. De igual forma, el tema de la delincuencia se empinó en las encuestas por sobre otros muchos indicadores, dentro de las mayores preocupaciones de los chilenos. La intervención de las fiscalías frente al fenómeno delictual es posterior a la comisión de los delitos: el Ministerio Público investiga y busca condena una vez que éstos se han producido. Técnicamente nos preocupa, tanto como dicha alza, el importante número de delitos consumados sin imputado conocido. Ello importa revisar las políticas públicas orientadas a la prevención del delito, en especial la gestión policial y la participación comunitaria en estrategias preventivas. Es un avance importante la decisión tomada por el Ejecutivo en Octubre del año pasado, en términos del llamado a licitación para la medición de impacto del Plan Cuadrante, lo que entendemos, permitirá en el mediano plazo ir incorporando correctivos a dicha estrategia antidelictual. Por otro lado, estimamos técnicamente, que deben intensificarse los esfuerzos por promover una participación ciudadana más activa en términos de prevención. En tal sentido, si bien conocer experiencias positivas implementadas por otros países podría servir de base a ciertas estrategias nacionales, lo cierto es que ninguna política exitosa en materia de seguridad ciudadana ha dado resultados ciertamente efectivos, sino sólo aquéllas que han supuesto una participación ciudadana activa en su génesis e implementación.

En relación con ello, durante el presente año, advirtiendo los preocupantes índices delictivos en la Región de Tarapacá, que coincidían con una muy grave carencia de fiscales, dispuse el redestino voluntario de 9 fiscales desde otras zonas del país hacia dicha región. Dicha medida, que significa un enorme sacrificio institucional, pero particularmente personal para la vida de los fiscales redestinados, la entendemos como parte del compromiso del Ministerio Público con el esfuerzo nacional para enfrentar el delito en nuestro país y demuestra una vez más que debemos entendernos como una institución nacional y solidaria.

II.- LA ESTRATEGIA DE PERSECUCIÓN PENAL

La persecución criminal opera, como he señalado, principalmente una vez cometido el delito, y la política para realizarla primordialmente corresponde al Ministerio Público. Como institución se la ha definido a través de los criterios generales de actuación contenidos en instructivos del Fiscal Nacional, disponibles al público en general, a través de nuestra página web, y por medio de las instrucciones que dentro del marco normativo fijado por el Nacional, dan los Fiscales Regionales, para sus respectivas Zonas.

La Fiscalía de Chile, como política de persecución general, pone especial énfasis y preocupación a los fenómenos delictuales como el tráfico de drogas, la violencia intrafamiliar, el crimen organizado, la corrupción y los delitos sexuales. Quisiera destacar que, en estos últimos las víctimas se encuentran en especial vulnerabilidad, sobre todo los menores de edad, quienes requieren un esfuerzo extra de nuestros fiscales y funcionarios. Por ello, se ha diseñado una serie de acciones que nos han permitido mejorar estas investigaciones, procurando generar una verdadera alianza real y estratégica con las víctimas y su entorno.

a) En relación con las víctimas

El 2011 se atendieron 67.296 víctimas y testigos, de los 171.656 que declararon o denunciaron directamente. Y podemos decir que hasta el año 2011 se multiplicó por 10 el número de víctimas y testigos que declararon o denunciaron en fiscalías y que recibieron los servicios de orientación, protección y apoyo.

Aprovecho la oportunidad para agradecer la presencia en este acto de algunas víctimas o sus familiares, que se encuentran en este salón. Ojalá no hubiesen tenido que recurrir a nosotros, pero su ejemplo de entereza y fuerza, nos refuerza en nuestro trabajo y vocación profesional.

Aquí, reitero el llamado a todos –víctimas y testigos- a colaborar en las investigaciones y juicios, pese a que estamos conscientes y entendemos el desgaste y carga emocional que implica muchas veces, en especial a las víctimas, participar en el proceso penal. Pero debemos ser claros: sin la participación de ellos, la posibilidad de lograr una condena se aleja y, en ocasiones, se hace inalcanzable.

b) Delitos Sexuales

En el sentido recién aludido, se han emprendido diversas iniciativas para evitar que las víctimas pasen por nuevas experiencias traumáticas, producto de algunas declaraciones y/o pericias. Hemos elaborado documentos de notable importancia: una Guía de entrevista investigativa de delitos sexuales, la Guía de primeras actuaciones y la de Examen Sexológico Forense. Y esperamos que estén siendo aplicadas a la brevedad en todo el país.

Entre los delitos sexuales, nos preocupa significativamente la prostitución infantil. Hoy tenemos una gran cantidad de niños y niñas inmersos en un mercado sexual ilícito y en una situación de alarmante indefensión, pues lamentablemente pertenecen a familias con bajo nivel de ingreso, precaria situación de escolaridad y red de apoyo familiar casi inexistente. Por ello, elaboramos un proyecto denominado ESCNNA, a través del cual se identificaron focos de comercio sexual infantil en tres regiones que sirvieron como piloto, luego se evaluó esa experiencia, y, finalmente, se elaboró una Guía investigativa de buenas prácticas, cuya aplicación a nivel nacional, será analizada en el presente año.

Simultáneamente, estamos empeñados en aumentar la cantidad de imputados que llevamos a juicio en delitos sexuales. Durante 2011 se realizaron más de 1.000 juicios orales, entre los que se encuentran: el Caso "Cura de Melipilla", cuya sentencia condenó al acusado a una pena superior a los 10 años de privación de libertad; el Caso "Operación Europa", condenando a más de 15 años de privación de libertad al integrante de una red internacional dedicada a la producción, distribución y almacenamiento de material pornográfico; el Caso "Boylover", en que se condenó a dos acusados integrantes de una red internacional de pederastas como autores de delitos de abuso sexual y almacenamiento de material pornográfico infantil; y los Casos de la estudiante de Antofagasta "Cecilia Julio" y del "Psicópata de Placilla", donde logramos pena de presidio perpetuo calificado para los acusados.

c) Tráfico Ilícito De Drogas

El tráfico ilícito de drogas siempre ha constituido uno de los ejes fundamentales de nuestra política de persecución penal. Pero necesitamos la cooperación de todos los actores de la sociedad civil para avanzar en esta materia. Por ello, hemos diseñado estrategias conjuntas con el Ministerio del Interior, Carabineros de Chile, y la Policía de Investigaciones de Chile, mediante la suscripción de convenios que permitieron la implementación de programas focalizados para combatir tanto el microtráfico, como el narcotráfico. Dicho convenio fijó como meta a nivel nacional, realizar 18 formalizaciones por el delito de asociación ilícita para el tráfico de drogas y 145 procedimientos focalizados contra el microtráfico. Puedo decir con satisfacción que ambas metas fueron cumplidas.

Asimismo, se incautaron por las policías y la Fiscalía alrededor de 2 toneladas de clorhidrato de cocaína, 4.700 kilos de pasta base de cocaína, 10.500 kilos de marihuana y 13.300 kilos de plantas de marihuana. Se llevaron exitosamente, investigaciones complejas, como la llevada a cabo por la Fiscalía Occidente, en contra de la organización criminal, conocida como "Los Guatones" donde, a fines del año 2011, se obtuvo sentencia condenatoria por el delito de asociación ilícita para el narcotráfico, en contra de 8 imputados, cuyas penas fluctuaron entre los 5 años y un día, a los 10 años y un día de privación de libertad.

En este combate al tráfico de drogas, debemos perseguir de igual manera y en forma decidida las sustancias que ilícitamente se utilizan para la elaboración de la droga, como por ejemplo, la efedrina, que se denominan precursores químicos. En ese sentido, participamos en distintas instancias de trabajo nacionales e internacionales, dando un nuevo énfasis a estas investigaciones. Ello nos ha permitido aumentar el total histórico de las sentencias por este delito, las que ascienden a 30 sentencias condenatorias y ninguna absolutoria. Sin duda, es un logro destacable para el actual proceso acusatorio, sobre todo, si se tiene a la vista que en la vigencia del sistema del antiguo Código de Procedimiento, sólo se registraron 2 condenas por este delito.

d) Delitos De Cuello y Corbata o Cuello Blanco.

En otro ámbito, hemos dicho reiteradamente que hay que perseguir con igual dedicación no sólo los delitos violentos, sino también los delitos de cuello y corbata, que los penalistas llaman de cuello blanco. El año 2011 se desplegó un importante trabajo investigativo que derivó en la judicialización de casos de alto impacto y gran trascendencia social, como el denominado caso la Polar, por delitos tipificados en la ley de mercado de valores y de bancos y por lavado de dinero, donde la fiscalía formalizó la investigación por uno de los fraudes y escándalos financieros más grandes de nuestra historia criminal; y el caso farmacias, que se tradujo en una de las primeras investigaciones, en el ámbito penal de graves atentados contra la libre competencia, que afectaron a una gran cantidad de personas en un giro comercial de primera necesidad.

En la misma línea, en 2011 se implementó en todo el país el denominado plan chatarra, diseñado para enfrentar de manera eficiente e integral el robo y comercialización de cables de cobre al nivel nacional, lo que permitió la disminución de este tipo de delitos en aproximadamente un 30%.

En lavado de dinero o activos destaca la judicialización de los casos fragatas, caso muebles en Iquique y caso Hualpén. En su conjunto fueron formalizadas 11 investigaciones por el delito de lavado de dinero, lo que representa un incremento del 38% respecto del año anterior. Hubo 18 sentencias definitivas por el delito de lavado de dinero, 17 de ellas condenatorias, lo que representa un aumento del 70% en las condenas respecto del año 2010. Se produjo también un aumento significativo de un 118% en el número de personas condenadas, lo que nos ha permitido sacar de circulación un monto mayor a 1400 millones de pesos, mediante el decomiso de importantes recursos de origen ilícito, derivado de importantes investigaciones, como los Gaete y el caso Martillo, en los que también destaco el importante comiso de armas de fuego.

En materia de criminalidad organizada, el diseño e implementación del plan de asociación ilícita en delitos diferentes al trafico de drogas, permitió la formalización de más de 12 investigaciones por este delito, desbaratando una serie de organizaciones dedicadas al robo de vehículos y máquinas pesadas (los llamados caso máquinas, la fiscalía Regional Metropolitana Occidente por asociación ilícita para el robo de maquinaria pesada destinada a la construcción y obras viales y, bichos, de la Fiscalía Metropolitana Sur, por asociación ilícita para el robo de camiones.), delitos tributarios y robo de cobre (caso Nolli y cobre V Región) y trata y tráfico de personas (Caso de ciudadanas dominicanas) en los que la fiscalía desbarató y formalizó la investigación contra dos organizaciones dedicadas a la trata de personas y trafico ilícito de migrantes. Respecto de estos últimos delitos, incorporados a nuestro código penal mediante reforma introducida por la Ley 20.507 de abril del 2011, destaca su rápida aplicación por parte de la Fiscalía en los casos de ciudadanos Paraguayos, investigación que se encuentra formalizada, y ciudadanos Pakistaníes que concluyó el 2011, con la dictación de la primera condena en Chile por el delito de tráfico de migrantes del articulo 411 bis del Código Penal.

e) Corrupción.

En lo que corresponde a corrupción quisiera antes que todo insistir en la urgente necesidad de modificar el Código Penal, pues es muy necesario, como lo he dicho antes, equilibrar las penas para que el sistema funcione adecuadamente y acorde a los actuales tiempos.

Consciente que la corrupción trae aparejadas graves consecuencias para la sociedad, tras asumir el cargo de Fiscal Nacional, establecí que uno de los pilares estratégicos de nuestra gestión sería la investigación y sanción de la corrupción constitutiva de delitos. Y pese a su baja incidencia estadística, en orden del 0.1% del ingreso de causas en la Fiscalía, ello no ha sido un impedimento para impartir criterios de actuación especiales en esta materia, que forman parte de la definición de nuestra política de persecución criminal en general. Entre ellos se destacan, la importancia de utilizar medidas intrusivas, previa autorización del juez, para la comprobación del delito, como el levantamiento del secreto bancario. Asimismo, considerando la trascendencia de los bienes jurídicos protegidos por estos delitos, se restringió la eventual aplicación del archivo provisional, la suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio.

Finalmente, en esta clase de ilícitos resulta fundamental la coordinación interinstitucional, no tan sólo con el organismo o servicio público afectado con el delito de corrupción, sino que con las policías, a quienes les solicitamos la constitución de equipos policiales que nos permitan abordar de forma multidisciplinaria estas investigaciones, y con organismos ligados a la lucha contra la corrupción como la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado.

Con ambas instituciones, desde hace dos años a la fecha estamos trabajando en un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que nos permita intercambiar de manera oportuna y en línea la información de nuestras bases de datos, con el consiguiente ahorro de tiempo, eliminación de oficios y protección en la reserva de investigaciones. Este proyecto tripartito contempla la creación de un Portal o sitio web para que los ciudadanos accedan a información sobre acciones realizadas por las tres instituciones en la lucha contra la corrupción.

Asimismo, la fiscalía participa activamente en los diversos foros internacionales anticorrupción coordinados por la Cancillería chilena, aportando estadísticas y los conocimientos de los profesionales y fiscales de la institución. Precisamente, en uno de ellos, vinculado a la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, y en el contexto de la evaluación que se realizó a Chile en 2010 y 2011, nos resulta interesante destacar una de las conclusiones de los examinadores. Se indica que Chile cumple en gran parte con los requisitos de la citada convención, pero sugieren algunas medidas que a su juicio "contribuirían a fortalecer el régimen jurídico vigente". Entre ellas está el "apoyar el plan de fortalecimiento de la fiscalía que se está llevando a cabo a través de la creación de una fiscalía superregional encargada de delitos de alta complejidad".

Tal como lo hemos planteado en cuentas públicas anteriores, tenemos la convicción que una solución estructural para enfrentar eficazmente el lavado de activos, la corrupción y otras investigaciones complejas, pasa por la aprobación del plan de fortalecimiento del Ministerio Público, en cuanto éste contempla, no sólo el ajuste de la dotación, sino también la creación de una Fiscalía especializada para abordar las investigaciones de Alta Complejidad, que se avocaría preferente, especializada y eficazmente a este tipo de casos.

Seguiremos poniendo nuestros mejores esfuerzos para enfrentar los desafíos que nos presentan las investigaciones de corrupción, porque conociendo la realidad internacional, podemos darnos cuenta que, de no tomarnos en serio este fenómeno, como ya se dijo, se lastima el desarrollo económico y se afectan gravemente valores esenciales de nuestra democracia

f) Violencia Intrafamiliar

La Violencia Intrafamiliar es otro importante fenómeno que es abordado detalladamente en nuestra estrategia de persecución. Durante el año 2011 ingresaron al MP, 134.658 casos, lo que representa casi el 10% del total de ingresos del sistema. Al comparar con el año 2010 hubo un incremento del 14.9%. El porcentaje de judicialización alcanzó un 58,3% (105.723), mientras que el año anterior fue de 56.6% (81.433), lo que representa un aumento de 1,7%, es decir, se lograron 24.296 salidas judiciales más que durante 2010.

El año 2011 se obtuvo la primera condena por el delito de femicidio, que en primera instancia impuso la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo. La sentencia de nulidad de esta misma causa, aunque rebajó la pena a 12 años, representa una resolución relevante, puesto que mantuvo la calificación jurídica de femicidio, en lugar de lesiones como pretendía la defensa.

En este esfuerzo, destaca el perfeccionamiento del registro y alerta informática del delito de femicidio, como el "Manual sobre investigación de Casos de Violencia de Pareja y Femicidios en Chile", elaborado por especialistas españoles y nuestra Unidad Especializada con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La implementación oportuna de medidas de protección es un desafío que como institución nos hemos trazado. Por ello, el contacto con la víctima es prioritario para evaluar el nivel de riesgo que la persona denunciante reporta. Siendo así, durante 2012 se trabajará en los aspectos de coordinación que fueren necesarios para mejorar el contenido de las evaluaciones de riesgo, como también las diligencias mínimas de investigación a efectuarse no sólo en delitos de femicidio, sino además en lesiones, amenazas y maltrato habitual, apoyados en guías prácticas. Consciente de las dificultades para obtener pruebas con que nos enfrentamos al perseguir esta clase de delitos, la Fiscalía realizará nuevas capacitaciones en la elaboración de informes técnicos en la materia, entre otros, a profesionales del SERNAM. De esta manera, se pretende obtener elementos de apoyo que expliquen la situación relacional en que se encuentra la víctima, particularmente si se presenta la retractación de la denuncia.

Atendiendo a la complejidad que acabo de mencionar, se ha previsto que determinadas formas de término como el archivo provisional, no se adopten sin antes indagar sobre la existencia de circunstancias o antecedentes establecidos en el artículo 7 de la Ley Nº 20.066 (tales como drogadicción, alcoholismo o denuncias anteriores).

Todas estas definiciones adoptadas implican que los esfuerzos por perfeccionar la investigación en esta clase de delitos y la protección a la víctima son y serán permanentes.

g) Cooperación Internacional

En materia de cooperación penal mutua, durante el año 2011 se tramitaron 577 requerimientos de asistencia internacional, de los cuales, un 45,8% correspondió a criminalidad compleja.

Por otra parte, el Ministerio Público de Chile gestionó 37 solicitudes de extradición, tanto activas como pasivas. Destaca, al nivel de las extradiciones pasivas, el incremento del número de audiencias ante la Excelentísima Corte Suprema, cuyo aumento fue del 28%, como igualmente el número de medidas cautelares personales obtenidas por la Fiscalía Nacional, que se incrementaron en un 215% en comparación con el año anterior.

El avance del Proyecto de Captura Internacional Activa, permitió en materia de extradiciones activas el logro de importantes resultados, entre otros, la extradición desde Francia, de una imputada por los delitos de corrupción y malversación de caudales públicos; desde Argentina dos imputados, uno por abuso sexual contra menores; y otro por los delitos de Homicidio y Robo con Violación. Por otro lado, en materia de extradiciones pasivas, fue posible la entrega a Francia de Jean Louis Sapene por parricidio; de Marcela Olivares a Estados Unidos por tráfico de drogas; como igualmente tramitar la extradición de chilenos buscados en Europa por hurtos y robos violentos.

La Fiscalía Nacional logró además materializar con éxito el traslado seguro de 52 víctimas paraguayas de Trata de Personas hacia Asunción y luego a Ciudad del Este, el que se hizo mediante viajes diferenciados de menores de edad y víctimas amenazadas, en coordinación permanente con la Fiscalía General de Paraguay.

En materia de Relaciones Internacionales, suscribimos convenios de cooperación interinstitucional con México y Brasil, para la lucha contra el crimen organizado y el intercambio de información criminal. Además, el Ministerio Público, a solicitud de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, asumió el compromiso de colaborar con el fortalecimiento de las fiscalías de Centro América, tanto en sus procesos de reforma al sistema de justicia penal, como en la lucha contra la delincuencia organizada. Desde entonces, fiscales chilenos se han desplazado a Panamá y Guatemala, para capacitar a sus pares centroamericanos, en coordinación con la Red de Fiscales contra el Crimen Organizado en Centro América (REFCO), dependiente de las Naciones Unidas.

Y ayer acabamos de de suscribir Convenios de colaboración en materia de capacitación con Panamá, Perú y en Crimen Organizado con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Asimismo, esperamos en mayo de este año la visita del Vice Fiscal General de China, con quien avanzaremos en nuevos acuerdos.

En junio de 2011 fui honrado al ser elegido Presidente de la Mesa de las Américas, en el marco de la Cuarta Cumbre Mundial de Fiscales Generales, efectuada en Seúl, Corea del Sur, representando la posición de América del Norte, Central y Sur, ante dicho foro permanente.

Asimismo, nos enorgullece que -promovido por la Fiscalía de Chile-, 21 ministerios públicos de Latinoamérica y Europa suscribieron el Protocolo contra la Trata de Personas, en cuyo seno se creó la Red Ibero Americana de Ministerios Públicos contra la Trata de Personas, todo lo anterior, dentro de la II Cumbre Ibero Americana de los Ministerios Públicos contra la Trata de Seres humanos, que organizó la Fiscalía Nacional en septiembre de 2011 en Santiago, con el apoyo de las Naciones Unidas, los departamentos de Estado y Justicia y el Homeland Security de los Estados Unidos.

Por último, el Ministerio Público de Chile siguió cumpliendo sus compromisos internacionales tanto como Secretaría General Permanente de la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos (AIAMP), como asimismo en su rol de Coordinadores del Grupo Especializado contra el Crimen Organizado Transfronterizo de la Reunión de los Ministerios Públicos del MERCOSUR.

III.- AJUSTES PARA EL 2012

a) Generalidades

Como queremos ser una institución de excelencia, confiable, reconocida por la eficacia y eficiencia con la que ejerce la persecución penal pública, nos hemos fijado desafíos exigentes, sin dejar de reconocer las dificultades a las que nos enfrentamos diariamente. Y, si bien hemos dado cuenta de algunos de nuestros avances en la persecución penal, durante el año 2011, nuestra labor, también considera otros ámbitos.

Por ejemplo, inauguramos 7 nuevas fiscalías a lo largo del país: Fiscalías Locales de Antofagasta, Calama, Vallenar y Curicó; y las Fiscalías Regionales de Talca, Concepción y Puerto Montt. Ejecutamos el 98.9% de nuestro presupuesto, capacitamos a 4264 integrantes de nuestra institución, y avanzamos en la calidad para nuestro recurso humano, invirtiendo 100 millones de pesos en actividades de prevención y control de drogas. En el mismo sentido, avanzamos en nuestro sistema de evaluación de desempeño y gestión por competencias y logramos por primera vez, resultados de excelencia en la medición de nuestro clima laboral, lo que nos sitúa al mejor nivel de los organismos públicos y entre los mejores si se compara con el sector privado. Muchas han sido las iniciativas, pero tenemos claro que existen aún innumerables espacios de mejora.

La versión íntegra de los logros, problemas, desarrollo y rendición de cuenta en materia de Recursos Humanos, Gestión Administrativa y Finanzas se encuentra disponible hoy en nuestra página web.

En relación con lo que venimos diciendo, en diciembre de 2011 sesionó el Consejo General del Ministerio Público, abordando materias relativas a cómo enfrentar de mejor manera el fenómeno delictual durante el 2012.

Así, y a modo de síntesis, derivados de la experiencia práctica y las conclusiones del Consejo antes referido, órgano asesor y consultivo superior de la Fiscalía, proponemos efectuar una serie de ajustes al sistema de justicia criminal en su conjunto. Entre ellos los principales son los siguientes:

A1) Optimización del trabajo y la coordinación con las policías.

La experiencia de estos años nos ha demostrado que la primera información que pueda obtenerse desde la comisión del ilícito es fundamental para su esclarecimiento. La información inicial que puedan recoger los órganos policiales es absolutamente esencial y nos permitiría mejorar la calidad de las salidas, dando una respuesta más satisfactoria a las víctimas. En el marco de lo dispuesto en el art. 87 del Código Procesal Penal, y con un trabajo previo en desarrollo con el Alto Mando, se instruirá nuevamente a las policías, en una serie de aspectos que permitan mejorar la calidad de la información que contienen sus partes policiales, especialmente cuando hay detenidos, a fin de optimizar los resultados, puesto que muchas veces esa información es deficiente.

En el mismo sentido, se instruirá a Carabineros en orden a dejar constancia de las instrucciones de los fiscales y realizar el seguimiento a dichas instrucciones mediante un sistema de retroalimentación con las policías.

Para ello el Ministerio Público está trabajando, junto a la Policía Uniformada, en una conexión informática que permitirá mantener en red, e idealmente en línea, un conjunto de datos indispensables para realizar una eficiente persecución penal.

Paralelamente, invitaremos al Alto Mando de la PDI, para iniciar un trabajo similar.

Todo lo anterior no implica, en lo absoluto, que con ambas policías no existan actualmente protocolos, acuerdos e instrucciones vigentes, nacionales y regionales. Los trabajos que se desarrollarán y recién referidos, se harán con el afán de perfeccionar y mejorar lo existente, en camino a la mayor excelencia en nuestro servicio.

A2) Tratamiento del archivo provisional del procedimiento.

Conscientes, por una parte, de los efectos que esta salida representa para la comunidad y, por otra, su ineludible y necesaria existencia dentro de cualquier sistema procesal penal serio y transparente (como lo reconoce incluso el Mensaje del CPP), reiteramos nuestra propuesta de creación de unidades de análisis criminal y combate de focos delictuales, que permitirían establecer patrones delictuales para mejorar resultados en la persecución penal, con enfoque en la investigación, no en la prevención, pero permitiendo retroalimentar a ésta, como hasta ahora no se hace. Esta propuesta está contenida, explicada y desarrollada en el Proyecto de Fortalecimiento del Ministerio Público.

Para hacer frente a este tema resulta ineludible la referencia a que, en la medida que mejoremos la información inicial que se contenga en los partes policiales, podremos efectuar un mejor trabajo en materia de diligencias útiles destinadas a esclarecer los hechos denunciados, disminuyendo la tasa de archivos.

A3) Coordinación y fortalecimiento de organismos auxiliares.

Con miras a obtener mejores resultados en la persecución penal, resulta fundamental reformular la labor de algunos organismos que actualmente y, por distintas situaciones, presentan algunas dificultades, entre ellos el Servicio Medico Legal, el Instituto de Salud Pública, Servicio de Aduanas y Servicio de Impuestos Internos y Gendarmería de Chile.

En cuanto al Servicio Médico Legal, por ejemplo, se requiere –mediante la entrega de más recursos adecuados- lograr acortar los tiempos de evaluación pericial a víctimas de delitos sexuales para, entre otras cosas, evitar que esa demora permita la retractación de dichas víctimas, fomentando la impunidad de violadores y abusadores.

La misma situación en relación al Instituto de Salud Pública, en lo que respecta a la evaluación de muestras, pues la realidad actual implica que cocaína y pasta base son analizadas por este organismo en plazos superiores a los seis meses, originando dilaciones indebidas de los juicios de tráfico ilícito de estupefacientes.

En este mismo sentido, urge la necesidad de descentralizar estos análisis, modificando la ley de drogas y permitiendo certificar a los laboratorios de las policías para esa función, de modo de contar en forma expedita con los resultados de tales análisis y permitiendo enjuiciar oportunamente estos casos, dando una clara señal a la comunidad respecto de la lucha contra el nocivo flagelo del narcotráfico. Cabe señalar que dicha petición la venimos planteando desde 2008, dado que existe el grave inconveniente y riesgo de que las muestras, al ser remitidas por correo desde regiones a Santiago, puedan extraviarse, principalmente cuando hablamos de ciudades tan importantes en materia de este tipo de ingreso delictual como Arica, Iquique o Antofagasta.

Respecto del Servicio de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos, cabe también anotar la necesidad de mejorar la capacidad fiscalizadora de dichos organismos, permitiendo de esta forma optimizar la persecución penal de la delincuencia de cuello blanco.

En relación a Gendarmería de Chile, un importante nudo crítico del sistema está constituido por los problemas en la identificación de los detenidos. Habitualmente, la información más completa y de calidad, incluso –en algunas circunstancias- por sobre la disponible en las policías o en la misma Fiscalía, sobre las características, en especial físicas de los detenidos (tales como descripción corporal, cicatrices, enfermedades, cumplimiento de condenas anteriores, etc.), es la que posee Gendarmería de Chile. Esos antecedentes, muchas veces esenciales para una eficaz investigación, han sido puestos a disposición de los fiscales por dicha institución, pero ante peticiones hechas en casos particulares, y respecto de eventuales personas imputadas en forma directa.

Es por ello que, tener acceso a los registros que mantiene Gendarmería de Chile con ocasión del cumplimiento de las funciones que establece el artículo 3 letra c) del Decreto Ley Nº 2859 del Ministerio de Justicia, esto es, recibir y poner a disposición de los tribunales competentes a los imputados, permitirá contrastar antecedentes, obtener detalles sobre sus señas características, fotografías actualizadas, condenas anteriores, entre otros, facilitando de este modo la seguridad y eficiencia del proceso de identificación.

Lo anterior, no sólo pretende beneficiar la gestión del Ministerio Público, sino que permitirá dar respuesta a una petición que, han realizado incluso los propios defensores de los imputados, así como, mejorar la eficiencia y credibilidad del sistema penal en su conjunto, protegiendo al ciudadano inocente de eventuales errores judiciales derivados de un proceso de identificación deficiente.

Para lo anterior, estimamos que no se requiere una modificación legal, sino sólo un Decreto del Ministerio de Justicia y, lo más importante, teniendo en cuenta que las investigaciones criminales son secretas, no se vulnerarían garantías de nadie.

A4) Atención a Usuarios.

Como organismo público que somos, la calidad en la atención que brindamos a las personas, ha sido uno de los aspectos básicos que, desde nuestro Plan Estratégico, hemos relevado como pilar fundamental y sostenedor de nuestro trabajo. Si bien hemos ido trabajando en ello, y esta Fiscalía ha cumplido con los indicadores impuestos en materia de tiempos de espera para la atención de público, e información de resultados de juicios, no podemos sentirnos conformes con lo hecho hasta ahora.

En el ámbito de la atención de usuarios, en una primera instancia, privilegiamos realizar radicales e innovadoras mejoras en la atención a las victimas y testigos que prestan declaración en la Fiscalía, bajo la premisa que para el éxito de una investigación, como dije, es vital el compromiso de las víctimas y testigos con la misma.

Este modelo conocido como OPA, en operación en todo el país, ha alcanzado altos niveles de aprobación por aquellas personas que han sido atendidas en el marco referido. Por ejemplo, en el ámbito de la violencia intrafamiliar, El 85,9% de las víctimas encuestadas se declara satisfecho con la atención y servicio recibido por parte de la Fiscalía, donde uno de los aspectos mejor evaluados fue la atención de los funcionarios con un 92,8% de menciones, lo que nos motiva aún más es que el 91,7% declara que recomendaría denunciar este tipo de delitos.

Es por lo anterior que hoy estamos en condiciones de seguir avanzando en nuestro modelo de atención, y durante el 2012 comenzaremos a implementar distintos procedimientos, abarcando diversos tipos de usuarios.

Con una inversión de $40.646.431, hemos desarrollado una plataforma tecnológica electrónica de atención a usuarios abogados, que compromete mejorar el tiempo y la disponibilidad de entrega de la información requerida, garantizando su acceso en tiempo y forma.

También hemos incrementado el gasto en nuestra plataforma de call center en un 6,5%, de forma tal de reducir el tiempo de espera, así como la –reducida pero existente- tasa de llamadas perdidas.

Queremos mejorar cuantitativa y cualitativamente en este ámbito, brindar una atención oportuna y de calidad, que dé respuestas acorde a los requerimientos específicos de cada uno de nuestros usuarios, generando canales de comunicación recíproca entre las personas y la Fiscalía, y comprometiéndonos, todos, en entregar un servicio ágil, oportuno, cercano e igualitario a quienes necesitan de nuestra ayuda.

IV.- MODIFICACIONES LEGALES

En otro ámbito pero siempre con el afán de mejorar el sistema penal en su conjunto, me permito reiterar sólo algunas de las propuestas de modificación legal que, conforme me faculta la ley, he venido haciendo desde el año 2008 en mis distintas cuentas públicas a la ciudadanía:

a) Delitos de la Ley Nº. 20.000:

En materia de drogas, tal como lo hemos venido sosteniendo en años anteriores, en lo que respecta a la utilización de sustancias químicas para la elaboración de drogas ilícitas, creemos conveniente modificar el artículo 55 de la Ley 20.000 en relación al delito de desvío de precursores y sustancias químicas esenciales, en el sentido que se amplíe la fiscalización, no sólo respecto de las personas o empresas que produzcan, fabriquen, preparen, importen y exporten insumos controlados, que deben estar inscritas en el Registro Especial de Usuarios de Sustancias Químicas Controladas, sino además, respecto de aquellas que comercialicen, distribuyan o transporten estas sustancias, desincentivando así su circulación innecesaria y, por ende, el desvío hacia la elaboración ilegal de drogas.

Además, estimamos prioritario modificar el Artículo 46 de la Ley 20.000, referido a recursos destinados a la persecución penal de estos delitos. Se propone que, tal como señala la norma, el producto de la enajenación de los bienes y valores decomisados y los dineros en tal situación, ingresen a un fondo especial del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), para ser utilizados en programas de prevención del consumo de drogas, tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por la drogadicción, pero, además, se permita financiar la persecución de los delitos de que trata esta Ley, mediante el aporte de fondos adicionales para los órganos de control y otros organismos encargados de la investigación de delitos de esta ley.

Estimamos que sería conveniente explorar la posibilidad que, al igual que en Europa, algunos bienes muebles, como automóviles o camiones, sean directamente entregados a las policías, a solicitud de éstas, ello con las medidas de resguardo que se estimen pertinentes. En el mismo sentido, creemos conveniente modificar el mecanismo actual contemplado en el art. 40 de la Ley 20.000, respecto de bienes incautados durante la secuela del proceso penal, a fin de hacerlo más eficiente.

b) Delitos Sexuales:

El Decreto Ley N° 409 y el Decreto Supremo N° 64 en relación con la aplicación efectiva de las penas accesorias en materia de delitos sexuales, permiten que una persona, bajo determinadas condiciones, pueda solicitar que se le indulten todas las penas accesorias a que estuviere condenado y que su prontuario penal sea eliminado.

Promovemos una modificación legal que excluya la aplicación de estos beneficios a los condenados por delitos sexuales, o en su defecto, a quienes reincidan en la comisión de esta misma clase de delitos.

Sugerimos reforzar el sistema de protección de las víctimas menores de edad, con la posibilidad que sus testimonios, tanto en la etapa de investigación como en la de juicio oral, sean registrados e incorporados,,respectivamente, mediante procedimientos especiales, mejores que los existentes, que garanticen su indemnidad sicológica y eviten la victimización secundaria, que el rigor de los procedimientos policiales y judiciales les podría producir.

c) Responsabilidad Penal Adolescente:

Se requiere que la ley diferencie de manera más clara, la situación de los adolescentes condenados, que alcanzan la mayoría de edad estando privados de libertad, para que no cumplan esas penas en el mismo recinto que los menores de 18 años.

La Ley Nº 20.084 no previó la regulación legal de la acumulación de sanciones, en supuestos de reincidencia, lo que se considera necesario abordar. De lo contario, continuará presentándose la situación del adolescente condenado a la misma clase de sanción sucesivamente, sin que sea factible el cumplimiento efectivo de ninguna.

Se ha advertido la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema de internamiento en régimen semicerrado, puesto que se ha advertido, en la práctica, escaso control en el cumplimento lo que distorsiona su naturaleza.

d) Corrupción:

Atendidas las obligaciones internacionales que emanan de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, y dado que en la conferencia de los Estados Parte realizada en Doha en noviembre de 2009, se ha adoptado un mecanismo de seguimiento de la Convención, estimo necesario revisar nuestra legislación a efectos de analizar si estamos dando pleno cumplimiento a tales obligaciones internacionales.

El artículo 50 de la Convención sobre "Técnicas especiales de investigación" señala que, con la finalidad de combatir eficazmente la corrupción, cada Estado Parte, debe adoptar diversas medidas de investigación, como "la vigilancia electrónica o de otra índole y las operaciones encubiertas".

Creemos que este estándar internacional dota al órgano de persecución penal de las mejores herramientas de investigación posibles, en una materia de tanta importancia como la corrupción, y que en Chile se encuentran sólo disponibles para la investigación del Lavado de Activos.

Por ello, sugiero que esas mismas técnicas de investigación puedan ser usadas en casos de corrupción, con lo cual permitiríamos realizar mejores investigaciones y cumplir plenamente con los compromisos internacionales adquiridos por Chile.

VII.- PALABRAS FINALES

Con los conceptos anteriores hemos pretendido dar una visión de conjunto del quehacer institucional y el estado actual de la Fiscalía.
Sin embargo, brevemente al concluir, deseo hacerme cargo de dos o tres ideas que han circulado en diversos ámbitos y que, si se analizan superficial o parcialmente llevan o pueden llevar a conclusiones erróneas. En efecto, se suele decir que la Fiscalía no tiene controles suficientes o adecuados y que la gestión interna no se ha modernizado, cayendo en un centralismo de las decisiones que, al estandarizar, no reconoce las particularidades de las regiones. Examinemos someramente tales ideas.

Falta o insuficiencia de controles.

En general en esta materia suele hacerse una pregunta retórica: ¿Quién fiscaliza a los Fiscales?, para graficar que no habría nadie que controle a nuestra institución.
Al margen de lo poco ecuánime que se puede percibir desde la Fiscalía esta afirmación, atendido el panorama de otras instituciones constitucionalmente autónomas donde los controles pueden considerarse más leves o que derechamente no existen como respecto del Ministerio Público, nos debemos hacer cargo de este error común y centrarnos en nuestra realidad. Sólo como ejemplo –y entre otros- existen controles procesales (de la víctima, del tribunal u otros), informes trimestrales al Parlamento sobre gastos realizados, ejecución presupuestaria, contratos celebrados y otros. Asimismo, el Ejecutivo y el Congreso asignan el presupuesto, la Contraloría General de la República registra y/o toma razón de diversos actos, debemos suscribir obligatoriamente un convenio anual de metas de gestión con Hacienda, que evalúa una consultora externa, elegida para ello por licitación pública –metas que de no ser cumplidas privan de bono a fiscales y funcionarios-, se deben rendir cuentas anuales obligatorias en audiencias públicas tanto en el mes de Enero por los Fiscales Regionales, como en Abril por el Nacional.

Empero, amén de lo anterior, decíamos que pensar en falta de controles a la Fiscalía es un error común, porque el Ministerio Público, sus fiscales y funcionarios, están sujetos además a otros controles internos y externos y pueden tener responsabilidad administrativa, civil, criminal e incluso –tratándose del Fiscal Nacional o de los Fiscales Regionales- responsabilidad política, la que se hace efectiva mediante un procedimiento de remoción constitucional especial, en el que participan el Gobierno o la Cámara de Diputados y el Poder Judicial y que, de existir la voluntad concurrente de ambos poderes, sujeta a estos funcionarios a tal responsabilidad, buscando hacerla efectiva enérgicamente, pero sin depender de una eventual mayoría política circunstancial, para cautelar la independencia de las autoridades superiores de la Fiscalía en la toma de decisiones que puedan afectar a determinados sectores políticos.

Falta de modernidad de la gestión, centralización de las decisiones.

Algunos han creído ver en la evaluación del desempeño que actualmente rige al Ministerio Público, una de las posibles causas de eventuales problemas que enfrentaría la institución. Ante ello, es necesario precisar que el procedimiento para evaluar es el resultante de un sistema de gestión de personas, basado en un modelo de gestión por competencias, que se ha ido implementado desde hace 4 años en la institución y que, sin duda alguna, es uno de los más desarrollados del sector público, toda vez que permite vincular la estrategia de la organización y su misión, con el desempeño esperado de funcionarios y fiscales y satisfacer, a su vez, las legítimas necesidades de desarrollo profesional.

Este nuevo sistema de gestión del desempeño, efectivamente estandariza criterios de seguimiento y evaluación pero junto al otorgamiento de toda flexibilidad necesaria para abordar desafíos regionales, sobre la base de resultados y metas individuales y colectivas, que se aplican reconociendo las particulares realidades de cada Región y que, también, tienen una ineludible vinculación con los CGI, a los que aludimos antes.

En otra reflexión, debe recordarse que la sociedad chilena experimenta procesos de profundos cambios, muchos de los cuales tienen impacto directo en el sistema de justicia criminal. Son tiempos de una sociedad activa y movilizada en la consecución de reivindicaciones, donde muchas veces colisionan las formas de expresión de legítimas aspiraciones con el Orden y la Seguridad Pública. Una sociedad de mayor exigencia de respeto por sus derechos, lo que implica una cada vez más creciente judicialización de casos. También Chile experimenta alzas significativas en la comisión de ciertos delitos, con crecientes índices de victimización e inseguridad de la población. No es posible desconocer tampoco, prácticas delictivas particularmente graves que, aunque afortunadamente todavía no generalizadas, existen; tales como delitos de incendio, colocación de artefactos explosivos, atentados contra funcionarios públicos como el cobarde ataque que acabó con la vida del Carabinero Hugo Albornoz, o crímenes de odio y discriminación, como el sufrido por Daniel Zamudio. Nos preocupa, del mismo modo, algunas situaciones de trata y tráfico ilícito de inmigrantes que se han advertido en el último tiempo en nuestro país, la explotación servil de seres humanos, o la esclavitud sexual forzada de mujeres extranjeras.

El Ministerio Público entiende, que no es útil frente al actual panorama, desgastarse y enfrentarse entre las instituciones que deben concurrir en la prevención, persecución y juzgamiento de estos hechos, sino que, por el contrario, se deben buscar soluciones coordinadas por el bienestar superior de nuestros ciudadanos. Ello, por supuesto, sin poner en entredicho la voluntad irrestricta de las autoridades superiores del Ministerio Público y de cada Fiscal y Funcionario por defender y cautelar la independencia y autonomía institucional, cada vez que sea necesario. Sin perjuicio de ello, reafirmamos nuestra permanente disposición, en la búsqueda de fórmulas nuevas y asociativas para enfrentar el crimen, en la integración de instancias conjuntas con todos los actores del sistema de control penal, en mejores y más permanentes coordinaciones, y en comunicaciones e intercambio de información delictiva más fluida. Deseamos una sola trinchera para enfrentar la delincuencia, no dos frente a frente.

Y a propósito de combatir a la delincuencia, la información y participación de la ciudadanía son fundamentales, como lo hemos afirmado reiteradamente. Y, respecto a nuestra Relación con la Comunidad, el año pasado más de 23 mil personas fueron capacitadas e informadas de sus derechos y deberes en todo Chile, a través del Plan de Interacción con la comunidad, en más de 500 charlas, llegando a los sectores más recónditos del país. Centros de madres, juntas de vecinos, trabajadoras de casa particular, clubes deportivos, colegios y universidades son algunas de las organizaciones con las que fiscales y funcionarios de las fiscalías locales y regionales se reunieron. Entre los desafíos para este 2012 se contemplan charlas en mapudungun a comunidades mapuches en La Araucanía y actividades masivas con personas sordas en la Fiscalía Regional de Valparaíso para lo cual ya se capacitó a funcionarios nuestros en lenguaje de señas.

Finalmente es obvio para todos que, como toda institución republicana, enfrentamos dificultades, las que hemos ido sorteando progresivamente en estos 12 años desde que comenzó el Nuevo Proceso Penal. Siempre hemos aceptado las críticas constructivas y los reclamos, como un deber. Sin embargo, a veces, injustamente, se nos ha criticado y se ha puesto en entredicho nuestra labor que fiscales y funcionarios realizamos seriamente, comprometidos en cautelar el Estado de Derecho, resguardando los derechos fundamentales de las personas.

Alguna autoridad, y por si acaso, para evitar equívocos digamos que no se encuentra presente aquí hoy, incluso llegó a declarar textualmente que "los fiscales son flojos". Esa afirmación, amén de ser ofensiva, no tiene ninguna base. De hecho, por mencionar algunos datos, y aunque me repita, el año 2011 los equipos de fiscales y funcionarios del Ministerio Público aumentaron las audiencias de control de detención en un 15,2% y recibimos a tramitación un 10,6% de denuncias más en comparación al año anterior. Es decir, hubo 361 ingresos de causas más por día. Y el promedio de ingresos de cada fiscal es de 2.131, número muy superior al que se proyectó cuando fue diseñado el nuevo sistema de justicia estimado en 1250 casos, al año por persecutor. Eso queridos amigos es trabajo y vocación. Tanta como han demostrado ayer y hoy los fiscales de Arica que, han estado en audiencia toda la tarde y la noche, y hasta hoy hace pocos minutos. Esa dedicación nos prestigia y alienta. Por supuesto, se debe reconocer también la dedicada labor de la magistrado Juez de Garantía, y de los demás presentes, también los defensores penales y los gendarmes, lo que habla bien del sistema en general.

Por lo que venimos diciendo es que se ha insistido tanto en el ineludible, imprescindible y necesario ajuste de la dotación de fiscales y funcionarios, a través del envío al Parlamento del Proyecto de Ley que acoja el Plan de Fortalecimiento que se elaboró y fue revisado por el BID e informado favorablemente por esa institución y valorado y aquilatado por otras instituciones y fundaciones. Confiamos sinceramente en que el Supremo Gobierno cumplirá el compromiso que adquirió, por intermedio del sr. Ministro de Justicia y la sra. Directora de Presupuesto, ante la Subcomisión Mixta de Hacienda de ambas Cámaras, en el sentido de enviar ese proyecto de Ley, antes del 30 de Abril de este año. Tal envío será reconocido expresamente, en primer lugar por nosotros, atendida la magnitud del avance que significará, sin perjuicio de los perfeccionamientos o cambios que se puedan introducir dentro de la tramitación en el Congreso.

Finalmente, una vez más, agradezco expresa y sinceramente a los fiscales y funcionarios de nuestra institución a lo largo de todo Chile su diario compromiso y trabajo, y les hago un llamado para que, a pesar de los difíciles momentos que atravesamos producto de las actuales cargas de trabajo, redoblemos nuestro compromiso de vocación de servicio público, eficiencia y probidad, cumpliendo cabalmente con las aspiraciones de Justicia de los ciudadanos: Justicia para todos, para el más fuerte y el más débil, para el más rico y el más pobre, sin importar su condición sexual o su color de piel, su orientación política, su posición socio-económica o su credo religioso.

Ese anhelo es el que nos hizo llegar a la Fiscalía y es el que nos fortalece para seguir día a día en ella, con renovados bríos.

Muchas Gracias.