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Cuenta Pública 2010

Cuenta Pública 2010

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Introducción 2010
I.- La persecución penal eficiente
II.- Fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional
III.- Mejoramiento de la Gestión Administrativa
IV.- Potenciar la atención y protección de Víctimas y Testigos
V.- Modificaciones Legales
VI.- Otras Propuestas Concretas
VII.- Palabras Finales

Introducción 2010

Recibimos hoy a nuestros invitados y a las autoridades del país, con la austeridad acorde con los momentos que vive nuestra patria, en este lugar lleno de simbolismo para la institución, dado que aquí se erigirá el edificio de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público de Chile, que albergará a parte de los casi tres mil novecientos funcionarios que, con profundo sentido de servicio y probidad pública, laboran para perseguir el delito y proteger a las víctimas del mismo.

El año pasado, la institución que me honro en dirigir, cumplió diez años, fecha que nos encontró en un proceso de importantes transformaciones, que se orientan a la debida consolidación y proyección del Ministerio Público dentro de la sociedad chilena. La necesidad de reformar el sistema de justicia criminal, convocó a personalidades de todos los sectores políticos y un especializado contingente académico, logrando aunar voluntades frente al objetivo común y superior de dotar a Chile de una justicia penal transparente, expedita, cercana a la gente y concordante con las convenciones internacionales suscritas por Chile; un sistema que protegiera a las víctimas del delito y garantizara los derechos de los imputados; en suma, una justicia acorde con el desarrollo político, social, cultural y económico de nuestra nación.
Hoy, a una década de su entrada en vigencia, invitamos a reflexionar respecto a lo realizado y a mejorar las instancias que el sistema de justicia criminal requiere.

FISCALÍA 2015

Al iniciar mi mandato como Fiscal Nacional abordamos dos materias de suma urgencia institucional; en primer lugar, la definición de lineamientos de corto plazo, orientados a comenzar a estandarizar los modelos de nuestras fiscalías, frente al incremento sostenido del ingreso de causas y a enfrentar la incorporación de nuevas materias no contempladas al inicio de la reforma, entre ellas, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y la Ley de Violencia Intrafamiliar.

También establecimos un Plan de Persecución Criminal para el período 2008 - 2010, orientado a dar respuesta penal a ciertos delitos que, por su gravedad y la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que los padecen, hacían necesaria una respuesta más focalizada, intensa y expedita.

Paralelamente, dábamos inicio a un proceso reflexivo y autocrítico, sin precedentes en la historia del Ministerio Público, que permitió la construcción de nuestro Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2009-2015; herramienta de gestión moderna, que integra en forma transversal y participativa todas las experiencias y capacidades que, como organización, hemos acumulado en estos años, y propicia la consolidación y proyección de la Fiscalía, como una institución de excelencia, que lidera la persecución penal sustentada en cuatro líneas estratégicas:

Ejercer una persecución penal eficiente;
Fortalecer permanentemente la coordinación interinstitucional;
Mejorar la gestión administrativa y;
Potenciar la Atención y Protección de Víctimas y Testigos.

Todo este proceso de construcción institucional lo hemos denominado Fiscalía 2015, y lo queremos presentar al Chile del Bicentenario, con redoblado esfuerzo y con nuestros mejores talentos en estos tiempos difíciles que enfrentamos.

Esta cuenta se referirá, principalmente, a los resultados obtenidos bajo los cuatro lineamientos antes enunciados.

I LINEAMIENTO: LA PERSECUCIÓN PENAL EFICIENTE.

La persecución penal eficiente requiere de una política criminal explícita, que esté provista de un adecuado sistema estandarizado y selectivo de casos, de una estrategia de persecución criminal que se focalice en delitos que provocan un mayor impacto en la sociedad o provocan una especial situación de vulnerabilidad de ciertas víctimas; que se sostenga en criterios de actuación claros y precisos para nuestros fiscales, y que considere una plataforma de herramientas tecnológicas de investigación, que nos habiliten para hacer frente a una criminalidad cada vez más preparada y sofisticada.

Para ello, tal como lo señalé anteriormente, comenzamos a unificar la forma en que nuestras fiscalías tramitan masivamente sus causas, a través del proyecto de Tramitación de Causas Menos Complejas (TCMC).

Este modelo estandariza a nivel nacional la utilización de equipos de trabajo que se ocupan exclusivamente de casos que, previo diagnóstico jurídico, resultan de baja complejidad. Esto ha logrado que los fiscales puedan focalizarse en casos de mediana o alta complejidad.

Hoy este modelo se utiliza en 54 fiscalías locales y esperamos llegar este año a 78, haciéndose cargo de aproximadamente 870 mil casos. Para tal efecto, fueron capacitados 450 funcionarios y 50 fiscales adjuntos.
Lo anterior, junto a otras iniciativas, nos han permitido que, no obstante que el año 2009 los ingresos al sistema alcanzaron un total de un millón 276 mil 296 causas, lo que significó un aumento real de un 5,1% respecto del periodo anterior, y un porcentaje, acumulado en los últimos dos años, cercano al 40%, se hayan obtenido los siguientes logros:

Tramitamos y dimos término a más causas de las que ingresaron al sistema el año 2009, disminuyendo con esto remanentes de años anteriores. Esto significa que, si bien hubo un millón 276 mil 296 investigaciones, fuimos capaces de tramitar y terminar un millón 373 mil 474 denuncias, lo que equivale a un 7,6% más del ingreso anual.
Alcanzamos el mayor número de términos judicializados desde el inicio de la reforma, al obtener un 41,6% (666 mil 394) de salidas judiciales.
Obtuvimos 248 mil 140 condenas, lo que significa 32 mil 787 más que 2008.
Fuimos más ágiles para tramitar nuestras investigaciones, disminuyendo los tiempos promedio a 72 días en las causas con salida no judicial, es decir, 20 días menos que en 2008, y a 126 en las causas con una salida judicial, lo que equivale a 12 días menos que el 2008.
Finalmente, nuestros fiscales debieron concurrir a 7.608 juicios orales, lo que representa un 8,7% más de audiencias de Juicio Oral en comparación con el año anterior, obteniendo un 85% de sentencias condenatorias.

Hago presente que, desde la puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal, la nueva justicia ha atendido 6 millones 186 mil 904 casos, de los cuales el 96,3% fueron terminados.

Asimismo, se ha experimentado un incremento sostenido, a partir del año 2003, de las salidas judiciales o de mayor calidad, en comparación a las salidas no judiciales (principio de oportunidad, facultad de no iniciar investigación, archivo provisional), las que han tenido una disminución gradual y constante en el tiempo.

A pesar de estos resultados, la fiscalía aborda un aumento sostenido de casos. A nivel país, el ingreso de causas durante 2009 aumentó más de un 18% en relación al año 2007. Esto hace cada vez más inminente la necesidad de un ajuste institucional para sobrellevar la carga de trabajo que conllevan estas cifras.

Los resultados expuestos, fueron además, en parte, producto de una estrategia de persecución penal, sustentada en programas en sintonía con la realidad delictual, la que nos demanda, como dije, no sólo investigar, sino que hacerlo bajo estándares e indicadores de eficiencia, de una manera inteligente y focalizada.

En este contexto, nuestros énfasis estuvieron puestos en enfrentar decididamente los delitos graves que afecten a menores de edad, como la prostitución y pornografía infantil, y en desarticular redes de pederastas. Además, nos hemos focalizado en perseguir el narcotráfico, trabajando más intensamente con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile.

Hemos advertido la necesidad social de atender especializadamente a víctimas de violencia intrafamiliar y desarrollado programas de protección a testigos, nos hemos preocupado de combatir cualquier síntoma de corrupción, de intensificar la persecución penal con vínculos internacionales, y preparar una respuesta penal adecuada al fenómeno delictual juvenil, entre otras urgencias.

A continuación paso a referirme, brevemente, a los resultados obtenidos en dichos ámbitos:

A.- Persecución Penal en materia de Drogas

Durante 2009, en materia de tráfico ilícito de drogas, elaboramos una estrategia persecutoria sustentada en dos ejes de acción: por un lado, desarticular y desbaratar las bandas de narcotraficantes y no sólo atacar el último eslabón de la cadena delictual. Y, en segundo lugar, fortalecer el Programa de Persecución Focalizada del Microtráfico, extendiéndolo a todo el país, utilizando las diversas técnicas especiales que contempla la ley de drogas, junto con sacar de circulación gran cantidad de armas, asociadas a este ilícito.

Sobre este último punto, fue fundamental la firma de un Compromiso de Colaboración adicional entre la Fiscalía, Carabineros y la Policía de Investigaciones para afrontar el microtráfico de drogas y el desarrollo e implementación del Manual para la Investigación Focalizada del Microtráfico, para lo cual se capacitó a 500 funcionarios policiales.
En función de ambos ejes, este equipo, dirigido por la Fiscalía, obtuvo los siguientes logros en materia de persecución penal del tráfico de drogas:

Iniciamos 51 mil 151 investigaciones por este delito.
9 mil 744 sujetos fueron condenados por delitos de narcotráfico.
Obtuvimos un aumento de un 25,6% de condenas respecto del año anterior.
Las investigaciones conducidas por nuestros fiscales, permitieron la incautación de 2.443 kilos de cocaína; 3.839 kilos de pasta base; 12.679 kilos más 142.342 plantas de marihuana; y 48.860 unidades de fármacos.
Se formalizó por el delito de asociación ilícita para el narcotráfico, a 8 organizaciones criminales de alta peligrosidad, obteniendo 6 condenas, lo que representa un aumento del 100% respecto de las sentencias por asociación ilícita respecto del año 2008.
Se desarticularon 2 organizaciones criminales con vínculos internacionales, dedicadas al desvío de precursores químicos para la obtención de drogas ilícitas, como la efedrina. Además coordinamos como Fiscalía, al nivel de los países del MERCOSUR, las estrategias para responder regionalmente al fenómeno de las drogas sintéticas, y
Se logró la detección e intervención de 168 focos de alta concentración de microtráfico entre Arica y Puerto Montt, con un registro de 624 domicilios, 679 detenciones, la incautación de más de 150.000 dosis de drogas y 64 armas de fuego.

B.- Persecución Penal en materia de Delitos Sexuales

Como anticipé, un área en la que también hemos desplegado grandes esfuerzos en 2009, fue la persecución penal de los delitos sexuales, especialmente los cometidos contra menores. Elaboramos un proyecto piloto focalizado en la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Además establecimos investigaciones de oficio para perseguir la pornografía infantil, detectando redes informáticas para la comisión de estos delitos, para lo cual, en conjunto con la OEA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, capacitamos a fiscales de todo Chile en el manejo de evidencia electrónica.

En materia de cifras, podemos señalar que durante 2009, aumentaron los ingresos en un 2,7 % en comparación con el año 2008, pasando de 19.573 a 20.101 investigaciones.

En relación a los resultados:

Extendimos el Proyecto sobre Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, creado el 2008, en la Región Metropolitana, específicamente en las zonas Occidente y Sur, a la Región de Valparaíso.
Confeccionamos 8 mapas georreferenciados, 1 en la Región Metropolitana y 7 en la Región de Valparaíso, que permitieron detectar 135 focos de prostitución infantil, 74 en la Región Metropolitana y 61 en la V Región.
Logramos incrementar en un 14,9% los juicios orales respecto del 2008, realizándose 1.009 durante 2009, en contraste con los 878 juicios orales del año anterior.
En las investigaciones de oficio en delitos vinculados a pornografía infantil, se trabajó coordinadamente con empresas proveedoras de servicios de Internet, celebrándose un convenio entre el Ministerio Público y la empresa VTR, el que implementa mecanismos de denuncia e investigación de los delitos relacionados con la pornografía infantil.
Se desarrollaron, en la Región Metropolitana, dos grandes investigaciones por delitos vinculados a la pornografía infantil. Se trata de casos de las fiscalías regionales Centro Norte y Sur, en que las indagaciones realizadas por la Policía de Investigaciones lograron detectar una gran cantidad de usuarios de Internet que intercambiaban fotografías y videos con dicho material, realizándose 13 allanamientos simultáneos en comunas del Gran Santiago y en las regiones de Arica y Parinacota, Valparaíso, Libertador Bernardo O´Higgins y Biobío, procediendo a la detención de 12 involucrados.
Finalmente, hemos mantenido nuestra participación en la discusión del Proyecto de ley vinculado el fenómeno delictual vía Internet del “Grooming”, que busca sancionar de mejor forma esta conducta, junto con realizar estudios y capacitar a 165 fiscales especializados en delitos sexuales, obteniéndose las primeras 3 sentencias condenatorias en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y Libertador Bernardo O´Higgins.

C.- Persecución Penal en materia de Violencia Intrafamiliar

En materia de violencia intrafamiliar elaboramos un proyecto de intervención especializada para las víctimas, bajo la acción conjunta y coordinada con tribunales de garantía y policías, asegurando protección oportuna y efectiva durante su participación en el proceso penal, debiendo adoptarse dicha protección, en un plazo no mayor de 48 horas desde su ingreso a la Fiscalía. Este programa fue implementado completamente en 11 regiones y en al menos una fiscalía local de las 4 regiones restantes.

Los resultados obtenidos por este proyecto son los siguientes:

En 2009 fueron ingresadas más de 40 mil víctimas, alcanzándose altos niveles de satisfacción con la atención recibida.
Durante este año, el proyecto se ampliará a nivel nacional, por lo que toda víctima de violencia intrafamiliar será contactada dentro de las primeras 24 horas, desde el ingreso de la causa a la Fiscalía, evaluándose su situación de riesgo con un instrumento objetivo, que permita fundamentar la implementación oportuna, en un plazo máximo de 48 horas, de las medidas de protección adecuadas. Las víctimas con riesgo alto reciben además intervención especializada de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos.
Finalmente quisiera hacer presente que, siguiendo la metodología que he establecido para el desarrollo de programas en el Ministerio Público, éstos no sólo son implementados sino que además evaluados. En ese sentido, un estudio elaborado por una empresa externa determinó que un 87,7% de las víctimas encuestadas apreciaron la atención brindada, como “Buena”, “Muy buena” o “Excelente”. Además se consultó a las víctimas sobre aspectos como rapidez en la atención, información recibida, amabilidad de los funcionarios, protección brindada, forma de término del caso e incluso calidad de los espacios físicos para la atención, siendo evaluados todos los ítems positivamente sobre el 80% de los casos, lo que permite concluir que el modelo de atención diseñado para estos casos apunta en la dirección correcta.

D.- Persecución Penal en materia de Corrupción

En materia de investigaciones de corrupción, podemos destacar que se mantiene la tendencia estadística que demuestra una baja cantidad de ingresos de este tipo de delitos, ya que representan para el Ministerio Público una cifra de un 0,1 % del total de denuncias recibidas. Cifra que se encuentra invariable desde los inicios de la reforma.

A pesar que hemos obtenido condenas, no estamos satisfechos, atendido que la entidad de las penas privativas de libertad que se aplican a los imputados no resultan siempre proporcionales a la gravedad de los hechos investigados, al monto del perjuicio fiscal o a la pérdida de confianza en el Estado de Derecho que puede provocar una investigación de corrupción.

Sin embargo, ello no es un defecto judicial o investigativo, es un obstáculo legal que debemos enfrentar, dado la baja penalidad que el Código Punitivo contempla para este tipo de conductas. En ese sentido, destacamos la Ley 20.341 que modificó el Código Penal, elevando algunas de las penas de los delitos de corrupción (como el caso del Fraude al Fisco o del cohecho) aunque esa legislación sólo es aplicable a los hechos punibles cometidos con posterioridad a su publicación, esto es, a casos de corrupción cometidos a partir del 22 de abril de 2009.

En materia de estadísticas por delitos de esta especialidad, el mayor nivel de ingresos se encuentran en las Estafas al Fisco, el Cohecho, el Fraude al Fisco y la Malversación de caudales públicos, los que en conjunto representan un 85% del total de ingresos por ilícitos de corrupción durante 2009.

La Estafa al Fisco, donde quien comete el delito es un particular, contiene el mayor número de ingresos, un 51% del total durante 2009.

Debo destacar, además, que el total de ingresos de delitos por corrupción económica, muestra una tendencia al alza, del orden de un 29% promedio anual, desde el inicio del nuevo sistema procesal penal en Santiago, en el período 2005-2009.

En el último año del gobierno de la Presidenta doña Michelle Bachelet, la Fiscalía presentó el proyecto de fortalecimiento institucional que busca crear una Fiscalía de Investigaciones de Alta Complejidad, de nivel central, con competencia en todo el país que se haga cargo de investigaciones referidas al lavado de activos, el crimen organizado y la corrupción. Esta sería integrada por fiscales, abogados asistentes, analistas contables e informáticos y funcionarios de nuestras policías, del Servicio de Impuestos Internos y de la Contraloría General de la República).

Dicho proyecto, que contiene una implementación gradual del mismo, fue trabajado en una mesa técnica, con el Ministerio de Justicia y enviado al Ministerio de Hacienda. Esperamos, que sea aprobado por dicha cartera y pueda ser enviado al Congreso como iniciativa legal. Por supuesto, tenemos presente la actual situación del país, pero se trata de una iniciativa gradual que, en una primera etapa, no implica un gasto inabordable.

Por ello, hacemos un llamado a las nuevas autoridades del gobierno del Presidente don Sebastián Piñera para considerar y ojalá recoger este proyecto, el que nos permitirá llevar a cabo una serie de modificaciones para el futuro de la institución y mejorar los resultados en materia de persecución criminal, lo que no sólo impactará positivamente en todo el Sistema de Justicia Penal, sino también en toda la sociedad.

Dado que la iniciativa anterior requiere de varias modificaciones legales y puede tardar tiempo, se ha diseñado una estrategia de corto y mediano plazo que clasifica causas de características especiales como Investigaciones de Alta Prioridad (casos IAP), a las que los profesionales de la Unidad Especializada Anticorrupción les deben dar un trato preferencial en el apoyo y asesoría que entregan a los fiscales de la especialidad.

Se han definido criterios objetivos para catalogar las causas de alta prioridad, como el monto del perjuicio fiscal; el cargo que ostenta el imputado, o la repercusión que hubiese tenido el caso en la opinión pública.

E.- Persecución Penal en materia de Responsabilidad Penal Adolescente

En materia de responsabilidad penal adolescente, la Fiscalía ha focalizado sus esfuerzos en instaurar prácticas restaurativas en la justicia juvenil y dotar de mayor contenido a la respuesta penal, en aras de cumplir con las finalidades de la ley.

En 2009 el Ministerio Público recibió un total de 52.770 casos, entre cuyos imputados se contó al menos un adolescente, registrándose una disminución del 0,7%, en comparación a 2008 (53.120 casos).

En este sentido, destaco la implementación del proyecto piloto de mediación penal adolescente en las cuatro fiscalías de la Región Metropolitana en conjunto con la Corporación de Asistencia Judicial.

F.- Persecución Penal Internacional

En el contexto de nuestro Plan Estratégico, continuamos fortaleciendo los nexos internacionales de la Fiscalía de Chile, toda vez que la cooperación internacional constituye una herramienta fundamental para perseguir la criminalidad trasnacional.

En materia de asistencia penal internacional, hubo un sustancial incremento, registrándose un total de 577 nuevos requerimientos formales, lo que representa un 56% de aumento respecto de 2008, y un 72% en relación a 2007.

En materia de Extradiciones, se verificaron 16 activas y 6 pasivas. Evaluamos muy positivamente que el año pasado, no fue rechazada ninguna extradición pasiva cuya representación de los Estados extranjeros haya asumido el Ministerio Público de Chile, a través de la Fiscalía Nacional. Destaca también el hecho que la Corte Suprema concedió la primera extradición pasiva simplificada de la Reforma Procesal Penal, respecto de un imputado de nacionalidad rusa investigado por múltiples estafas cometidas en territorio de la Federación Rusa.

De igual forma, el Ministerio Público de Chile colaboró técnicamente en la discusión de los Tratados de Extradición con Estados Unidos, China y Argentina.

Respecto de los Proyectos Internacionales, la Fiscalía Nacional, a través de su Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones, asoció 8 proyectos internacionales al Plan Estratégico del Ministerio Público:

1. Base general de jurisprudencia en materia de extradiciones.
2. Captura internacional activa.
3. Proyecto contra la Trata de Personas entre el Ministerio Público, la Agencia de Cooperación Alemana GTZ y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional AGCI.
4. Proyecto de estándares internacionales sobre interceptaciones y congelamiento de activos.
5. Protocolo de utilización de videoconferencias internacionales con fines investigativos.
6. Sistema unificado de traducción de requerimientos de asistencia penal.
7. Programa de apoyo criminalístico entre el Ministerio Público y el FBI de los Estados Unidos de Norteamérica, y
8. Base de datos de sujetos internacionales requeridos.

En materia de Trata de personas, la Fiscalía de Chile prosiguió la ejecución de la Tercera Fase del Proyecto contra la Trata de Personas en conjunto con la GTZ y AGCI. Durante 2009, fiscales y profesionales del Ministerio Público capacitaron en investigación y protección de víctimas de trata de personas, a fiscales de Bolivia, Paraguay y República Dominicana, suscribiendo además con dichos países, un Protocolo de Colaboración en esta materia.

También se suscribieron Convenios Internacionales de Cooperación Interinstitucional con los Ministerios Públicos de Ucrania, Bolivia, República Dominicana, Paraguay y el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, los que se unen a otros ya existentes, como los firmados con el Perú, Croacia, FBI, etc.

La Fiscalía prosiguió durante 2009 ejerciendo las funciones de Secretaría General Permanente de la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos, destacando la implementación de distintos exitosos proyectos de cooperación.

Junto con establecer nuestra estrategia de persecución penal, durante el 2009, se continuó con el proceso de sistematización y actualización de nuestra normativa interna, con el propósito de unificar criterios de actuación.

Es así, como con la valiosa opinión de los fiscales regionales, se refundieron todas las instrucciones relativas a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas y se compilaron en un texto único todos los lineamientos sobre la responsabilidad penal de los adolescentes, en el marco de la Ley 20.084.

En el mismo sentido, durante el mes de marzo pasado, se emitieron los consolidados correspondientes a los delitos en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) y a la etapa de investigación del proceso penal.

Con ellos se refunden un total de 150 oficios o instrucciones anteriores, lo que se suma a 145 documentos que quedaron sin efecto al sistematizar, el año 2008 las instrucciones en materia de corrupción, delitos económicos, lavado de dinero y delitos de la ley 20.000, facilitando no tan sólo su consulta, sino también la evaluación sobre la aplicación de estos criterios de actuación por parte de los fiscales.

Asimismo, y aprobadas en estos días, se encuentran las redefiniciones sobre la etapa de preparación del juicio oral, el juicio oral y sobre los procedimientos especiales.

La estandarización de procesos de trabajo, la elaboración de una estrategia de persecución penal y la sistematización y unificación de nuestros criterios de actuación, deben complementarse con una plataforma de herramientas tecnológicas que permitan a nuestros fiscales hacer frente a los altos niveles de sofisticación que han podido adquirir y adoptar las organizaciones criminales.

En este sentido, también en el 2009 se puso principal atención al uso intensivo de tecnologías al servicio de la persecución penal, como el diseño y puesta en marcha de un sistema informático para la administración y gestión de las intervenciones telefónicas (RESIT), que permite a las Fiscalías y a las Unidades Especializadas de la Fiscalía Nacional, registrar, controlar, administrar y gestionar la información relativa a intervenciones telefónicas solicitadas por los fiscales adjuntos.

Asimismo, implantamos un sistema informático institucional para el registro de sujetos internacionalmente requeridos. A partir de ese sistema de consulta, se pone a disposición de todos los fiscales del país, una base de datos con más de 2.400 sujetos que han sido objeto de consulta por fiscales y policías chilenos al exterior.

Finalmente, en la cuenta Pública del año 2009 anuncié que el Ministerio Público adquiriría la tecnología que permitiera a los fiscales realizar un adecuado control de las interceptaciones de telecomunicaciones y participación directa en ellas que, en conformidad a la ley y casi en su totalidad, son ejecutadas por Carabineros e Investigaciones de Chile, como nuestros organismos auxiliares, respecto de aquellas investigaciones de mayor complejidad.

En este sentido, podemos señalar que esta tecnología se encuentra actualmente habilitada y en pleno uso en dependencias de la Fiscalía Nacional, bajo las medidas de seguridad y resguardo necesarias para asegurar la integridad de la información obtenida, lo que ha contribuido a fortalecer aún más la labor de los fiscales en la persecución de los delitos de mayor connotación.

Al terminar esta parte de la cuenta referida a la persecución penal, puedo concluir que hemos respondido a nuestro mandato constitucional, haciendo frente al aumento sostenido de causas. No obstante, debemos en forma urgente y perentoria, actualizar nuestra dotación, pues de lo contrario, muy difícilmente podremos mantener y menos mejorar nuestros resultados, que nos han, además, prestigiado como país.

II LINEAMIENTO: FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

No podemos realizar una persecución penal eficiente sin relacionarnos con nuestros socios estratégicos. Es por ello que, establecida la coordinación interinstitucional como segundo lineamiento de nuestro plan, quiero resaltar que nuestra autonomía no implica, en ningún caso, aislamiento. Somos una institución permanente y fundamental del Estado, parte del sistema de justicia penal y requerimos del trabajo coordinado con los distintos actores. Es por ello, que hemos destacado la necesidad de contar con el apoyo de un sinnúmero de instituciones y organismos a través de convenios, acuerdos, protocolos y herramientas tecnológicas comunes, pues estamos convencidos que la labor coordinada es lo único que nos permitirá dar las respuestas que la ciudadanía requiere, aspirando a contar algún día con metas y objetivos comunes a todas las organizaciones que formamos parte del sistema de justicia criminal.

Dentro de los resultados de dichas coordinaciones, podemos destacar:

Con el Ministerio del Interior y la asesoría técnica del CONACE, acordamos dar continuidad al proyecto denominado “Tribunales de Tratamiento para Infractores Bajo Supervisión Judicial”, suscribiéndose un “Convenio de Colaboración Financiera”, que mantendrá la cobertura del proyecto en las Fiscalías de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso y toda la Región Metropolitana.
En materia de Corrupción con la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado se realizó un proyecto que se presentó al Banco Interamericano de Desarrollo para potenciar los intercambios de información entre los tres organismos, de manera de reforzar la lucha contra la corrupción, trabajando el 2009 en el diagnóstico del estado actual de los sistemas informáticos de las instituciones, analizando las restricciones legales que pudieran existir y acotando las informaciones que se desea compartir.
En materia de violencia intrafamiliar y responsabilidad penal adolescente, con SERNAM, SENAME y Centros de Salud Comunales, se han implementado acuerdos de carácter operativo que incluyen la coordinación y capacitación a profesionales de los centros de la red social que abordan la violencia intrafamiliar en diferentes dimensiones.
Con el Banco Central de Chile, en noviembre de 2009, la Fiscalía Nacional suscribió un convenio de colaboración que fomenta la cooperación entre ambas instituciones en prevención, investigación y sanción de los delitos de falsificación de circulante.

III LINEAMIENTO: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Desde que asumí como Fiscal Nacional nos comprometimos a impulsar una nueva etapa institucional, poniendo nuestros esfuerzos en mejorar las áreas administrativas, desburocratizarnos y centrarnos en una gestión interna orientada a funcionarios y fiscales, quienes día a día con su alta dedicación y compromiso mancomunado, hacen posible que pueda dar cuenta, orgulloso, de la gestión de la Fiscalía.

En materia de Gestión por competencias, hemos completado el levantamiento de los perfiles de todos los cargos de la institución, lo que nos ha permitido instalar un Modelo de Gestión de Personas, determinar las brechas de competencia para los cargos de Fiscal Adjunto Jefe, Fiscal Adjunto, Abogado Asistente de Fiscal y Administrador de Fiscalía, el levantamiento de una malla curricular para esos cargos y diseñar necesidades específicas de capacitación.

Junto a lo anterior, avanzamos en los sistemas de Reclutamiento, Selección y Evaluación de desempeño, implementando exitosamente el primer procedimiento de ascenso para funcionarios; y efectuando capacitación a funcionarios y fiscales bajo un Modelo de Gestión por Competencias.

En materia de capacitación, los esfuerzos se abocaron al diseño y puesta en marcha progresiva de una Academia o Centro de Formación para el Ministerio Público. Esa tarea cuenta con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con un aporte para el año 2009 de doscientos cuarenta y siete mil euros.

El año pasado la capacitación incluyó cupos para 6.661 funcionarios y fiscales, en 311 actividades de capacitación en todo Chile, equivalentes a casi 5.000 horas de capacitación.

También hemos implementado un Sistema Integral de Gestión de personas, que reduce los tiempos de tramitación de solicitudes administrativas, tales como feriados legales en un 50% y sin utilizar una sola hoja de papel. Todo se hace a través de la web, sin necesidad de desplegar a funcionarios para la realización de trámites administrativos. En 2009, más de 13 mil solicitudes se administraron con este sistema. Se cuenta con más de 20 servicios y productos disponibles para una mejor gestión.

Con satisfacción, puedo decir que en Clima Organizacional, nuestra Institución ha mejorado notoriamente en todos los factores medidos: administrativos, ambientales y psicosociales, lo que impacta directamente en la eficiencia y eficacia de nuestra institución.

Nuestro Indicador de Clima Organizacional (ICO) se ha elevado de 3,17, medido el 2007 a 3,38 en esta última medición, en una escala de 1 a 5, mejorando todos los aspectos y superando notoriamente aquellos que en 2007 se encontraban más débiles o críticos (Remuneración; Ambiente Físico y Seguridad; Organización del Trabajo), lo que nos sitúa como líderes entre las instituciones públicas y, también, en comparación con el sector privado.

En materia de presupuesto, inicialmente para el Ministerio Público en el año 2009, le fue asignado un valor de M$96.985.712.- (noventa y seis mil novecientos ochenta y cinco millones setecientos doce mil pesos), aprobado en la Ley N° 20.314 de Presupuestos del Sector Público.

Dichos recursos fueron empleados con un altísimo nivel de eficiencia, alcanzando una ejecución total del 97,7%.

En materia de infraestructura, podemos resaltar la ejecución en iniciativas de inversión asociadas a nueva infraestructura, en que se ejecutó un 73,8%, de un total de M$ 6.785.812 (seis mil setecientos ochenta y cinco millones ochocientos doce mil pesos).

Durante 2009 llegaron a término los proyectos de construcción y adquisición de edificios destinados a las Fiscalías Locales de Pozo Almonte, Concepción, Nueva Imperial, Pucón, Puerto Varas, Puerto Cisnes y Puerto Aisén, con un costo de $2.892.082.000.

Edificio institucional
Desde el inicio de la reforma, el Ministerio Público privilegió tener edificios institucionales en las respectivas fiscalías regionales y locales del país asegurando así la operatividad del sistema, mientras que para el funcionamiento de la Fiscalía Nacional se arrendaron sucesivos edificios en los que ha sido muy difícil garantizar estándares mínimos de seguridad asociados a la función de la persecución criminal, con un costo anual aproximado de 23.300 UF por concepto de arriendo.

Es por ello que en 2009 hubo importantes avances en el desarrollo del proyecto “Construcción del Edificio Institucional Fiscalía Nacional – Ministerio Público”, que una vez terminado permitirá ahorrar recursos, siendo el principal hito la selección de este terreno donde se construirá el Edificio Institucional del Ministerio Público.

Para este año está programado el desarrollo de la consultoría de diseño, mediante un Concurso de Arquitectura, que involucra un monto que se encuentra financiado con recursos propios.

Por otra parte, sabido es el grave impacto que el pasado terremoto del 27 de febrero ocasionó en la infraestructura del país. Nosotros no estuvimos ajenos a ello y contamos con numerosas fiscalías dañadas desde San Antonio, en la Región de Valparaíso, hasta Cañete en la Región del Biobío, estimando que el monto para la reparación de todos los inmuebles asciende a $ 2.230.648.520, sin considerar los costos de reposición de mobiliarios y equipos de oficina – cercanos a $ 3.000.000.

En otro ámbito, especial preocupación ha sido transparentar el quehacer administrativo y presupuestario del Ministerio Público, en conformidad con los preceptos de la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública y transparencia, para lo cual en nuestra página web institucional www.fiscaliadechile.cl se agregó un link denominado “Fiscalía Transparente” con información detallada sobre esos aspectos, que se actualiza periódicamente.

En el mismo sentido, hemos reorientado nuestra página web al servicio de nuestros usuarios, actualizando la información de cada una de las fiscalías locales y oficinas de atención a lo largo de todo el país, así como un apartado especial de orientación a las víctimas y testigos en cada una de las etapas del proceso penal.

Finalmente, en materia de agilización en la toma de decisiones, para este año he instruido implementar en la Fiscalía Nacional un proyecto de gestión documental y firma digital, que permitirá descongestionar y mejorar nuestros tiempos de respuesta.

IV LINEAMIENTO: POTENCIAR LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS

El último lineamiento de nuestro Plan Estratégico, pero sin duda uno de lo más relevantes, se refiere a la atención y protección a las víctimas y los testigos. Ello está contenido en las funciones que define nuestra Ley Orgánica Constitucional y en la misión establecida en el Plan. Bajo este lineamiento, buscamos acompañar a la víctima en su tránsito por el proceso penal, procurar protegerla y mantenerla informada, usar las redes asistenciales y asegurar su participación plena en el proceso persecutorio.

Proyecto OPA

Como adelantara en la Cuenta del año pasado, hemos desarrollado el PROGRAMA OPA, (Orientación, Protección y Apoyo), modelo de operación que responde a las necesidades de los usuarios en el proceso penal y que busca su cooperación para ejercer la acción penal pública y alcanzar buenos resultados procesales. Se trata de una nueva forma de relación más cercana con las víctimas y los testigos, que facilite el real ejercicio de sus derechos.

En 2008 iniciamos el piloto de este modelo en la Región de Coquimbo. La experiencia permitió mejorar los procesos y el diseño de una propuesta cada vez más adecuada para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Luego, en octubre de 2009, sumamos las Fiscalías Regionales de Arica y Parinacota, Antofagasta, La Araucanía, Los Lagos y O’Higgins, representando el 24% del ingreso de causas a nivel nacional y un tercio de las fiscalías regionales del país.

Y hoy podemos decir con satisfacción que logramos grandes avances del proyecto en 2009:

Se realizó un proceso de capacitación en el que participaron administrativos, técnicos y profesionales de las 45 fiscalías locales y oficinas de atención que implementaron el proyecto el Programa OPA.
Durante los tres primeros meses del proyecto, se evaluó con instrumentos estandarizados y objetivos, la situación de intimidación de 6.730 usuarios, principalmente víctimas que, como parte de las diligencias de investigación, tuvieron que declarar en las fiscalías.
De los casos diagnosticados con un alto nivel de intimidación (330) todos habían recibido de inmediato las medidas de protección adecuadas y fueron además atendidos especializadamente por profesionales de las Unidades de Atención a Víctimas y Testigos.
También durante 2009 el resto de las fiscalías se han preparado para el inicio de este proyecto. Las fiscalías de Tarapacá, Atacama, Aisén y Magallanes y la Antártica Chilena, ya han realizado las acciones de sensibilización y difusión interna y externa.
Esperamos estar en 2011 presentes en todo el país con nuestros servicios de Orientación, Protección y Apoyo.

Además, dentro del proyecto OPA, se materializaron dos iniciativas para mantener informada a las víctimas y testigos: la FiscalíaTV, proyecto audiovisual que se transmite en todas las salas de espera de las fiscalías locales adjuntas al programa OPA; y los dispensadores de material gráfico que apoyan la información entregada en las fiscalías.

Una de las iniciativas más importantes de este modelo es la puesta en marcha del Call Center Nacional, servicio que pretende constituirse en un medio oportuno y eficaz de contacto entre la Fiscalía y sus usuarios, víctimas y testigos, que requieran información de su causa o que estén en situación de riesgo.

Toda víctima o testigo puede contactarse con el Call Center y recibir la información que necesita, y si está en riesgo, ser protegida, al gestionarse las medidas de protección que correspondan según la evaluación de la situación de riesgo en que se encuentra.

Durante los primeros meses de funcionamiento, desde octubre de 2009, el Call Center ha atendido más de 30.000 llamadas de víctimas y testigos, provenientes de diferentes regiones.

Proyecto de protección especializada para víctimas y testigos de casos complejos

Diversos análisis y estudios confirman la necesidad de los Estados de contar con programas especializados de protección para casos vinculados a la criminalidad organizada, pues no basta con las medidas de protección ordinarias que la Fiscalía puede instruir o solicitar a los tribunales de garantía.

De ahí que la Fiscalía Nacional en 2009 puso en marcha el Proyecto de Protección Especializada para Víctimas y Testigos de Casos Complejos, que este año se extenderá a más regiones. La Fiscalía Regional de Tarapacá ejecutó el proyecto piloto inicial, diseñando y planificando en una mesa de carácter nacional, conformada por Carabineros, Policía de Investigaciones y la Fiscalía de Chile, los principales lineamientos operativos.

Transcurridos ya 8 meses, hubo un trabajo conjunto que tuvo como resultado evitar que se concretaran amenazas contra víctimas. En los casos ingresados, se adoptaron medidas altamente especializadas de protección que, obviamente, estoy impedido de explicar, para que no se afecte su eficacia.

Seguridad de Fiscales.

Hemos seguido preocupados por brindar a los fiscales una protección eficaz que les permita seguir adelante en las investigaciones penales a su cargo, sin que se vean afectados por amenazas, intimidaciones o atentados. Ello debido, también, a que en la mayoría de las fiscalías regionales del país existen causas de esta naturaleza. Así, durante el año 2009 y hasta la fecha se han registrado 21 casos de fiscales que han sido amenazados, intimidados u objeto de atentados en 9 fiscalías regionales.

Frente a esto, las distintas fiscalías han reaccionado dando aplicación al oficio N° 168 del 30 de marzo del año 2009, que establece un Procedimiento de Protección de Fiscales, y han implementado medidas adecuadas para brindar una protección especializada, oportuna y eficaz, tales como, reubicación del fiscal y su familia, entrega de teléfono móvil, y otros diez tipos distintos de medidas que, por mínimas razones de seguridad, no puedo detallar aquí.

Por otra parte, también las fiscalías regionales han realizado inversiones en medidas de carácter preventivo, que tampoco detallaré, pero que tienen por objeto minimizar los riesgos a que se encuentran expuestos los fiscales, como por ejemplo adquisición de equipamientos de seguridad portátiles.

Los gastos que han involucrado la implementación de estas medidas ascienden a $27.112.250, los cuales han sido financiados con fondos regionales de operación y $3.614.461 con el Fondo de Aportes Económicos del Ministerio Público a Víctimas y Testigos.

V MODIFICACIONES LEGALES

Hemos sostenido que nuestro sistema procesal se ha implementado exitosamente y se encuentra consolidado a lo largo del país. Pero es innegable que requiere de modificaciones legales que lo hagan compatible con la realidad social y delictual. Existen por tanto importantes materias donde resulta útil legislar para dotar a los fiscales y a nuestros policías de mayores y mejores herramientas para una eficiente persecución penal.

Las propuestas concretas son las siguientes:

En materia de drogas, en cuanto a la utilización de sustancias químicas para la elaboración de drogas ilícitas, solicitamos modificar el artículo 55 de la Ley 20.000 sobre desvío de precursores y sustancias químicas esenciales, en el sentido que se amplíe la fiscalización, no sólo respecto de las personas o empresas que deben estar inscritas en el Registro Especial de Usuarios de Sustancias Químicas Controladas, sino que además respecto de aquellas que comercialicen o transporten estas sustancias, , desincentivando así su circulación innecesaria y, por ende, la elaboración de drogas.

Modificación al Artículo 46 de la Ley 20.000. referida a recursos destinados a la persecución penal de estos delitos. Se propone que, como se señala en esa norma, el producto de la enajenación de los bienes y valores decomisados y los dineros en tal situación, ingresen a un fondo especial del Ministerio del Interior, para ser utilizados en programas de prevención del consumo de drogas, tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por la drogadicción, pero, además, se permita financiar la persecución de los delitos de que trata esta Ley, mediante el aporte de fondos adicionales para la Fiscalía, las policías y otros organismos encargados de la investigación de delitos de esta ley.
Estimamos que sería conveniente explorar la posibilidad que, tal como en se hace en Europa, algunos bienes muebles, como automóviles o camiones, sean directamente entregados a las policías, a solicitud de éstas, con las medidas de resguardo que se estimen pertinente. Para análogos fines debería perfeccionarse el mecanismo contemplado en el art. 40 de la Ley 20.000, respecto de bienes incautados durante la secuela del proceso penal.

En Delitos Sexuales:
El Decreto Ley N° 409 y el Decreto Supremo N° 64 en relación con la aplicación efectiva de las penas accesorias en materia de delitos sexuales, permiten que una persona, bajo determinadas condiciones, pueda solicitar que se le indulten todas las penas accesorias a que estuviere condenado y que su prontuario penal sea eliminado.

Promovemos una modificación legal que excluya la aplicación de estos beneficios a los condenados por delitos sexuales, o en su defecto, a quienes reincidan en la comisión de esta misma clase de delitos.

En materia de Corrupción:
Atendidas las obligaciones internacionales que emanan de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, y dado que en la conferencia de los Estados Parte realizada en Doha en noviembre de 2009, se ha adoptado un mecanismo de seguimiento de la Convención, estimo que es necesario revisar nuestra legislación a efectos de analizar si estamos dando pleno cumplimiento a tales obligaciones internacionales.

El artículo 50 de la Convención sobre “Técnicas especiales de investigación” señala que, con la finalidad de combatir eficazmente la corrupción, cada Estado Parte, debe adoptar diversas medidas de investigación, como “la vigilancia electrónica o de otra índole y las operaciones encubiertas”.

Creemos que este estándar internacional dota al órgano de persecución penal de las mejores herramientas de investigación posibles, en una materia de tanta importancia como la corrupción, y que en Chile se encuentran sólo disponibles para la investigación del Lavado de Activos.

Por ello, sugiero que esas mismas técnicas de investigación puedan ser usadas en casos de corrupción, con lo cual permitiríamos realizar mejores investigaciones y cumplir plenamente con los compromisos internacionales adquiridos por Chile.

Modificaciones legales en otras materias:

1º. Consideramos necesario modificar la Ley 18.314 sobre Conductas Terroristas, favoreciendo la incorporación del uso de técnicas especiales de investigación y de herramientas procesales que actualmente están completamente autorizadas para la indagación de tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero.

La ley vigente no permite enfrentar de una manera eficaz y oportuna este tipo de criminalidad compleja, puesto que impide, por ejemplo, el uso de agentes encubiertos autorizados para introducirse en una organización o grupo de carácter terrorista.
Tampoco se autoriza el uso de entregas controladas y/o vigiladas de elementos que puedan ser utilizados para la consecución de sus fines ilícitos (por ejemplo, de armas, municiones o explosivos), como tampoco la posibilidad de interceptar comunicaciones telefónicas sin límite mínimo de pena.

Por último, es necesario incorporar en la legislación que sanciona las conductas terroristas las herramientas procesales que apliquen determinadas medidas cautelares personales o reales respecto de los investigados y sus bienes antes de la formalización y sin conocimiento previo, en los términos señalados en la Ley 20.000.

2º. Nuestra actual legislación permite interceptar comunicaciones telefónicas sólo respecto de hechos punibles que merecieren pena de crimen. Atendido la eficacia que pueden tener este tipo de diligencias si se decretan pronto, fue ingresado un proyecto de ley, boletín 4523-15, que faculta a los fiscales para requerir directamente de las compañías de teléfonos, sin autorización judicial, la localización y datos de tránsito de las comunicaciones, entre otros antecedentes parciales y tangenciales de un teléfono determinado. Sin embargo, el proyecto fue rechazado en el Senado, lo que puede implicar una demora a la necesaria oportunidad y celeridad que deben tener las primeras diligencias investigativas afectando el éxito de las mismas. Es por ello que creemos que esas facultades deberían ser consideradas en un nuevo proyecto de Ley.

3º. Proponemos establecer un sistema de suplencia para fiscales que deban ausentarse de sus labores (especialmente pre y post natal y licencias por más de 30 días), para contar siempre con una persona que esté en condiciones de suplir el trabajo de un fiscal, lo que permitirá que los casos avancen más rápido y no se entorpezcan por situaciones naturales, como nacimiento de hijos o enfermedades.

4º. Quisiera también referirme a la ley 20.240, promulgada antes que asumiese el cargo de Fiscal Nacional, sobre incentivos para funcionarios y fiscales del Ministerio Publico. Luego de dos años de aplicación, nos hemos enfrentado a dificultades que, urgentemente, deben ser subsanadas. Entre ellos los inadecuados plazos que considera; los vacíos que presenta respecto de la evaluación de los compromisos acordados; la falta de proporcionalidad respecto del cumplimiento así como del pago a quienes, siendo parte del proceso de cumplimiento, dejan de pertenecer a la institución dentro de los primeros tres meses de un año calendario, y la forma en que dichos compromisos son compatibles con nuestro Plan Estratégico. Es imprescindible revisar dicho cuerpo legal y transformarlo en una herramienta efectiva de medición y evaluación que apoye el desarrollo de nuestra institución.

Finalmente, quiero hacer presente que todas estas modificaciones deberían ser acompañadas, necesariamente, de la modificación del Código Penal, de la reestructuración del sistema de ejecución de las medidas alternativas a la reclusión, contenidas en la Ley N° 18.216, y, también, de las medidas cautelares. En tal sentido nos hemos manifestado fuertemente partidarios del uso de tecnologías modernas de control en tales materias, tales como el uso de brazaletes o GPS, todo cuidando de no afectar garantías de los ciudadanos y evitar la estigmatización de ellos.
Asimismo, y sin majadería alguna, insisto en la absoluta necesidad del aumento de la dotación de fiscales y funcionarios. De esta forma podremos tener un avance significativo en el Sistema de Justicia Criminal.

VI OTRAS PROPUESTAS CONCRETAS

Como señalé al inicio de esta cuenta pública, la Reforma Procesal Penal fue posible en Chile, gracias a la unidad de los más diversos sectores y actores, en torno al objetivo de dotar a Chile de un sistema de justicia criminal más respetuoso de los derechos fundamentales de todos y más eficiente en su actuar. Ambos básicos objetivos, aun cuando falta mucho por mejorar se alcanzaron, gracias al trabajo de los distintos actores del sistema penal. Así, la labor de las policías, de los defensores, de los organismos auxiliares, como el SML, el Registro Civil o Gendarmería han permitido alcanzar los índices que exhibe Chile en esta materia, y que nos prestigian como país.

En relación con ello, expreso mi explícito reconocimiento al permanente diálogo, coordinación y cooperación que hemos mantenido con el Poder Judicial en general, y con la Excma. Corte Suprema en particular, en la persona de su anterior Presidente Urbano Marín y del actual, Milton Juica, los que con su experiencia, criterio jurídico y probidad han hecho y hacen más expedita nuestra diaria labor.

Ahora, sin perjuicio de las modificaciones legales que expresé serían deseables, paso a proponer las siguientes medidas concretas de mejoramiento del sistema de justicia penal:

1) Solicitud de las bases de datos sobre detenidos de Gendarmería de Chile.

Habitualmente, la información más completa y de calidad, incluso –en algunas circunstancias- por sobre la disponible en las policías o en la misma Fiscalía, sobre las características, en especial físicas, de los detenidos (tales como descripción corporal, cicatrices, enfermedades, cumplimiento de condenas anteriores, etc.), es la que posee Gendarmería de Chile. Esos antecedentes, muchas veces esenciales para una eficaz investigación, han sido puestos a disposición de los fiscales por dicha institución, pero ante peticiones hechas en casos particulares, y respecto de eventuales personas imputadas en forma directa.

Sin embargo, tener acceso completo a esas bases de datos nos permitirían lograr descartar eventuales imputados con mayor rapidez, minimizar errores y también mejorar aún más los reconocimientos fotográficos que se realizan con las víctimas, estandarizándolos y haciéndolos más certeros. Ello, junto con servirnos a nosotros respondería a una petición que, respecto de estos reconocimientos, han hecho incluso los propios defensores de los imputados.

Estimamos que no se requiere una modificación legal, sino sólo un Decreto del Ministerio de Justicia y, lo más importante, teniendo en cuenta que las investigaciones criminales son secretas, no se vulnerarían garantías de nadie. Asimismo, permitiría hacer más eficaz y eficiente la detección y persecución de los reincidentes.

En el mismo sentido, y complementario al anhelo procesal anterior, se pondrá en funcionamiento como piloto, en las Fiscalías Regionales Metropolitanas Sur y Oriente, la elaboración de una base de datos que perfeccione las ya existentes, respecto a los aprehendidos por las policías, incrementando el uso de la georeferenciación actual.

2) Instrucciones Generales a las policías.

Como ya conversé, informalmente, con el General Director y el General Subdirector de Carabineros, se dictarán, por parte de la Fiscalía Nacional, instrucciones generales obligatorias relativas a la realización de diligencias inmediatas para la investigación de determinados delitos, utilizando la facultad que se le concede al Fiscal Nacional por el artículo 87 del Código Procesal Penal.

Instrucciones como éstas ya se han dictado en el pasado, sin embargo lo novedoso es que se hará sobre la base de un Manual Práctico, con lenguaje concreto y directo, eliminando disquisiciones jurídicas superfluas y en un formato de archivador pequeño y liviano, que cada Carabinero territorial, de servicio en la calle, pueda llevar consigo.

Esta modalidad ya se ha probado en la práctica, con exitosos resultados, en dos regiones de Chile, y ahora la extenderemos a todo el país.

3) Mejora en la persecución de los delitos menores.

Dos aspectos en esta mejora:

A) Sin perjuicio que se ha hecho en casos concretos, potenciaremos la interacción con las Municipalidades, estimulando la coordinación al nivel de Fiscalías Regionales. Nos parece que los municipios tienen información importante y que, vía convenios de cooperación por ejemplo, debe ser analizada por la Fiscalía de Chile, lo que se ha hecho en ocasiones anteriores. Datos como el catastro de personas que, en cada comuna, trabajan en la calle con permiso municipal, puede servir para la persecución de delitos menores u otros de permanente ocurrencia, como el robo de vehículos y sus accesorios.

Dentro de esa misma lógica, estaremos muy atentos, para propender a un aumento de la cercanía con la vecindad. Múltiples son las ocasiones en que los fiscales se reúnen directamente con Juntas de Vecinos u otras organizaciones comunales. Datos entregados por esa vía han derivado en notables éxitos investigativos.

Para reforzar estos contactos, incluiré en el proceso de evaluación anual de las Fiscalías Regionales, un ítem que mida las actividades de esa índole que se hacen en el año. Esto con el afán de relevar obligatoriamente algo que se realiza, facultativamente en el país por nuestra institución.

B)IDENTIFICACIÓN DE IDENTIDAD DE IMPUTADOS: “UNIDADES DE ANÁLISIS CRIMINAL”

La idea que planteo existe en diferentes lugares de Chile, pero sin una directriz orgánica y no a plena capacidad, debido a que estamos en una plena utilización de la dotación existente. Si se fortalece la dotación e infraestructura de nuestra institución, estaríamos en condiciones de instruir su aplicación en todo el país.

Concretamente señalo lo siguiente:

Del total de delitos ingresados al Ministerio Público durante el año 2009, el 51,2% presentaba imputados desconocidos. Al analizar los términos aplicados a estos casos, puede concluirse que las investigaciones que sí presentan inicialmente los antecedentes de la identidad del imputado tienen un porcentaje de términos judiciales significativamente superior. Ello porque, el volumen de ingresos que no registra un imputado con identidad conocida impacta directamente en los volúmenes de salidas facultativas que, aun cuando su existencia es propia del diseño del sistema, son los tipos de términos que tienen, en general, una evaluación negativa por parte de la población.

b.1) Propuesta de solución

Como ya señalé, durante el año 2009 la Fiscalía de Chile realizó un importante esfuerzo a fin de implementar el proyecto de Tramitación de Casos Menos Complejos (TCMC) en todo el país, lo cual permitió definir equipos especializados encargados de tramitar casos de menor complejidad, liberando recursos que se destinaron a la investigación de casos de mayor complejidad. No obstante, se considera que si, además, a las Unidades TCMC se le agregaran Unidades de Análisis Criminal encargadas de cruzar información respecto a todos los casos de menor complejidad, ello sería sumamente positivo para resultados más eficaces. Estas unidades deberían estar sujetas a los siguientes parámetros:

Tanto la competencia delictual como geográfica debería ser la misma de la Unidad TCMC a la cual se encuentra adscrita la Unidad de Análisis.
La labor de estas Unidades sería justamente efectuar análisis respecto a los principales fenómenos delictivos, como por ejemplo: robo de vehículos, robos a farmacias, bombas de bencina, entre otros. Para este fin se utilizará toda la información disponible por las Policías y por las Unidades TCMC, identificando lugares de mayores índices delictuales, patrones comunes de comisión, etc.; con el objeto de lograr la identificación de imputados en casos que inicialmente no cuentan con este dato, así como reunir antecedentes que permitan iniciar de oficio investigaciones para lograr el esclarecimiento de delitos relacionados. Cabe destacar que una vez recabado los antecedentes que permitan la identificación de los imputados, así como iniciar investigaciones de oficio, tales antecedentes deberían ser remitidos a los equipos de trabajo a cargo de las Casos Complejos de las Fiscalías Locales, para que realicen la tramitación correspondiente.

4) Proyecto Piloto de Intensificación de la Persecución de Organizaciones Criminales para el Narcotráfico.

Este proyecto se diseña tomando como base las conclusiones de numerosas entrevistas a fiscales especializados y policías, y privilegia la simpleza y el respeto a los actuales procesos de trabajo, para fortalecer lo que existe y no resulte un implante forzado. Esta sencillez se refleja, además, en que requiere mínimos recursos para ponerlo en marcha. Entre sus inmediatos objetivos específicos destaca aumentar al doble la cantidad de investigaciones con formalización por asociación ilícita para el narcotráfico, en un año.

5) Participación ciudadana:

Sin perjuicio de lo expresado en párrafos anteriores, y atentos a que uno de los valores fundamentales de la nueva justicia criminal es la transparencia, incentivaremos que la cuenta pública que cada año rindo sea más participativa. Para ello, y sin perjuicio de las restricciones de tiempo para abordarlas se buscará dar respuesta a las legítimas preguntas que surjan de organizaciones civiles, instituciones o cualquier persona de la comunidad. Durante todo el mes de Marzo de cada año, estará disponible un correo electrónico donde se recibirán las inquietudes que se planteen, respecto del funcionamiento de la Fiscalía en el año anterior, las que serán –en la mayor medida posible- resueltas en la Cuenta Pública Anual que debe rendir el Fiscal Nacional en Abril de cada año.

Esta no será una instancia para responder reclamos, porque nuestra Ley Orgánica Constitucional contempla otro procedimiento para ello, el que funciona satisfactoriamente.

6) Comisión Coordinadora:

La Comisión de Coordinación de la Reforma Procesal Penal que contemplaba la ley 19.665 en poco menos de dos meses cesará su existencia por mandato legal. Conscientes de ello, creemos que debe dictarse una nueva Ley que la reactive.

En ese orden de ideas, y sin perjuicio del eventual Proyecto de Ley, estoy completamente de acuerdo y apoyo expresamente la idea que me planteara, hace un tiempo, el Excmo. Presidente de la Corte Suprema, don Milton Juica, en orden a convocar a una mesa de coordinación entre el Poder Judicial y la Fiscalía, a la que se invitaría también a formar parte a la Defensoría Penal, para que se reúna bimensualmente, con el fin de analizar las dificultades que se produzcan, para solucionarlas y potenciar las buenas prácticas que existen.