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Cuenta Pública 2009

Cuenta Pública 2009

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Cuenta Pública 2009

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Introducción 2009
I.- Lineamientos Estratégicos de Corto Plazo
II.- Plan de Persecución Criminal 2008 – 2010
III.- Prevención del Delito
IV.- Plan Estratégico del Ministerio Público 2009 – 2015
V.- Propuesta de Modificaciones Legales
VI.- Palabras Finales

Introducción 2009

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21 de la ley 19.640, rindo cuenta pública de las actividades del Ministerio Público durante el año 2008.
Al asumir como Fiscal Nacional en el mes de diciembre del año 2007, debí hacerme cargo de manera prioritaria de tres grandes desafíos institucionales:

En primer término, establecer lineamientos estratégicos de corto plazo, orientados a estandarizar y hacer más eficientes los modelos de gestión del Ministerio Público en su conjunto. Con ello pretendíamos mejorar la eficacia en la persecución penal y enfrentar el sostenido incremento de ingresos, evitando cualquier síntoma de burocratización al interior de nuestra institución y, consecuentemente, del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, fijar ciertos principios en los que se sustentaría la persecución penal y diseñar un Plan de Persecución Criminal también de corto plazo, que orientara la respuesta penal respecto de ciertos delitos que por su lesividad, o por la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que los sufren, hicieran necesaria una intervención más focalizada, intensa y expedita. Dicho Plan consideró, además, el desarrollo de una plataforma de proyectos orientados a mejorar la atención y protección de víctimas y testigos y la generación de vasos comunicantes entre el Ministerio Público, la comunidad, los poderes del Estado y una serie de organismos no gubernamentales, para colaborar con estrategias de prevención del crimen y rehabilitación del infractor.

En tercer lugar, y una vez establecidas las bases para desarrollar un trabajo a largo plazo, asumir el desafío de diseñar y ejecutar el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional para el período 2009-2015, considerando, en su diseño, la participación activa de fiscales y funcionarios del Ministerio Público a lo largo de todo Chile.

I LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE CORTO PLAZO.

Cuatro fueron las directrices que estimé necesario considerar en esta primera etapa:

1.- DESARROLLO DE UNA PERSECUCIÓN PENAL EFICAZ Y EFICIENTE

Durante el año 2008, el Ministerio Público registró un ingreso superior al millón de denuncias, alcanzándose un total de 1.213.797 causas. Como pueden observar, se mantiene el sostenido aumento en el número de denuncias, que en 2008, alcanzó un incremento del 12,5% en relación al año 2007.

Los delitos más frecuentes corresponden a “Robos no Violentos”, esto es robo en lugar habitado y robo en lugar no habitado con un porcentaje de 15,3% y, las “Lesiones” que alcanzaron la segunda más alta incidencia, con un porcentaje de 14,4% de los ingreso.

1.1.- CAUSAS TERMINADAS Y TIPO DE TÉRMINOS APLICADOS

El año 2008, se dio término a la tramitación de 1.309.332 investigaciones, cifra que representa un 8% más de casos terminados respecto a los ingresos del período. Este valor es superior en más de 11 puntos porcentuales respecto al porcentaje de términos del año 2007, lo que refleja el esfuerzo realizado por el Ministerio Público durante el año 2008, por administrar adecuadamente las cargas de trabajo y el volumen histórico de casos.

Sin perjuicio de estas cifras, es un objetivo estratégico del Ministerio Público, alcanzar en el mediano plazo, una tasa de Término Acumulada Anual igual o superior al 100%. En este sentido, desde la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal en la Región Metropolitana el año 2005, hasta el 31 de diciembre de 2008, la Fiscalía ha terminado un total de 4.662.491 causas, lo que representa un 95% respecto del total de ingresos del país.

En cuanto a los términos, en un 60,7% se aplicó una salida facultativa, mientras que a un 39,3% del total de los ingresos se les aplicó una salida judicial, cifras en sintonía con los estándares de países con sistemas acusatorios desarrollados y consolidados.

Sobre este punto, es relevante destacar las acciones encaminadas a disminuir las salidas facultativas, lográndose durante el 2008 una reducción del 3,7%, y una baja en un 2,6% del uso del “archivo provisional”, en relación al año 2007.

En lo que se refiere a las salidas judiciales, durante el 2008 se logró un 14,2 % de “sentencias definitivas condenatorias” respecto del total de términos judicializados.

1.2 TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITACIÓN DE CAUSAS.

El año 2008 marca un cambio en lo que se refiere a su disminución: el tiempo promedio de tramitación fue de 93 días, lo que representa una mejora respecto de los 97 días promedio del año anterior.

1.3 JUICIOS ORALES Y SENTENCIAS

Durante el año 2008, se realizaron 7.002 juicios orales, lo que significó un aumento del 15,1% respecto del año 2007.

Del total de juicios realizados, el Ministerio Público logró un 88,7% de sentencias condenatorias.

2.- FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Una de las primeras directrices dadas a las unidades especializadas de la Fiscalía Nacional, fue potenciar la coordinación interinstitucional del Ministerio Público, siempre en aras de fortalecer la función de persecución penal.

Hoy es posible afirmar que desde el nivel central, y también en las distintas regiones, existe una adecuada y permanente relación con actores relevantes del sistema de justicia criminal.

A nombre del Ministerio Público, destacamos y agradecemos muy especialmente a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, su permanente disposición a conformar equipos de trabajo y mesas de análisis con los fiscales durante 2008.

3.- MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA E INFRAESTRUCTURA: Del presupuesto final del Ministerio Público para el 2008, esto es M$ 96.776.459.- (noventa y seis mil setecientos setenta y seis millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil pesos), se ejecutó un total de M$ 92.202.040.- (noventa y dos mil doscientos dos millones cuarenta mil pesos), alcanzando el 95,27% de ejecución anual, la que fue superior a la ejecución del año 2007, correspondiente a 91,36%.

Este nivel de ejecución presupuestaria, permitió una adecuada operación de las fiscalías en todas las regiones del país, incluyendo las dos nuevas regiones: Arica y Parinacota, y Los Ríos, destacándose, además, el avance de ejecución en el área de inversión en infraestructura. Así, durante el año 2008 se concluyeron los proyectos de construcción de la Fiscalía Local de Los Vilos y la Fiscalía Local de Victoria, además de materializarse la compra de los inmuebles correspondientes a la Fiscalía Local de Illapel, de San Antonio y la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, incluidas sus Fiscalías Locales Especializadas.

Como mencioné en mi anterior cuenta pública, es prioritario para esta administración, disponer de un edificio institucional que sirva de sede a la Fiscalía Nacional, dado lo relevante de contar con instalaciones propias que garanticen mínimos estándares de seguridad asociados a la función de la persecución criminal.

Es por ello que durante el año 2008, se elaboró un perfil del proyecto de inversión denominado “Construcción del Edificio Institucional de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público”, el que ya fue ingresado al Ministerio de Planificación y Cooperación, para su correspondiente evaluación técnico-económica, de cara al marco presupuestario 2009. Hoy, acaba de finalizar el proceso de Licitación Privada y se ha seleccionado un terreno ubicado en el área definida para la localización del Edificio Institucional.

3.2 DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO:
Actualmente existen 665 fiscales (adjuntos y regionales), y 3086 funcionarios del Ministerio Público a lo largo de 127 fiscalías locales, 18 Fiscalías Regionales y la Fiscalía Nacional.

En materia de Selección y Reclutamiento, durante el año 2008, se realizaron a nivel nacional, 242 llamados a concursos públicos, para un total de 548 cargos de funcionarios y 84 de fiscales.

Dos cuestiones prioritarias consideré necesario asumir en materia de recursos humanos, durante el 2008: En primer lugar, el tema de la ausencia de una carrera funcionaria, materia que precisamente abordamos en el marco de los Compromisos de Gestión Institucional, para lo cual se conformó una comisión interna que, con aportes de las asociaciones de funcionarios, se encuentra trabajando en el desarrollo de mecánicas que permitirán al Ministerio Público, contar con un diseño de carrera basado en el mérito y las competencias.

El segundo aspecto que debió desarrollarse fue el referido a la detección de determinados problemas en materia de clima laboral presentes en algunas fiscalías producto, en muchos casos, de las pesadas cargas de trabajo y extensas jornadas laborales. Por ello, hace un año, se suscribió un conjunto de compromisos para mejorar el clima laboral, generando un plan de intervención para los años 2008 y 2009, al final del cual, nuevamente el Ministerio Público se someterá a una medición de clima que nos permitirá evaluar adecuadamente el real impacto de las tareas comprometidas.

CAPACITACIÓN

Durante el año recién pasado, se ejecutaron 287 actividades de capacitación y perfeccionamiento, en las que participaron un número total de 6.082 funcionarios, lo que significó un total de 4.408 horas cronológicas.

Para el año 2008, la Fiscalía Nacional adoptó dos líneas de acción en materia de capacitación: (1) reimpulsar el proyecto de Academia del Ministerio Publico y (2) cambiar la dependencia de la Unidad Nacional de Capacitación de la Fiscalía Nacional a la División de Recursos Humanos, amparando ambas entidades bajo el modelo de Gestión por Competencias, que valora aptitudes y méritos.

En efecto, durante mi primer año de administración, instruí dar prioridad al proyecto que buscaba contar con una Academia o Centro de Formación de Fiscales y Funcionarios, que permita una debida y permanente capacitación, en un contexto de actualización y mejora continua de sus competencias. Con tal propósito, durante el año 2008, se elaboró una propuesta de Diseño de la Academia o Escuela del Ministerio Público y se puso en marcha la ejecución del Convenio suscrito con la Agencia Chilena de Cooperación Internacional (AGCI), que permitirá disponer de los fondos de la cooperación internacional, aportados por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID).

3.3 REDEFINICIÓN OPERATIVA DE OFICIOS E INSTRUCTIVOS

Como referí en mi primera cuenta pública, entre los años 2000 y 2007 se dictaron alrededor de 600 documentos -entre oficios e instructivos- conteniendo diversos criterios de actuación, por lo que se hacía necesaria una sistematización y actualización de la normativa interna. En tal sentido, como primera medida, se instruyó su clasificación por materias, a objeto de refundirlos en documentos por especialidades.
Así, durante el año 2008, las unidades especializadas trabajaron en la refundición en un texto único de las instrucciones vigentes, los que fueron socializados con todas las fiscalías regionales del país, de modo de obtener los documentos definitivos.
Bajo la misma premisa y, en estrecha relación con los avances en materia de gestión, se consolidó la totalidad de las instrucciones generales relativas a salidas tempranas, acorde con la etapa de estandarización de procesos de trabajo y modelos de gestión, impulsada en todas las fiscalías del país.

Además, durante los meses de enero y marzo de este año se dictaron las instrucciones generales únicas que, a partir de esa fecha, rigen en materia de corrupción, delitos económicos, lavado de dinero y delitos de la Ley N° 20.000, quedando sin efecto más de 145 instrucciones anteriores en dichos ámbitos.

3.4 DESBUROCRATIZACIÓN Y CONTROL EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONESL

El Ministerio Público debe ejercer una persecución penal eficiente y, por ello, requiere de una política interna que propenda a que las decisiones administrativas sean oportunas, evitando obstáculos burocráticos que entraben el accionar de las fiscalías.

Por una parte, se han dispuesto medidas para descentralizar la toma de gran cantidad de decisiones administrativas, radicándolas preferentemente en los fiscales regionales y, por otra, se ha propendido a que las decisiones que requieren ser tomadas en el nivel central, se adopten y comuniquen oportunamente. Con tal afán descentralizador, durante el mes de octubre de 2008 aprobé una nueva versión del “Reglamento de Compra Bienes Muebles y Contratación de Servicios”, buscando dar mayor autonomía a las Fiscalías Regionales. Además, se ha instruido estudiar otras modificaciones reglamentarias que puedan favorecer la expedita toma de decisiones en materia de Recursos Humanos. Esperamos, durante el 2009, elaborar un catastro que tenga por objeto refundir y flexibilizar las resoluciones que delegan facultades en los Fiscales Regionales. Además se privilegiará el envío de documentación por vía electrónica, así como la utilización de firma digital y el control de los tiempos de respuesta del Ministerio Público.

3.5 PROYECTO TRAMITACIÓN DE CAUSAS MENOS COMPLEJAS (TCMC)

Un sello distintivo del Ministerio Público, desde los inicios de la Reforma Procesal Penal, lo constituye la incorporación de criterios de gestión y eficiencia en los procesos de trabajo institucional. Las fiscalías, progresivamente, fueron instaurando y perfeccionando modelos de operación de acuerdo a sus realidades y exigencias. Una vez implementada la reforma en todo el país y, desde que asumí como Fiscal Nacional, anuncié que, no obstante considerar adecuadamente las realidades delictuales de cada zona, la Fiscalía no era un archipiélago y que debíamos contar con procesos de trabajo básicos y uniformes, que nos permitieran medir con objetividad nuestro actuar y que, asimismo, facilitaran nuestro accionar con los actores del sistema.

“Un robo cometido en Arica no debía ni puede tener un procedimiento de investigación diametralmente distinto a uno cometido en Valparaíso o Puerto Montt.”

En ese contexto, durante mi primer año de gestión, instruí la estandarización de procesos de trabajo con la colaboración de las Fiscalías Regionales del país y, principalmente, a través de sus Directores Ejecutivos Regionales, comenzando por sistematizar las mejores prácticas actualmente en operación.

De este trabajo, surgió un modelo de operación que busca hacerse cargo, en una primera fase, de estandarizar la tramitación de los delitos de mayor frecuencia y menor complejidad, los cuales representan cerca del 80% de nuestras denuncias para, de esta forma, disminuir los tiempos de tramitación y la carga de trabajo de nuestros fiscales, mejorando, además, la focalización de recursos, y el control de los casos de alta complejidad.
A partir del año 2009 comenzó su implementación gradual en el país, lo que nos permitirá, además, homogeneizar los procesos de atención de usuarios, incorporar canales de comunicación expeditos y entregar información oportuna y precisa a las víctimas y testigo.

4.- FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS.

4.1 MODELO DE ATENCIÓN OPA :
Durante el año 2008, se diseñó un programa de “Mejoramiento de la atención que brinda el Ministerio Público a Víctimas y Testigos”, cuyo proyecto piloto fue inaugurado en la Región de Coquimbo, en el mes de agosto.

Este programa, que focaliza los esfuerzos en relación a la atención de las víctimas y testigos, considera un modelo basado en tres conceptos: Orientación, Protección y Apoyo, de ahí su sigla OPA.

Orientación a la víctima o testigo: a través de la entrega de información básica sobre su investigación, sus derechos y el curso de la misma; considerando, además, la entrega de antecedentes respecto de la oferta de atención pública o privada en el ámbito reparatorio psicológico y social.

Protección: para aquellas víctimas o testigos que sean intimidados o amenazados con el fin de hacerlos desistir de su participación en el proceso penal. En ese evento, los atendedores de las Fiscalías evalúan su nivel de “intimidación” y, de acuerdo a sus resultados, se busca implementar oportunamente las medidas de protección necesarias.

Apoyo a la víctima o testigo. Buscando facilitar su participación en el proceso, los funcionarios de las fiscalías evalúan las necesidades de víctimas y testigos, para aminorar el impacto emocional y la inversión de tiempo y recursos que puede implicar su paso por el sistema penal.

Tal y como señalé en su oportunidad, este modelo no sólo se implementaría, sino que además sería sometido a EVALUACIÓN. En efecto, a través de un estudio de satisfacción realizado por una empresa externa, los usuarios calificaron el servicio de Orientación entregado con un 6,3, en una escala de 1 a 7, considerando su calidad, utilidad y claridad. También refirieron que la intimidación que sienten disminuye después de la acción que realiza la Fiscalía en el contexto de la toma de declaración.

Para aquellas víctimas más vulnerables, hemos contemplado procesos de trabajo específicos. De este modo, las víctimas de violencia intrafamiliar, de delitos sexuales y de alto riesgo, reciben los servicios de orientación, protección y apoyo de manera diferenciada y especializada, con la participación y asesoría de los profesionales de las Unidades de Atención a Víctimas y Testigos.

4.2 MODELO DE INTERVENCIÓN INMEDIATA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR :
Estoy convencido que, en materia de Violencia Intrafamiliar, y con una visión de Estado, aún tenemos el desafío de generar y articular políticas públicas a fin de establecer un sistema interinstitucional integrado que optimice los recursos existentes, identifique y focalice oportunamente el déficit que pueda existir de oferta especializada, acoja de manera sensible a las víctimas y les entregue una atención de calidad. La persecución penal y la protección a las víctimas que nos corresponde como Ministerio Público es sólo un eslabón de la cadena de servicios que una víctima de Violencia Intrafamiliar requiere para avanzar en la superación de este problema. La tarea es ardua, pero estoy convencido que realizando un esfuerzo mancomunado, donde cada institución o sector contribuya, es posible avanzar hacia una sociedad que vela por el goce y ejercicio efectivo de los derechos de las personas.

En tal sentido, la violencia intrafamiliar constituye un aspecto de especial relevancia para el Ministerio Público, principalmente por la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas. Por esta razón, ordené la elaboración de un modelo especializado, cuyo propósito es brindar una protección oportuna y efectiva, de forma tal que las víctimas se puedan sentir a resguardo, valorando, además, como satisfactoria la atención que se les brinda.

Este proyecto se implementó a contar de julio del año 2008, en 9 Fiscalías Regionales: Las 4 Metropolitanas y las Fiscalías Regionales de Tarapacá, Coquimbo, del Libertador General Bernardo O’Higgins, de la Araucanía y de Aysén. Desde su puesta en marcha, y hasta Diciembre del pasado año, ingresaron al proyecto 12.886 víctimas.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

El 70,2% de las víctimas fueron contactadas en un plazo inferior a 24 horas.
Un 79,6% de las víctimas que fueron evaluadas en su situación de riesgo, lo fueron dentro de las primeras 48 horas desde la recepción del caso en la fiscalía; y
El 66,6% de los casos considerados como de riesgo medio o alto, obtuvieron las medidas de protección correspondientes, dentro de las 48 horas siguientes a la evaluación.

Siguiendo la metodología que he establecido para el desarrollo de programas del Ministerio Público, el sistema fue evaluado también por una empresa externa. Esto, bajo la modalidad de encuesta de percepción, la que arrojó los siguientes resultados:

El 73,4% de las víctimas encuestadas evaluó la atención como muy buena o excelente.
El 76% de las víctimas evaluaron con nota entre 6 y 7 la información recibida.
El 73,5% de las víctimas evaluaron la rapidez en la adopción de las medidas de protección como muy buena o excelente; y
El 76,9% consideraron como muy buena o excelente la forma de término de sus causas.

Cabe destacar, que la implementación de estos proyectos ha implicado un importante esfuerzo de las respectivas fiscalías regionales, como asimismo del Poder Judicial, las policías e instituciones del aparato público.

Con las policías y, especialmente, con Carabineros de Chile, se han realizados numerosas reuniones de coordinación dado su rol clave en el reporte temprano de estos ilícitos.

De manera complementaria, la mayoría de las Fiscalías Regionales ha realizado un valioso trabajo de articulación con los Tribunales de Garantía, lo que ha permitido el desarrollo de acciones tendientes a mejorar la oportunidad de los procedimientos y efectividad de los mismos, disminuyendo, por ejemplo, los tiempos de fijación de audiencias.

Además, se ha implementado un trabajo coordinado con la red pública, encargada de dar atención especializada a estos casos, para lograr la disponibilidad de una respuesta integral y oportuna para las víctimas de la violencia intrafamiliar.

En este sentido, ratifico el fuerte compromiso que tienen y deben tener todos los funcionarios y fiscales, en su respectivo ámbito de competencia, para responder a los usuarios del sistema en sus necesidades de Orientación, de Protección y de Apoyo, lo que permitirá, alcanzar y mantener altos estándares de calidad en la atención. Durante el año 2009, seguiremos trabajando en mejorar los pilotos instaurados e iremos incorporando, paulatinamente, en otras regiones, los referidos modelos.

II PLAN DE PERSECUCIÓN CRIMINAL 2008 – 2010

Hace un año, en este mismo lugar, anuncié una estrategia de persecución penal de corto plazo, y señalé que debía ser concebida en el contexto de entender el delito como un fenómeno que afecta a toda la sociedad y que, por tanto, requiere de la participación activa del Estado y de la sociedad civil en su conjunto; que la persecución penal debe estar supeditada a los principios que sustentan el estado social y democrático de derecho; que debemos comprometernos en materia de prevención, protección y asistencia a la víctima; que debemos ser capaces de focalizar los esfuerzos en aquellos delitos de mayor connotación social, utilizando adecuadamente las salidas alternativas; y que la cooperación internacional constituye un eje fundamental, en un mundo globalizado.

Junto con reafirmar dichas directrices, paso a dar cuenta pública de los resultados en esta materia:

1.- EL MINISTERIO PÚBLICO COMO PARTE DE LA RESPUESTA DEL ESTADO FRENTE AL DELITO.

Entendemos que el delito afecta transversalmente la convivencia social y convoca a todos sus actores a enfrentarlo; en dicho contexto, el Ministerio Público cumple esencialmente la función de investigar, acusar y proteger a víctimas y testigos, pero el fenómeno delictual requiere no sólo estrategias de represión, sino que también de prevención y cumplimiento penitenciario. Frente a esa realidad, nos sumamos y estamos dispuestos a colaborar - con todo el profesionalismo que caracteriza a esta institución- a las iniciativas que con sentido de Estado se articulen contra la delincuencia, sin perjuicio de tener presente que el rol fundamental en prevención escapa a nuestras principales misiones y competencias –lo que no significa obviamente que nada podamos hacer - y que el papel protagónico y capital en las materias de control y de cumplimiento penitenciario está en el ámbito de Gendarmería de Chile y de los órganos jurisdiccionales. .

1.1 PRESENCIA ACTIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN INICIATIVAS DEL ESTADO SOBRE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA.

ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

El Ministerio Público fue evaluado con un 100% de cumplimiento en el contexto de las metas comprometidas con la Estrategia de Seguridad Pública. En este sentido:

Se implementaron los proyectos piloto de atención de víctimas de violencia intrafamiliar en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte y en Fiscalía Regional de la Araucanía.
Se logró, a nivel nacional, una cantidad de sentencias definitivas condenatorias o salidas alternativas superiores al 75% comprometido, en delitos de mayor connotación social.
Se implementó un proyecto piloto que utilizó el concepto de Call Center o Centro de Llamadas, logrando que los intervinientes directos de un delito, recibieran información en tiempo real acerca del estado de situación de su denuncia. Cabe destacar que se recepcionaron más de 44.000 consultas, de las cuales un 78% derivaron en atenciones directas de los intervinientes

DIAGNÓSTICO TÉCNICO COMPARTIDO SOBRE EL ESTADO DE LA CRIMINALIDAD EN CHILE.

El Ministerio Público pasó a conformar en 2008, una iniciativa conjunta en la que intervienen 23 instituciones, que busca relacionar las distintas fuentes de información disponibles, y de esta forma comprender y analizar transversalmente el funcionamiento del sistema de justicia criminal. Como resultado de lo anterior, durante el segundo semestre de 2008, se publicó el Primer Anuario Común de Estadísticas Criminales para los años 2006 - 2007.

1.2 PRESENCIA DE LOS FISCALES EN INICIATIVAS LOCALES Y COMUNITARIAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO.

Entendemos que la comunidad debe formar parte de la estrategia penal focalizada, donde fiscales y ciudadanos confluyen en acuerdos recíprocos de colaboración.
Durante enero del presente año, todas las fiscalías regionales del Ministerio Público cumplieron el mandato de rendir cuenta pública regional de su desempeño. Los 18 fiscales regionales del país, sin excepción, dieron a conocer las iniciativas de acercamiento y difusión comunitaria que están desarrollando en las distintas zonas de Chile. Así, se han desarrollado programas donde se ha capacitado a dirigentes vecinales, se han analizado focalizadamente los fenómenos delictuales que los afectan, se han abordado casos concretos que los atañen, y se ha levantado información relevante a objeto de perseguir penalmente a delincuentes y bandas que operan en sus comunidades.

Para el año 2009, el Ministerio Público se compromete a desarrollar y supervisar un programa nacional de acercamiento a la comunidad, que potencie la participación de ésta en el sistema..

2.- INTENSIFICACIÓN DE LA RESPUESTA PENAL EN MATERIA DE NARCOTRÁFICO, MICROTRÁFICO, USO Y PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE EDAD Y CORRUPCIÓN.

2.1 NARCOTRÁFICO

El Ministerio Público observó durante el año 2008, un aumentó considerable de la incautación de marihuana paraguaya prensada, debido a una mejor indagación del fenómeno desde su fuente de origen, donde la labor conjunta de fiscales y unidades policiales especializadas ha sido fundamental. En efecto, se logró desbaratar varias organizaciones compuestas, principalmente, por ciudadanos paraguayos, argentinos y chilenos, quienes ingresaban grandes cantidades de esta sustancia a nuestro país. Creemos que contribuyó al aumento de los decomisos el creciente control existente en el Complejo Los Libertadores, lo que ha movido a las organizaciones dedicadas a este ilícito a buscar nuevas rutas en el sur del país, a fin de poder ingresar por pasos fronterizos pretendidamente menos custodiados. Lo anterior hace necesario proseguir con el fortalecimiento de los controles aduaneros en todo el territorio de la República, mediante la incorporación de personal especializado y tecnología de punta para el descubrimiento de droga.

En materia de cocaína y pasta base, se produjo una disminución de la incautación de estos tipos de droga, lo cual entendemos puede ser resultado del bajo precio de la marihuana - cuyo consumo ha aumentado- a diferencia de la cocaína y pasta base que, según la encuesta de consumo de CONACE, muestran un estancamiento en su ingesta. Creemos que el reforzamiento de los controles fronterizos de la zona norte del país, ha traído como consecuencia la toma de mayores precauciones por parte de los narcotraficantes, a la hora de decidir el ingreso de droga al territorio de la República.

Durante el año 2008 y no obstante existir una menor cantidad de cocaína y pasta base incautada, se ha producido un aumento sustancial en el número de casos investigados por el Ministerio Público, con un 50 % de incremento de los casos de Microtráfico, y un 12 % en los casos de Tráfico de drogas en grandes cantidades.

Además, el Ministerio Público logró un aumento del 33% de las personas detenidas por estos delitos, destacándose la eficacia obtenida, pues, aún cuando mermó la cantidad de droga incautada, se obtuvieron buenos resultados en términos investigativos, mejorándose los estándares en este ámbito. Ello sumado al aumento en la cantidad de juicios orales efectuados en estas materias en el país, que alcanzaron a 1.197, lo cual representa un 13% de los Juicios Orales llevados a efecto por el Ministerio Público en el período.

Dentro de los temas más sensibles que observa el Ministerio Público en relación al fenómeno del tráfico de drogas, está el alto nivel de armas de fuego incautadas a los narcotraficantes, lo cual revela un cambio de perfil del sujeto dedicado a esta actividad, elevándose los grados de violencia existentes, motivo por el cual se hace indispensable, y continuaremos fomentando, las investigaciones vinculadas al comercio ilícito de armas de fuego. Además, se observa una más alta presencia de Microtráfico en los principales centros urbanos del país, lo cual trae consigo un importante efecto en el consumo de drogas, especialmente en menores de edad que se vuelven vulnerables a estos delitos.

Como criterio de persecución he sostenido que, fenómenos delictuales complejos como el narcotráfico, deben ser abordados desde la perspectiva de desarticular las bases mismas que promueven y facilitan este delito, y no solamente persiguiendo el último eslabón de la cadena delictual. Concretamente, y bajo esta lógica, las fiscalías del Ministerio Público realizaron durante el 2008, investigaciones contra relevantes organizaciones criminales de tráfico de drogas, que internaban grandes cantidades de narcóticos al país, resultando detenidos importadores, transportistas, distribuidores y financistas, lográndose imputar delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de dinero, así como también desarticular sus millonarias redes de financiamiento mediante la incautación de sus bienes.

Persecución Interregional.

Las buenas coordinaciones entre ministerios públicos y policías de la región, han permitido el desarrollo de exitosas operaciones contra el narcotráfico; en tal sentido, destacamos los éxitos logrados conjuntamente con Perú, Paraguay, Brasil y Argentina.

Coordinación Interinstitucional

Durante 2008, potenciamos nuestra labor de coordinación interinstitucional en los ámbitos marítimos y aeroportuario: así, en un trabajo sistemático con el Servicio Nacional de Aduanas y la Dirección de Territorio Marítimo, hemos logrado intensificar la fiscalización aleatoria de barcos y carga portuaria y aeroportuaria.

Destacamos como muy relevante, la consolidación de la institucionalidad existente en materia de control del desvío de precursores químicos, estando plenamente operativo el registro de dichas sustancias precursoras y esenciales, lo cual se ha traducido en un aumento de las investigaciones de este tipo de delitos, especialmente en el norte del país.

En tal sentido, hemos avanzado en la generación de un "Registro Especial de Usuarios de Sustancias Químicas Controladas, realizando reuniones de coordinación, entre otros, con el CONACE y el Departamento de Investigación de Sustancias Químicas de la PDI, existiendo a la fecha 14 sentencias condenatorias en esta materia.

2.2 MICROTRÁFICO .

La Fiscalía Nacional impulsó un programa de persecución focalizada al microtráfico el cual fue ejecutado en las regiones con más alta población del país, a saber, V, VIII y Metropolitana.

El trabajo realizado en esta área consistió en detectar los focos con más alta presencia de microtráfico, y luego realizar operativos, maximizando la utilización de los recursos policiales en cada uno de los sectores intervenidos. Los resultados de dicha estrategia han sido altamente exitosos y se tradujeron en la realización de más de 50 procedimientos bajo esta modalidad, originando numerosos detenidos y condenados, así como produciendo una fuerte incautación de armas existentes en su poder.

Sin embargo, esta es una tarea de largo aliento, para lo cual he dispuesto extender esta modalidad investigativa para todo el país en las comunas de mayor concentración urbana, siendo fundamental para el éxito de este trabajo la colaboración de las policías y la comunidad. De esta forma, suscribimos, este mes, un compromiso con Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile, para impulsar y sostener con más fuerza y destinación de recursos esta iniciativa.

2.3 USO Y PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO.

Durante el 2008, fiscales y policías, han logrado desarticular importantes bandas y organizaciones criminales, incautándoles armas, municiones y bienes, logrando además perseguir penalmente a los proveedores e intermediarios que los abastecían.

De esta forma, hemos logrado el desbaratamiento de grupos de personas que se dedicaban a este ilícito negocio, contribuyendo a mejorar un aspecto sensible para la ciudadanía, como es la proliferación de armas de fuego en poder de los delincuentes.

2.4 DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE EDAD.

Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, “ESCNNA”.

Atendida su gravedad y los efectos permanentes que provocan los delitos graves contra menores de edad, especialmente los de carácter sexual, señalé en su oportunidad que, durante el año 2008, el Ministerio Público intensificaría la persecución penal de estos ilícitos, especialmente en lo que respecta a la desarticulación de redes de pederastas.

Es por ello que se diseñó un programa, en colaboración con Carabineros de Chile, la PDI y algunas ONGs, cuyo objetivo general es desarrollar una metodología específica de investigación para los delitos de explotación sexual infantil, interviniendo los focos de proliferación de estos ilícitos en una determinada localidad.

En virtud de lo señalado, se ejecutaron por parte del Ministerio Público durante el 2008, acciones tendientes a levantar información, analizar y determinar los focos de explotación sexual de menores en la Región Metropolitana. El proyecto se está desarrollando actualmente en las Fiscalías Regionales Metropolitanas Occidente y Sur y, de acuerdo a sus resultados, se pretende ampliarlo a otras regiones del país.

GROOMING

En relación a este anglicismo, acoso sexual vía electrónica, nuestra legislación no considera expresamente un tipo penal asociado a este nuevo fenómeno delictual. Por esta razón, los fiscales han debido perseguirlo utilizando otras figuras que contempla el Código Penal. No obstante, durante el año 2008 se han desarrollado investigaciones que han tenido como resultado, las dos primeras condenas por este tipo de conductas.

En virtud de lo expuesto, actualmente está en plena discusión el proyecto de ley que sanciona el child grooming y otras conductas asociadas, iniciativa legal en que el Ministerio Público participó como referente técnico especializado.

2.5 CORRUPCIÓN

Estamos ciertos que la corrupción constituye un fenómeno complejo que atenta fuertemente contra la institucionalidad, erosiona la confianza de los ciudadanos en los organismos públicos y, en definitiva, puede llegar a desestabilizar el Estado de Derecho. Si bien nuestro país aún puede preciarse de bajos índices en la materia, no podemos ni pretendemos, por ello, incurrir en una actitud de autocomplacencia ante tan nocivo flagelo.

En efecto, como una primera aproximación a este fenómeno delictual podemos observar el incremento en el número de ingresos. Así, durante el año 2007 el Ministerio Público registró un total de 1.232 ingresos en este ámbito, en tanto que el 2008 registró 1.847, advirtiéndose, por tanto, un incremento de un 50% en el total de ingresos, reportándose, el mayor de ellos, en la figura de fraude al Fisco.

Fuera de los aspectos cuantitativos, importante resulta destacar que se ha observado una suerte de mayor “sofisticación” de los partícipes en estos delitos, que implica no sólo el concurso de funcionarios públicos, sino también, de particulares, sean personas naturales o jurídicas e, incluso, agentes extranjeros, como importantes empresas multinacionales en algunos casos. Ahora, la calidad y número de personas y funcionarios involucrados, o el monto económico envuelto, han generado investigaciones de gran connotación social, lo que exige, de parte del persecutor, la utilización de técnicas de investigación también sofisticadas, disponibles, por cierto, en el Ordenamiento Jurídico.

Lo anterior nos sitúa en un complejo escenario que nos plantea exigencias como órgano de persecución penal, y respecto al cual, durante el 2008 logramos los avances que paso a exponer y que han redundado, por ejemplo y en relación al periodo 2007, en un aumento del 84% en la realización de juicios orales en esta materia y una disminución en los tiempos de tramitación para 2008 -considerando investigaciones que llegaron a juicios orales- de un 35%.

1. Demarcación del ámbito específico de la corrupción que constituye delito y priorización de casos:

En esta materia se ha trabajado en dos ámbitos:

1.1.- El trabajo de los fiscales anticorrupción ha comprendido todos aquellos delitos cuyo sujeto activo es un funcionario público en los términos del artículo 260 del Código Penal, abarcando ilícitos de diversa índole Por ello, a fin de mejorar el trabajo de la especialidad, nos hicimos cargo de una cuestión previa: no todo delito cometido por funcionario público es, necesariamente, un delito de corrupción. Considerando, además, que la categoría “delitos de corrupción” no existe, como tal, en nuestro Código Penal, la Unidad Especializada Anticorrupción, en conjunto con las Fiscalías Regionales del país, realizó un diagnóstico de aquellos delitos de corrupción propiamente tales, cuya incidencia es necesario abordar. Ellos son: malversación de caudales públicos, fraude al fisco, exacciones ilegales, prevaricación, cohecho y soborno, negociación incompatible, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

1.2.- Por otra parte y, conforme a los lineamientos estratégicos impartidos por este Fiscal Nacional, se definió que el apoyo de la Unidad Anticorrupción se concentrara, primordialmente, en un trabajo integral respecto de las investigaciones de mayor connotación, procurando optimizar y profesionalizar el trabajo especializado.

2. Fortalecimiento del trabajo multidisciplinario

Siendo la corrupción un fenómeno complejo que involucra muchos factores, implica la necesaria instauración de un equipo interdisciplinario.

Tenemos la convicción que las investigaciones de esta especialidad deben ser abordadas por equipos de trabajo, realzando la función institucional y su necesaria unidad de acción. En términos de eficacia investigativa, estos equipos no sólo deben actuar en conjunto con profesionales del ámbito jurídico, sino con expertos en diversas disciplinas relacionadas y útiles a la investigación.

En términos concretos, el 2008 marcó un incremento del 42% respecto del 2007 en informes del área de análisis de la Unidad Anticorrupción, incluyendo: informes contables, financieros, de auditoría, periciales, etc.

3. Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional:

Evidentemente que, en este ámbito, la coordinación interinstitucional resulta de gran trascendencia, habiéndose avanzado, durante el 2008, en los siguientes aspectos:

3.1.-En el mes de julio se suscribió un convenio de colaboración con la Contraloría General de la República que contempla capacitaciones recíprocas, facilidad de acceso a la información (como declaraciones de patrimonio y de intereses de funcionarios públicos), apoyo en juicios y, en general, toda colaboración en materia de persecución penal.

3.2.-Con fecha 27 de noviembre, este Fiscal Nacional, junto al Presidente de la Excma. Corte Suprema, el Presidente del Excmo. Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República y el Presidente del Consejo de Defensa del Estado firmaron un acuerdo destinado a velar por la cumplida aplicación del principio de probidad y, en general, con miras a fortalecer la lucha contra la corrupción.

3.3.-Otra iniciativa en este sentido ha sido la de postular, conjuntamente con la Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado a un proyecto de financiamiento que tendrá por objeto mejorar la efectividad, oportunidad y transparencia de la investigación y procesamiento de delitos de corrupción en la función pública, mediante el uso compartido y transparente de información sobre las denuncias e investigaciones.

4. Utilización de herramientas de persecución no exploradas en este ámbito.

Considerando, como se adelantó, cierto grado de sofisticación en la comisión de estos delitos y la necesidad de contribuir a su represión en forma rigurosa y eficiente, se ha instado por la utilización de todas las herramientas procesales que el sistema nos entrega, incluyendo las diligencias intrusivas que, en su caso, correspondan.

Se trata, por supuesto, de actuaciones que se adecuan y respetan absolutamente nuestro Ordenamiento Jurídico, incluyendo la normativa internacional vigente en la materia. a saber: la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de la OCDE para combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.

5. Trabajo en materia internacional:

El Ministerio Público, a través de la Unidad Especializada Anticorrupción, contribuye con su opinión técnica en las mesas de trabajo y en las jornadas internacionales generadas con ocasión de los dos últimos instrumentos internacionales referidos. Así, tenemos participación permanente en el Grupo Nacional de Expertos contra la Corrupción, (GNECC), para la implementación de la convención de la OCDE por parte de nuestro país.

En definitiva, puedo asegurar que seguiremos luchando fuertemente contra el fenómeno de la corrupción, con plena autonomía y al margen de cualquier influencia y de cualquier otro interés que no sea nuestro exclusivo apego al principio de legalidad, con todas las herramientas que el sistema nos otorga.

3.- POTENCIAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICO-INVESTIGATIVA.

Dentro de la intensificación de la respuesta penal en la investigación de todos los delitos y, en especial de los antes mencionados, y con el afán de mejorar el trabajo con ambas policías, hemos adoptado dos iniciativas que estimo de la mayor importancia.

Por un lado, y en un intenso y fructífero trabajo con el sector privado, se ha estado concordando con las compañías de telecomunicaciones, la adopción de un procedimiento centralizado en materia de interceptación de distintas formas de comunicación entre imputados, que potenciará y ordenará nuestra capacidad de implementar en forma oportuna las órdenes judiciales que permiten estas interceptaciones, evitando duplicidades y aumentando su rapidez y eficacia.

Por otra parte, y sobre todo pensando en investigaciones complejas, y teniendo en vista el potenciamiento del trabajo conjunto con las Unidades Especializadas de ambas policías, dentro de este año la Fiscalía adquirirá la tecnología para acceder en forma directa en ciertos casos, y previa autorización del Juez de Garantía, a la interceptación de distintas formas de comunicación privada, permitiendo que los antecedentes lleguen con velocidad al Ministerio Público, habilitando a los fiscales para procesarlos sin dilaciones y encausar y coordinar de mejor forma el actuar policial. Esto último, por supuesto, sólo en ciertas y determinadas causas, continuando las policías realizando el grueso de las interceptaciones ordenadas por los tribunales, acorde con la experiencia internacional comparada.

4.- COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL Y RELACIONES INTERNACIONALES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CHILE

Una de las prioridades para la Fiscalía Nacional, fue la de hacer más eficiente la persecución penal transfronteriza, abordando este propósito en cuatro frentes:

1.- MAYOR EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN Y TRAMITACIÓN DE DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS INTERNACIONALES
A. FIRMA DE CONVENIOS OPERATIVOS CON MINISTERIOS PÚBLICOS Y POLICÍAS DE OTROS PAÍSES
Durante el año 2008, se firmaron más convenios que en toda la historia del Ministerio Público, alcanzando a 16. Estos instrumentos buscan hacer más expedito el intercambio de información criminal en distintos delitos.
B. AUTOEJECUCION
La Fiscalía Nacional, a través de UCIEX, nuestra Unidad Internacional, y en alianza con OCN INTERPOL Santiago, dependencia de la PDI, comenzó desde 2008 a ejecutar casi la totalidad de las solicitudes de asistencia penal provenientes de otros países, logrando mayor capacidad operativa y una notoria disminución de los plazos de tramitación aliviando, además, en esta materia la carga de las Fiscalías Regionales.
C. EXTRADICIONES
Se ha asumido, con el mismo afán recién aludido, por la Fiscalía Nacional la tramitación ante la Excma. Corte Suprema de las extradiciones pasivas, obteniéndose durante el año 2008 un porcentaje muy positivo de sentencias favorables en casos de alta connotación.
2.- AUMENTO SOSTENIDO DE INVESTIGACIONES TRANSNACIONALES Y REQUERIMIENTOS INTERNACIONALES
Durante 2008, hubo un aumento del 35% de las solicitudes de asistencia penal internacional hechas por otros países al Ministerio Público de Chile. Se trata de un incremento sostenido que da cuenta del alto grado de confianza que se tiene en el extranjero del sistema de justicia penal chileno.
3.- CONSOLIDACION A NIVEL INTERNACIONAL
El Ministerio Público de Chile tuvo el año 2008, una destacada presencia en foros internacionales, liderando una serie de iniciativas a nivel regional y mundial.
3.1 FOROS INTERNACIONALES
A.- ASOCIACIÓN IBERO AMERICANA DE MINISTERIOS PÚBLICOS
El Ministerio Público de Chile ejerce la Secretaría General Permanente de la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos, AIAMP. La AIAMP está compuesta por los Ministerios Públicos de 21 países Ibero Americanos, incluidos España y Portugal. En nuestra condición de Secretaría General Permanente, el Ministerio Público de Chile implementó diversos proyectos, entre ellos:
- A.1.- GUÍAS DE SANTIAGO DE CHILE
  Durante el primer semestre de 2008, el Ministerio Público de Chile, convocó a expertos ibero americanos de trece países, junto con representantes de la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito, para promover estándares mínimos de atención a favor de las víctimas y los testigos. El resultado de los talleres hechos concluyó en la redacción de un instrumento denominado "Guías de Santiago", que fue aprobado por la unanimidad de los Fiscales Generales de Ibero América.
- A.2.- FICHAS AIAMP
  El Ministerio Público de Chile desarrolló en 2008 las “Fichas AIAMP”, como una plataforma virtual de consulta rápida sobre los sistemas de justicia iberoamericanos y los procedimientos a seguir para la obtención de diligencias especificas de investigación criminal, en determinados delitos.
B.- MERCOSUR
El Ministerio Público de Chile participó de las reuniones preparatorias y especializadas de MERCOSUR realizadas durante 2008 en Argentina y Brasil, donde se destacan los avances alcanzados en materia de asistencia penal mutua, delitos aduaneros y contra el patrimonio cultural de los países. C.- IBERRED
La Fiscalía chilena fue invitada a representar, junto a la Fiscalía General del Estado de España, a todas las fiscalías de Ibero América, en esta “Red de Redes”. Además, el Ministerio Público de Chile, junto a la Excelentísima Corte Suprema y el Ministerio de Justicia, serán anfitriones de la próxima Reunión Anual de IberRED, que tendrá lugar en Santiago en el mes de mayo. D.- RECAMPI
En cuanto a la Red de Capacitación de Ministerios Públicos Iberoamericanos, el Ministerio Público de Chile fue honrado en 2008, como miembro de la Junta Directiva de RECAMPI para el año 2009, debiendo colaborar en distintas materias. E.- IAP
Durante el 2008, se materializó la designación de quien habla como miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial de Fiscales, IAP. La IAP reúne a más de 1500 fiscales asociados individualmente y a 155 Ministerios Públicos adheridos institucionalmente, los que a su vez representan a más de 350.000 fiscales en todo el mundo.
4.- COOPERACIÓN TÉCNICA
4.1.- PASANTÍAS
Durante 2008, numerosos organismos extranjeros requirieron nuestra colaboración en temas como la protección de testigos, atención a víctimas, combate a la corrupción, control de gestión, etc. Así, el año pasado visitaron fiscalías de Chile, delegaciones de Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, México, Alemania, Indonesia, Croacia y EE.UU.
4.2- PROYECTO CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
La Fiscalía se adjudicó en 2008, un proyecto de Cooperación Triangular de la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ) y la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) por tres años, que comprende actividades de capacitación y fomento de la cooperación internacional en la lucha contra la trata de personas y la protección de sus víctimas.
Cumbre en esta materia. En diciembre del año pasado, y en el marco del proyecto de cooperación triangular ya señalado, se desarrolló en Santiago, la Primera Cumbre Iberoamericana de Ministerios Públicos Contra la Trata de Seres Humanos, que convocó a Fiscales Generales y especialistas de los ministerios públicos de América, junto con expertos alemanes y estadounidenses. Al final de la Cumbre, los Fiscales Generales de Ibero América acordaron una Declaración Conjunta de los Ministerios Públicos Contra la Trata de Seres Humanos, con el compromiso de enfrentar decidida y coordinadamente esta nueva forma de esclavitud.
Coordinación Inter- institucional.
El Ministerio Público está incrementando su coordinación interinstitucional y participando de manera permanente en sesiones de análisis y trabajo con los actores relevantes en la materia.
En este sentido, hemos creído necesario intensificar nuestra labor a nivel de los controles existentes en el ámbito marítimo y aeroportuario, con miras a investigar de mejor forma la posibilidad de tráfico desde y hacia el extranjero.
Por otra parte y como un tema emergente, se está trabajando coordinadamente con CONACE en el Sistema de Registro de Precursores Químicos que se creó luego de la dictación de la ley 20.000, para posibilitar una persecución mas eficiente de los delitos relativos a los elementos que permiten la fabricación de la droga.

III PREVENCIÓN DEL DELITO

En esta materia ratifico el compromiso de la Fiscalía en orden a colaborar en estrategias de prevención, y en tal sentido, compartimos la necesidad que el Estado, en su conjunto, fije objetivos vinculados a la reducción de criminalidad desde este ámbito.

En lo que nos corresponde como Ministerio Público, y más allá del acercamiento de las fiscalías a la comunidad y la intensificación de la coordinación interinstitucional, la prevención fue abordada también durante 2008, a través de la colaboración de la Fiscalía en los proyectos de Tribunales de Tratamiento de Drogas y Mediación Penal Adolescente.

TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGA

Este programa potencia la utilización de la Suspensión Condicional del Procedimiento, en imputados que delinquen por primera vez y cuya causa principal del delito cometido es el consumo problemático de drogas, otorgándoles la posibilidad de acceder a un tratamiento de rehabilitación, bajo la supervisión del Juez de Garantía, buscando, además, disminuir la reincidencia y contribuir a la mejora en la salud del sujeto.

Ratificamos nuestro compromiso con este proyecto que involucra a los diversos operadores bajo la coordinación técnica de CONACE y la Fundación Paz Ciudadana como, asimismo, asumimos el desafío de aumentar la cobertura del sistema a las zonas metropolitana Oriente, Occidente y las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

MEDIACIÓN PENAL ADOLESCENTE.

A este respecto, durante el 2008, se desarrolló la primera etapa de este proyecto con la realización de talleres de discusión y conocimiento de la mediación penal como metodología de trabajo en la solución de conflictos penales con adolescentes.
Para fines del primer semestre del presente año, está previsto desarrollar la segunda etapa del consistente en la capacitación de los equipos de profesionales que materialmente llevarán adelante la mediación penal en casos concretos.

Finalmente, al término del presente año o a más tardar a inicios del próximo, estaremos en condiciones de comenzar a operar los proyectos piloto.

IV PLAN ESTRATÉGICO DEL MINISTERIO PÚBLICO 2009 – 2015

Entendemos que la Fiscalía, como toda organización, pero muy particularmente por su condición de institución pública, no está ajena a la necesidad de organizarse y planificar sus acciones presentes y futuras, y en tal sentido, estamos obligados a incorporar permanentemente la excelencia en nuestra labor.

Por ello, como ya indiqué, al asumir mis funciones se fijaron las bases para que al cabo de un año, la institución estuviera en condiciones de contar con un programa integral de largo plazo. Es por ello que durante el año 2008, impulsamos decididamente la formulación de un “Plan Estratégico para el Ministerio Público”, entendiéndolo como una herramienta de gestión moderna, que incorpora de manera transversal y participativa todas las experiencias y capacidades que como Institución hemos acumulado durante estos años.

En un proceso sin precedentes en la historia de nuestra institución, movilizamos en esta empresa a los equipos Directivos, Fiscales y Funcionarios de todo el país, fijando una hoja de ruta hasta el año 2015. Vaya todo mi sincero reconocimiento a quienes estuvieron en esta convocatoria con sentido crítico, reflexivo y constructivo,

De esta forma, nuestro Plan Estratégico se estructura sobre los mismos cuatro lineamientos que ya, antes, mencioné:

Desarrollo de una persecución penal eficaz y eficiente.
Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional
Mejoramiento continuo de la gestión administrativa; y
Fortalecimiento de la atención y protección a víctimas y testigos.

A partir de ellos, buscamos alcanzar los siguientes objetivos:

En primer lugar, hacer más efectiva y eficiente la tramitación de las investigaciones penales, mejorando continuamente la gestión administrativa y jurídica, así como propender a términos que efectivamente solucionen el conflicto penal.
En segundo lugar mejorar la percepción y satisfacción de los usuarios, a través de la implementación y consolidación de un modelo orientado a una atención oportuna y que genere canales de comunicación recíproca entre la Institución y sus usuarios, especialmente víctimas y testigos; y
Finalmente, promover e impulsar una adecuada coordinación interinstitucional, a través de acuerdos de trabajo, con el propósito de mejorar los resultados obtenidos por el Sistema de Justicia Criminal.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Hemos estructurado un conjunto de tareas específicas por desarrollar gradualmente para dar forma y materializar este Plan a través de nuestro diario accionar, por lo que se han establecido, hasta ahora, 63 Líneas de Acción concretas, gran parte de ellas ya en desarrollo y evaluación.

Así, por ejemplo, entre estos proyectos podemos mencionar: El Nuevo Modelo de Atención de Víctimas y Testigos al que ya me referí, que busca contribuir a la satisfacción de las distintas necesidades de los usuarios.

Asimismo, está en marcha la implementación del proyecto denominado “Modelo de Tramitación de Casos Menos Complejos”, tal como señalé en la primera parte de esta cuenta.

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO

Una tercera línea de acción en desarrollo que destaco por su importancia, y porque su aprobación permitirá alcanzar oportunamente el cumplimiento del resto de los programas, es el Proyecto de Fortalecimiento del Ministerio Público.

En particular, este proyecto de fortalecimiento está centrado en torno a cuatro ejes:

1. Ajustar la dotación del Ministerio Público a la creciente demanda de resolución de conflictos penales, lo que se refleja en el incremento sostenido del ingreso de denuncias, esto es, un 15% anual en cada uno de los últimos 3 años.

2. Asegurar un contacto oportuno y permanente con las víctimas, buscando satisfacer sus necesidades de protección e información, así como su gradual involucramiento en el proceso persecutorio.

3. Impulsar una investigación eficaz, eficiente y coordinada con otras instituciones relacionadas a la administración de justicia, en torno a los delitos de mayor complejidad o connotación e impacto.

4. Contribuir al control del cumplimiento de las condiciones impuestas en el marco de una suspensión condicional del procedimiento.

El proyecto de fortalecimiento fue enviado al Poder Ejecutivo, específicamente Ministerios de Justicia y Hacienda a objeto de que sea analizado por dicho poder y pueda ser enviado al Congreso como iniciativa legal.

En este proceso se conformó una mesa bilateral con representantes del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía, mesa que se encuentra en pleno funcionamiento, debiendo incorporarse prontamente el Ministerio de Hacienda, tras lo cual esperamos se haga efectiva la remisión al legislativo de esta iniciativa que nos permitirá llevar a cabo una serie de modificaciones de suma relevancia para el futuro de la institución.

PROYECTO FISCALES OPERATIVOS FISCALÍA NACIONAL

Una cuarta línea de acción en desarrollo dice relación con la aspiración de dirigir las unidades de la Fiscalía Nacional hacia una mayor operatividad, a objeto de abordar adecuadamente la persecución penal de ciertas áreas de criminalidad, que requieren tratamiento especial, interdisciplinario, integral e innovador.

Es por ello que la Fiscalía Nacional, a través de la Unidad Especializada Anticorrupción, desarrolló con EUROsociAL Justicia de la Unión Europea, un proyecto orientado a estudiar la factibilidad y determinar la necesidad de la creación de una Fiscalía Especial Anticorrupción, a nivel central. En este marco, se realizó en nuestro país un seminario internacional denominado “Lucha contra la Corrupción: un modelo de Fiscalía Especial y Multidisciplinaria del Ministerio Público”, con la participación de destacados expositores nacionales y extranjeros. Asimismo, profesionales de la Unidad Anticorrupción realizaron una pasantía en España y Francia para conocer directamente el modelo institucional y las mejores prácticas de las fiscalías multidisciplinarias en esos países.

De la experiencia recogida, se advirtió que es imprescindible un tratamiento diferenciado para un tipo de delincuencia denominada “compleja”.

Si bien la estructura actual del Ministerio Público considera y potencia la especialización, no permite, con el diseño actual, enfrentar de manera óptima estos fenómenos delictivos de alta complejidad, al no contar con la posibilidad real de dotar efectivamente de exclusividad a la especialización.

Por ello, he estimado conveniente sugerir una reforma legal a la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, con el objeto de crear, en nuestro país, una Fiscalía Especial abocada a casos de Criminalidad Compleja proyecto que, a nuestro juicio, permitirá que el Estado cumpla el rol proactivo que le corresponde en la detección de estos casos, potenciándose el trabajo interdisciplinario y fortaleciéndose la labor interinstitucional en beneficio de la persecución penal. Asimismo, se posibilitará el acceso e intercambio expedito de información de relevancia, y se velará por la efectiva confidencialidad que exigen estas materias, institucionalizando su persecución penal y minimizando la exposición y riesgo de los fiscales.

Lo anterior, por lo demás, guarda absoluta coherencia con el Proyecto original de Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que contemplaba la figura de los “Fiscales Coordinadores Especiales”, con facultades operativas a nivel central en la consideración, precisamente, de casos que por su trascendencia, la complejidad en su investigación o su relevancia, exigieren de su intervención.

En este contexto, realizamos un planteamiento a los ministerios de Justicia y Hacienda, en orden a manifestar que nuestro proyecto requiere de, al menos, 25 nuevos fiscales y del respectivo personal de apoyo.

Estoy cierto que la creación de esta fiscalía, significará un fortalecimiento de la labor investigativa del Ministerio Público, redundando sólo en externalidades positivas para Chile al transmitir una señal de lucha eficaz contra importantes flagelos como la corrupción, lavado de activos, terrorismo y narcotráfico, con una estructura estatal fuerte, independiente y decidida, posicionando a nuestro país con los mayores estándares mundiales en la materia.
Finalmente, quisiera reiterar que estamos trabajando fuertemente en estas 4 líneas de acción mencionadas, en conjunto con todas las regiones del país, en un compromiso institucional por mejorar nuestros servicios sin mermar la calidad de vida de nuestros funcionarios. Es un esfuerzo que agradezco y valoro, pues refleja lo mejor de nuestro sentido de servicio público. La primera etapa de nuestro proceso de planificación estratégica está concluida; nuestro plan fue lanzado oficialmente el 17 de marzo último junto a todos los Fiscales Regionales, se han realizado jornadas internas de difusión y capacitación, correspondiendo ahora la asignación de proyectos asociados.

Tengo la plena certeza de que las directrices y acciones que se precisan, nos ayudarán a direccionar y aunar los esfuerzos cotidianos de cada fiscal y funcionario del Ministerio Público para los próximos años, en torno a los permanentes desafíos institucionales.

V PROPUESTA DE MODIFICACIONES LEGALES

En esta materia, y lo más brevemente posible, esbozaré nuestra posición. En primer lugar, en un anhelo compartido por importantes sectores académicos, de operadores jurídicos, el Ministerio de Justicia y el que habla, reiteramos nuestro deseo y plena disposición a cooperar técnicamente en lograr que Chile tenga un nuevo Código Penal, acorde con los tiempos que corren: moderno; doctrinariamente solvente y que permita una persecución penal enérgica, severa, pero justa y con respeto a las garantías individuales.

Además de lo anterior, y dentro del absoluto posicionamiento de nuestra institución como un referente técnico ineludible en la materia, esperamos que nuestras observaciones a los Proyectos de Ley que perfeccionan la Ley 20.000 sean adecuadamente considerados, dado que surgen de la diaria experiencia.
Asimismo, pensábamos sugerir modificaciones a la Ley 18.216, sobre cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, pero se nos adelantó el Ministerio de Justicia y el Senado, con proyectos en los que, en general, asentimos.

Ahora específicamente, propuestas concretas:

a) En relación con la Ley N° 18.314 que establece conductas terroristas: esperamos que se logre dotar al fiscal en este tipo de investigaciones de herramientas investigativas, antes de la formalización, sin previa comunicación al afectado para no frustrar el éxito de ciertas diligencias, siendo éstas esenciales para esclarecer este tipo de ilícitos.
Proponemos agregar un inciso al artículo 14 de la Ley, como final “Cuando existieren sospechas fundadas de que una persona o una organización delictiva hubiere cometido o preparado la comisión de alguno de los delitos establecidos en esta ley, y la investigación lo hiciere imprescindible, el fiscal podrá autorizar la intervención de agentes encubiertos o informantes, en cuyas actuaciones se estará a lo dispuesto en la Ley N° 20.000””
Hacemos presente que las limitaciones existentes derivan de la inexistencia de técnicas adecuadas y, a veces, escasez de recursos en materia policial. Si se exige mayor éxito en la persecución de estas conductas, creemos debe dotársenos de otras nuevas herramientas.

b) Modificaciones a la Ley de RPA y otras, en aras del tiempo, podrán encontrarlas en el texto completo de esta cuenta.

c) Sin embargo, una propuesta final: Interpretación de la Ley N° 19.640 en virtud de la cual se entendiera que el nombramiento de fiscal adjunto corresponde al cargo de tal, independiente del grado asociado y de las destinaciones que pueda hacer el Fiscal Nacional, con limitaciones y sólo para ciertos casos, con el fin de disminuir la abrumadora cantidad de concursos públicos. Esto NO en todos los casos, porque el MP es transparente y abierto a que todos los nombramientos sean por excelencia.