Quienes SomosCuentas Públicas

Cuenta Pública 2008

Cuenta Pública 2008

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I.Período Enero- Diciembre 2007
II.- Gestión Fiscalía Nacional Período Diciembre 2007 / Abril 2008
III.- Orientaciones Estratégicas De Persecución Penal
IV.- Propuestas De Modificaciones Legales
V.- Palabras Finales

I .- PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2007

1 .- ESTADÍSTICAS SIGNIFICATIVAS

A. CASOS INGRESADOS

Durante el año 2007, los ingresos registrados en el Ministerio Público fueron superiores al millón de causas, lo que representa un incremento de un 14,2% con respecto a los ingresos del año anterior.

En lo que respecta a las Fiscalía Regionales que experimentaron un mayor ingreso, las Fiscalías Regionales Metropolitanas, VIII y V absorbieron el 63,8% del total nacional.

En cuanto a la variación de ingreso respecto del año anterior, durante el año 2007 todas las Fiscalías Regionales experimentaron, en mayor o menor medida, un aumento. Dicho incremento fluctuó entre el 7% y 23%. Como se puede observar, las Fiscalías Regionales que tuvieron un ingreso de denuncias superior al promedio nacional fueron: la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente; Fiscalía Regional del Bío-Bío, Fiscalía Regional de O´Higgins y Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.

En cuanto a los tipos de delitos que conformaron dichos ingresos, durante 2007 los mayores porcentajes estuvieron asociados a robos no violentos, lesiones y hurtos, representando estas 3 categorías sobre el 40% del total de ilícitos conocidos por el sistema.

B.- CAUSAS TERMINADAS Y TIPOS DE TÉRMINOS APLICADOS

En lo que respecta a las causas concluidas durante el año 2007, el porcentaje de término respecto del ingreso en igual periodo alcanzó a un 92%.

En relación a los términos aplicados, el 38% implicó una salida judicial, mientras que el 62% restante finalizó por vía facultativa.

Los términos judiciales más utilizados fueron la sentencia definitiva condenatoria y la suspensión condicional del procedimiento, con un 13% y 12% respectivamente.

En cuanto a los términos facultativos, aquéllos que experimentaron una disminución respecto del año 2006, fueron el Archivo Provisional y la Incompetencia, con una baja de 2,3% y 0,5% respectivamente.

Es importante señalar que la judicialización de los casos ha experimentado un aumento sostenido a partir del año 2003. A su vez, la aplicación de términos facultativos ha tendido notoriamente a la baja, lo que importa un esfuerzo institucional por obtener salidas de mayor calidad jurídica para las víctimas.

C.- JUICIOS ORALES

Se realizaron en 2007 un total de 6.086 juicios orales, lo que representa un incremento del 27,3% respecto del año anterior.

Del total de los juicios orales celebrados durante el año 2007, en el 89% se obtuvo sentencia definitiva condenatoria.

En cuanto a la composición delictual de los juicios, los esfuerzos del sistema se focalizaron en los delitos más graves. Efectivamente, la mayoría de los juicios fueron por los delitos de robo, homicidio, delitos sexuales y delitos de la ley de drogas.

Ahora bien, del detalle de las sentencias condenatorias por tipo de delito, se puede apreciar respecto de los ilícitos de mayor connotación social, que un gran porcentaje terminó en sentencia definitiva condenatoria.

2.- GESTIÓN INSTITUCIONAL ENERO- DICIEMBRE 2007

A continuación daré cuenta de la Gestión Institucional Enero - Diciembre 2007 señalando los hechos relevantes en los ámbitos de recursos humanos y presupuestarios, infraestructura, atención y protección a víctimas y testigos, Capacitación y unidades especializadas.

A .- RECURSOS HUMANOS

Durante el año 2007, se efectuó un estudio de clima organizacional a nivel de las fiscalías de todo el país.

Destacable fue la participación de los funcionarios del Ministerio Público, con una tasa de respuesta del 90% del universo presente, es decir, 3.189 personas entre fiscales y funcionarios respondieron el instrumento utilizado.

Los resultados generales de esta encuesta permitieron comparar al Ministerio Público con empresas del sector público y privado, situándonos sobre el promedio del sector público y a cierta distancia todavía del sector privado.

B .- RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Para el año 2007, el presupuesto del Ministerio Público tuvo un incremento de cuatro mil novecientos noventa y cinco millones y fracción (M$ 4.995.757).
Dicho aumento representa aproximadamente el 4% respecto de lo informado en la Ley de Presupuesto el año 2006.

Del presupuesto final de 85.994 millones de pesos, el Ministerio Público ejecutó un total de 78.563 millones, equivalentes al 91,4%, atendida la no ejecución de proyectos informáticos y de infraestructura, específicamente, en lo relativo a adquisición de terrenos e inmuebles terminados.

C .- INFRAESTRUCTURA

Los proyectos de construcción de la fiscalía local de Tocopilla, Fiscalía Local de Ovalle y Fiscalía Regional y Local de Coyhaique se concluyeron durante al año 2007, lo que significó un total de 2.435 Metros cuadrados construidos.

D .- ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS

El total de usuarios derivados a las Unidades de Víctimas y Testigos Regionales durante el año 2007 alcanzó a 39.520 personas. De este universo, se brindó atención integral a un 52,7%; protección a un 24%; y preparación para juicio oral a un 22,7%

De igual forma, se ejecutó el 98,7% del Fondo de Aportes Económicos para Víctimas y Testigos del Ministerio Público, destinándose 47,2% en protección; un 40,8% en atención; y un 11,9% en indemnización.

E.- CAPACITACIÓN

El año 2007, se llevaron a cabo 286 cursos y talleres, con una asistencia de 5.667 funcionarios y fiscales del Ministerio Público lo que representa un total de 3.036 horas cronológicas de capacitación.

3.- UNIDADES ESPECIALIZADAS.

Las Unidades Especializadas del Ministerio Público desarrollaron adecuadamente su labor de apoyo a los fiscales de todo el país. Su función consistió fundamentalmente en colaborar con estrategias de investigación y litigación; análisis jurídico de casos y remisión de jurisprudencia relevante; recopilando igualmente los fallos de cada especialidad, para su debido estudio por parte de la Fiscalía Nacional y las Fiscalías Regionales.

II GESTIÓN FISCALÍA NACIONAL PERÍODO DICIEMBRE 2007– ABRIL 2008.

1.- CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO

Como nuevo Fiscal Nacional, una de las primeras funciones a las que me aboqué fue la conformación de equipos de trabajo, con un perfil orientado a los nuevos lineamientos que pretendemos impulsar. De ahí que se optó por nombrar profesionales con mayor experiencia operativa en las unidades especializadas de Drogas y Delitos Sexuales, con miras a intensificar las tareas de coordinación con las policías y organismos auxiliares, enfocados especialmente al logro de mejores niveles de eficiencia investigativa.

Otro ejemplo de esta estrategia orientada a la operatividad dice relación con la Unidad Especializada de Delitos Funcionarios y Probidad Pública respecto de la cual se resolvió cambiar su nombre al de Unidad Especializada en Anticorrupción. El cambio de denominación de esta unidad especializada no responde a una cuestión meramente formal, sino que busca reflejar el énfasis operativo que se quiere dar a la persecución penal de este tipo de criminalidad. De esta forma la Unidad se encuentra desarrollando, en conjunto con la Agencia de Cooperación Europea EuroSocial un proyecto orientado en esa dirección.

2.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS GERENCIAS Y UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FISCALÍA NACIONAL

En los primeros días de Diciembre del año recién pasado, se instruyó a todos los gerentes de división y directores de unidades especializadas, evaluar el estado de situación de sus respectivas áreas para efectos de establecer cuáles de los procesos de trabajo implementados prestaban la utilidad deseada o requerían de la incorporación de correctivos. Sobre la base de dichos diagnósticos se dio inicio al proceso de fijación de lineamientos y metas del Ministerio Público para el período 2008-2009.

3.- FORTALECIMIENTO DE LA PROBIDAD INTERNA Y LA TRANSPARENCIA COMO PILARES FUNDAMENTALES

A.- PROBIDAD INTERNA

El Ministerio Público, desde su creación, se ha destacado como una institución de sólida probidad funcionaria. Con todo, siempre resulta necesario fortalecer, sin ambages, las políticas institucionales orientadas en este sentido, comprometiendo a fiscales y funcionarios para que el ejercicio de sus tareas, se desenvuelva sobre una sólida base de probidad, de ética y de transparencia, implantando las medidas de control y resguardo que sean necesarias para garantizar estos valores al interior de la institución.
La promoción interna de los principios de ética, desde que el funcionario se incorpora a la institución, a través de procesos de inducción, junto con la capacitación permanente de las jefaturas en orden a detectar tempranamente eventuales prácticas reñidas con los principios de nuestra institución, son y serán una preocupación permanente de nuestra gestión.

Deseo ser muy claro en esta afirmación: El Ministerio Público ha estado y debe estar al margen de actos reñidos con la probidad.

B.- TRANSPARENCIA: PROYECTO INFORMACIÓN PÚBLICA

Conforme al recientemente aprobado proyecto de Ley sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado, se definió un plan de trabajo con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones que le corresponden al Ministerio Público, en términos de la aplicación de las normas generales y las obligaciones sobre transparencia activa, teniendo como eje central la entrega de información a través de su página WEB.

C.- FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE TRANSPARENCIA EN LA ASIGNACIÓN DE PERSONAL

En marco de la denominada “Ley de Agenda Corta contra la Delincuencia”, que estableció un incremento de la planta funcionaria de nuestra institución, la Fiscalía Nacional del Ministerio Público diseñó un sistema transparente y objetivo para la distribución del personal fijado en dicha ley, a través de una asignación racional de los recursos disponibles debida y oportunamente informado a las fiscalías regionales del país.

4.- REESTRUCTURACIONES PRIORITARIAS TENDIENTES A CORREGIR Y FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

A) INICIO DEL PROCESO DE REVISIÓN DE OFICIOS E INSTRUCTIVOS

Entre los años 2000 y 2007 se dictaron casi 600 oficios e instructivos sobre las más variadas materias procesales y penales. En función de lo anterior, se ha iniciado un proceso de revisión que contempla actualizar, reformular y / o refundir oficios e instructivos según materias, para luego sistematizarlos y alojarlos en la red informática institucional, de forma tal que sus usuarios puedan acceder a éstos de una manera fácil y expedita.

B) FIJACIÓN DE METAS ESTRATÉGICAS

En enero de 2008 se sistematizaron en un documento denominado “Definiciones Estratégicas para el Ministerio Público”, las temáticas fundamentales que deben ser abordadas en el mediano y largo plazo, reestructurándose el procedimiento dispuesto para establecerlas, comenzando por informar a las Fiscalías Regionales el contenido de las nuevas definiciones.

C) AGILIZACIÓN EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES.

Una de las principales dificultades administrativas detectadas al asumir como Fiscal Nacional, y que experimenté cuando ejercía labores como Fiscal Regional Metropolitano, fue el nivel de centralización de la toma de decisiones, que tiene directa repercusión en el trabajo de las unidades operativas de la institución como son las fiscalías locales, cuyas críticas funciones diarias requieren de procesos fluídos en la toma de decisiones y respuestas oportunas a sus problemáticas.

El problema se abordó en 3 ámbitos:

PRIMERO: Elaboración de un estudio de flujos y procedimientos internos de la Fiscalía Nacional, que implican una respuesta hacia las Fiscalías Regionales.

SEGUNDO: Fortalecer la autonomía regional, evitando los trámites de consulta innecesaria.

TERCERO: Desarrollo de proyectos que implican agilizar procedimientos administrativos internos.

D) ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE TRABAJO Y MODELOS DE GESTIÓN

Resulta estratégicamente relevante para el Ministerio Público, asumir la labor de homogenizar de manera gradual la asignación y gestión de los casos, y mejorar la eficiencia en su tramitación, atendiendo tanto a su complejidad como al tipo de salida probable.

En este sentido, estamos trabajando en las siguientes áreas:

MANUAL OPERATIVO Y PROTOCOLO DE BUENAS PRÁCTICAS: que permite integrar bajo criterios comunes las acciones investigativas en materia de robos no violentos en las fiscalías locales y de parte de las policías, racionalizando el uso de los recursos y mejorando la calidad de los resultados de la persecución de dichos delitos.

SISTEMA DE MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE METAS ESTRATÉGICAS: se acordó diseñar e implantar un Sistema de Control de Gestión Institucional, que permitiese conocer, en tiempo real, el estado de cumplimiento de los indicadores de gestión asociados a cada meta.

5.- EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

Se desarrollaron propuestas tanto a nivel Regional, como central, tendientes al mejoramiento del clima organizacional. El siguiente paso es conformar una mesa de trabajo multidisciplinaria a nivel de la Fiscalía Nacional, cuya finalidad será trabajar en el Plan de Acción que será medido a través de una nueva encuesta en el segundo semestre del año 2009. Este es el primer impulso tendiente al fortalecimiento de la calidad del ambiente laboral de los funcionarios de nuestra institución, con miras a avanzar en una Política de Recursos Humanos coherente con el actual desarrollo del Ministerio Público.

6.- INCLUSIÓN TÉCNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN INSTANCIAS CON INJERENCIA EN LA PERSECUCIÓN PENAL

Estamos convencidos que la inclusión técnica del Ministerio Público permite que la actividad legislativa y las mesas de trabajo interinstitucionales enfrenten su proceso de toma de decisiones contando con la experiencia práctica de la persecución penal.

Sólo por dar un ejemplo, me referiré al tráfico de seres humanos, dado que actualmente está en trámite en el Congreso Nacional, el proyecto de ley que lo sanciona. En esta materia hemos realizado las siguientes acciones:

1°) Trabajo integrado con instituciones relacionadas con la materia a través de la inclusión del Ministerio Público en la Mesa sobre Tráfico de Personas que coordina el Ministerio del Interior.

2°) Participamos en Ginebra, ante el Comité de los Protocolos Adicionales a la Convención de los Derechos del Niño sobre venta de menores en conflictos armados, pornografía infantil y trata de personas, así como también en el Foro Mundial contra el Tráfico de Seres Humanos, realizado en Viena.

3°) Estamos desarrollando un modelo de intervención especial respecto de víctimas de este ilícito, con la inclusión de la Organización Internacional de Migraciones, entidad a la que también hemos apoyado en sus estudios nacionales facilitando entrevistas a fiscales del Ministerio Público.

7.- FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA PENAL INTERNACIONAL Y LOS VÍNCULOS INTERNACIONALES DEL MINISTERIO PÚBLICO

En estos meses hemos fortalecido los vínculos internacionales del Ministerio Público, bajo la premisa que la cooperación penal internacional es una herramienta fundamental para hacer frente a los delitos transnacionales.

A nivel IBEROAMERICANO: En Octubre del año 2007, el Ministerio Público de Chile fue elegido como Secretaría General Permanente de la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos (AIAMP), lo que llevó a implementar y administrar su portal de Internet con información relevante para los Ministerios Públicos que integran esta asociación.

Además, estamos desarrollando, en conjunto con la Fiscalía Española, un sistema de fichas virtuales, que permitirá saber exactamente y en tiempo real, por ejemplo, cómo solicitar una interceptación telefónica en Costa Rica; con quién y de qué forma obtener antecedentes penales en Estados Unidos; o cómo levantar el secreto bancario en Colombia.

A nivel de EUROPA Y ASIA PACÍFICO: El Fiscal Nacional de Chile fue elegido miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial de Fiscales (IAP) por unanimidad, en Helsinki, en marzo de este año, lo que nos permite como Ministerio Público disponer de una extensa red de contactos, fundamentalmente en Europa y los países del Asia Pacífico. En este ámbito hemos concretado nuestra aspiración para que Chile sea sede de la Reunión Mundial de Fiscales en 2011

En materia de CONVENIOS DE COOPERACIÓN PENAL hemos firmado convenios de cooperación operativa con el Ministerio Público de Croacia y de intercambio de información criminal con el FBI de los Estados Unidos y esperamos suscribir durante 2008 convenios con Colombia, Ucrania, Paraguay y España.

A nivel de COOPERACIÓN INTERNACIONAL INVESTIGATIVA hemos enfrentado un incremento aproximado del 250% de solicitudes activas y pasivas de asistencia respecto del anterior periodo diciembre - abril. Cabe destacar la realización de importantes operativos internacionales que involucraron simultáneamente varios países, particularmente en materia de tráfico de drogas. También se ha incrementado el número de video conferencias, obteniéndose sentencias condenatorias tras la declaración de testigos a través de este sistema.

En materia de COOPERACIÓN TÉCNICA fue solicitada formalmente la colaboración del Ministerio Público de Chile para capacitar y fortalecer diversos aspectos de los Ministerios Públicos de Ecuador, Perú, Guatemala y Bolivia.

En materia de EXTRADICIONES, desde que asumimos el cargo de Fiscal Nacional se enfrentaron los primeros casos de extradición pasiva de la reforma procesal penal, habiéndose ya resuelto dos de ellos en menos de 4 meses, en comparación a los 3 años promedio que demoraban bajo el antiguo sistema. Actualmente, se están definiendo procesos de trabajo y protocolos de acción con la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Oficina Central Nacional INTERPOL - Santiago, a fin de asegurar mayor rapidez y eficiencia en la tramitación de requerimientos internacionales y extradiciones.

8.- DEFINICIONES PRIORITARIAS EN MATERIA DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS Y PROTECCIÓN DE TESTIGOS

En este período la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional ha dirigido sus esfuerzos a dos aspectos fundamentales:

PRIMERO: Efectuar un Diagnóstico Regional, buscando identificar modelos de gestión innovadores implementados a lo largo del país.

SEGUNDO: Efectuar un Diagnóstico Intersectorial, llevando a cabo un levantamiento del estado actual de todas las mesas de trabajo en que la Fiscalía Nacional participa en materia de atención y protección de víctimas y testigos.

A partir de estos diagnósticos, se elaboraron las metas para el año 2008 y un plan de trabajo para el cumplimiento de las mismas, cuyo énfasis está en la elaboración de modelos de gestión para brindar un mejor servicio a nuestros usuarios, junto con intensificar las coordinaciones con el Servicio Nacional de la Mujer, Ministerio de Interior, Carabineros de Chile, y el Servicio Nacional de Menores.

III.- ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS DE PERSECUCIÓN PENAL

1.- DIRECTRICES GENERALES DE PERSECUCIÓN PENAL PARA EL PERÍODO MAYO 2008- MAYO 2010

En función del trabajo realizado, del diagnóstico interinstitucional y las opiniones transversales recogidas entre los diversos sectores y actores vinculados al sistema penal, fue posible establecer una estrategia de persecución que se sustenta en las siguientes premisas:

Primero: Entender el delito como un fenómeno que afecta la sociedad toda.
Segundo: Para afrontar el delito es necesaria la participación activa del Estado y la comunidad civil en su conjunto.
Tercero: La persecución penal debe supeditarse siempre a los principios que sustentan el Estado Social y Democrático de Derecho.
Cuarto: La persecución criminal por si sola es insuficiente, por lo que es necesaria además la prevención del crimen, la protección y asistencia a la víctima y la rehabilitación del delincuente.
Quinto: La persecución criminal más intensa debe estar puesta en los delitos de mayor connotación social y aquellos que alarman gravemente a la comunidad, lo que no implica descuidar la persecución de otros ilícitos.
Sexto: Deben utilizarse adecuadamente las salidas alternativas tratándose de delitos de escasa dañosidad social.
Séptimo: La delincuencia es un fenómeno dinámico y en permanente adaptación, por lo que las políticas de prevención y persecución criminal deben constantemente adecuarse a los cambios que experimenta el delito.
Octavo: La cooperación internacional es fundamental para hacer frente a los delitos y amenazas más complejas que enfrentan las sociedades en un mundo globalizado, como el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

2.- ESTRATEGIA DE PERSECUCIÓN PENAL MAYO 2008- MAYO 2010

2.1.- EL MINISTERIO PÚBLICO ES PARTE DE LA RESPUESTA DEL ESTADO FRENTE AL DELITO

A) PRESENCIA ACTIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN INICIATIVAS DEL ESTADO SOBRE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA.

El fenómeno criminal nace en la sociedad, e igualmente produce sus efectos en ésta, razón por la cual, la comunidad en su conjunto debe concurrir en la búsqueda de soluciones. El Ministerio Público es parte de la respuesta del Estado frente al delito, lo que hace necesaria su incorporación en distintas instancias de análisis, seguimiento y coordinación.

Así, en el contexto de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Fiscalía se ha comprometido para el año 2008 con las siguientes Metas:

I.- Lograr a nivel nacional, para los delitos de mayor connotación social con imputado formalizado, un porcentaje superior al 75% de sentencias condenatorias o salidas alternativas
II.- Implementar pilotos en regiones, que permitan tomar contacto temprano, evaluar riesgo y solicitar las medidas de protección, en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar
III.- Fortalecer la relación con víctimas y denunciantes, a través de la instauración de un proyecto piloto que utilice el concepto de Call Center, con el objeto de que las Fiscalías entreguen a los intervinientes información en tiempo real acerca del estado de situación de su denuncia.

B) DIAGNÓSTICO TÉCNICO COMPARTIDO SOBRE EL ESTADO DE LA CRIMINALIDAD EN CHILE.

Resulta indispensable, para efectos de establecer políticas de persecución penal, contar con un diagnostico técnico compartido por los distintos actores, a través de información relevante que le permita dimensionar y comprender de mejor manera el fenómeno delictivo.

Por lo anterior, se ha concordado con el Ministerio del Interior, la instalación y funcionamiento de una mesa interinstitucional de alto nivel, integrada por representantes de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, la Defensoría Penal Pública, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía, sistematizando la participación en términos estadísticos, de cada uno de los actores del sistema penal, lo que permite identificar las formas de medición delictual y sus nudos operativos.

C) PRESENCIA DE LOS FISCALES EN INICIATIVAS LOCALES Y COMUNITARIAS.

Cuando en cada región se daba inicio a la Reforma Procesal Penal, los actores se orientaban, naturalmente, a difundir en qué consistía este nuevo sistema de justicia criminal. En la etapa en la que nos encontramos actualmente, la relación con la comunidad va mucho más allá de la difusión del sistema; ésta se constituye en un ente colaborador y estratégico en la persecución penal, conocedor de los fenómenos delictuales que se producen en su nivel local, por lo que recogeremos y promoveremos las experiencias regionales exitosas en materia de acercamiento comunitario, donde las fiscalías y la comunidad organizada, incluyendo a las organizaciones no gubernamentales, confluyen en un dialogo permanente sobre los delitos que los afectan.

2.2.- INTENSIFICACIÓN DE LA RESPUESTA PENAL AL NARCOTRÁFICO, EL USO Y PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO Y LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

A) NARCOTRÁFICO
El Ministerio Público ha sido capaz durante estos años, de dar pruebas fehacientes de su capacidad para investigar y desarticular redes de narcotraficantes nacionales y extranjeros, en muchos casos, a través de investigaciones de largo aliento e involucrando varios países en su desarrollo. Vamos a continuar perfeccionando nuestras capacidades investigativas, la coordinación con las policías y las relaciones con nuestros pares extranjeros, para efectos de intensificar la persecución criminal del narcotráfico en Chile.

Persecución Interregional.
El Ministerio Público ha suscrito sendos convenios de cooperación internacional en materia de entregas vigiladas y controladas con Perú y Bolivia, y esperamos al mediano plazo lograr acuerdos con Paraguay y Argentina, a efectos de poder facilitar el trabajo investigativo de las policías en conjunto con sus pares extranjeras, así como también el intercambio de información relevante entre las fiscalías de los distintos países.

Coordinación Inter- institucional.
El Ministerio Público está incrementando su coordinación interinstitucional y participando de manera permanente en sesiones de análisis y trabajo con los actores relevantes en la materia.

En este sentido, hemos creído necesario intensificar nuestra labor a nivel de los controles existentes en el ámbito marítimo y aeroportuario, con miras a investigar de mejor forma la posibilidad de tráfico desde y hacia el extranjero.

Por otra parte y como un tema emergente, se está trabajando coordinadamente con CONACE en el Sistema de Registro de Precursores Químicos que se creó luego de la dictación de la ley 20.000, para posibilitar una persecución mas eficiente de los delitos relativos a los elementos que permiten la fabricación de la droga.

Investigaciones Patrimoniales.
Se ha considerado fundamental, no sólo en materia de narcotráfico, sino también respecto de aquellas formas de criminalidad compleja como el terrorismo y su financiación, el lavado de dinero, y en general, aquellas investigaciones que supongan la actividad de asociaciones ilícitas, profundizar el apoyo desde la Fiscalía Nacional, a través de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado, para la indagación y aseguramiento de bienes de las estructuras criminales. Reitero así nuestra intención de no sólo hacer frente a los últimos eslabones de la cadena criminal, sino que también a las bases que la sustentan.

B) MICROTRÁFICO

Estimamos que por el fuerte impacto social, la inseguridad vecinal que ocasiona y la serie de otros delitos conexos a éste, como el porte de armas y los robos violentos, resulta relevante renovar las estrategias del Ministerio Público en materia de microtráfico. Hemos decidido implementar un plan de persecución criminal contra el microtráfico, que busca, mediante la detección de los focos de distribución, desarticular progresivamente aquellas bandas que operan en determinados barrios.

Este programa de persecución focalizada del microtráfico será especialmente monitoreado en las regiones Metropolitana, Quinta y Octava, aún cuando será la persecución de este fenómeno delictual materia de especial preocupación de las fiscalías en todo el territorio de la República.

El éxito de la labor de persecución del tráfico urbano de drogas, depende en buena medida de contar con la colaboración de la ciudadanía en cuanto a denunciar estos hechos en sus respectivos sectores, ya sea a las policías o eventualmente en las propias Fiscalías, las que sabrán guardar reserva de los datos que se entreguen.

C) ARMAS

La utilización de este tipo de elementos, añade un componente adicional de peligro a los delitos cuya investigación corresponde al Ministerio Público, por lo que se hace necesario primeramente desarrollar bases de datos institucionales, y mejorar los niveles de coordinación y transferencia de información a nivel de las policías y del organismo encargado del control de los permisos de tenencia.

Además, dedicaremos esfuerzos en conjunto con las policías territoriales, tendientes a desarticular los grupos de personas que se dedican a este lucrativo e ilícito negocio. De ese modo, contribuiremos a mejorar un aspecto sensible para la ciudadanía como es la proliferación de armas de fuego en manos de los delincuentes.

Hacemos notar expresamente nuestro reconocimiento a los sucesivos operativos que, tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones han ido realizando, lo que ha permitido sacar de circulación una gran cantidad de armamento ilegal.

D) VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Atendidas las particularidades que reviste la comisión de delitos en el marco de la ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar y las especiales condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas, es necesario implementar procesos de trabajo distintos que permitan minimizar el tiempo de respuesta del sistema, con énfasis en la protección.

A partir de lo anterior, durante el año 2008, se ha impulsado la creación de un programa de carácter nacional cuyo objetivo principal es garantizar la realización de una evaluación de riesgo inicial, en un plazo máximo de 48 horas luego de ingresada la denuncia a la fiscalía, para efectos de solicitar al tribunal la medida de protección más adecuada para el caso particular.

Este programa ha sido implementado como piloto en las Fiscalías Regionales de Tarapacá, Del Libertador Bernardo O`Higgins, Araucanía, Aysén y las 4 Fiscalías Regionales Metropolitanas.

Como resultado de esta iniciativa esperamos obtener:

1.- Procesos de trabajo ajustados en función de evaluar riesgo en un plazo máximo de 48 horas e implementar medidas de protección oportunas.

2.- Acciones de coordinación instauradas con Carabineros de Chile, Tribunales de Garantía y red social pública y privada, orientadas a mejorar la atención y brindar protección oportuna, efectiva y eficiente a las víctimas de violencia intrafamiliar.

A la fecha, las regiones piloto ya han desarrollado sus respectivos modelos de trabajo e incluso en algunas ya se encuentran operando bajo estos modelos, como es el caso de las Fiscalías Regionales Metropolitanas Oriente y Occidente.

Cabe destacar la coordinación que, para la plena adopción de estos proyectos, se está llevando a cabo con Carabineros de Chile, a través de la Dirección de Protección Policial de la Familia, con quienes se está realizando un programa de capacitación para todos los Carabineros que operan en las fiscalías locales piloto. Para facilitar el trabajo de los funcionarios policiales, se está elaborando una cartilla que define las primeras diligencias que deben efectuar en casos VIF y los antecedentes que deben incorporar al parte, los cuales contienen aspectos especiales para la evaluación de riesgo.

En este mismo sentido, hemos coordinado con el Servicio Nacional de la Mujer capacitaciones para los funcionarios de las fiscalías locales piloto.

A finales de este año, evaluaremos los resultados de estos proyectos piloto, estableciendo aquellas mejores prácticas desarrolladas por cada región, de manera de extender la propuesta a todo el país durante el año 2009.

2.3- INTENSIFICACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES EN DELITOS GRAVES COMETIDOS CONTRA MENORES DE EDAD

DELITOS SEXUALES: PORNOGRAFIA; PROSTITUCIÓN INFANTIL

En el contexto de las políticas públicas en favor de la infancia y atendida la grave lesión y permanentes efectos que provocan los delitos graves contra menores de edad, especialmente los de carácter sexual, he estimado pertinente intensificar aún más las investigaciones respecto de este tipo de ilícitos a través de las siguientes iniciativas:

Alentando la desarticulación de redes de pederastas en nuestro país a través de investigaciones de oficio, junto con colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance en investigaciones transnacionales en materia de pornografía infantil.

Frente a la realidad emergente del acoso sexual contra menores de edad en la web, conocido como “grooming", durante el año 2008 realizaremos un estudio sobre el mismo, el que ha sido contemplado como una meta de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Violentos.

Capacitación de fiscales especializados en esta materia tanto en el país como en el extranjero. A modo de ejemplo, ya en el mes de febrero dos fiscales viajaron a Colombia para ser capacitados en investigaciones sobre pornografía infantil.

2.4.- PREVENCIÓN DEL DELITO

Hemos sostenido claramente ante la opinión pública que la Fiscalía debe colaborar en estrategias de prevención y, en tal sentido, fijarse objetivos de reducción de criminalidad, en términos de delitos cuya incidencia se estima necesario disminuir. También hemos afirmado que esta labor debe estar sujeta a metas de gestión que midan la eficiencia del ente persecutor, como cualquier otra política pública.

Ahora bien, si la Fiscalía es por esencia un ente orientado a la persecución criminal y a la protección de victimas y testigos, y nuestra intervención en el fenómeno delictual es posterior a su comisión, ¿cómo podemos entonces colaborar con la prevención del mismo?

En primer término, la persecución criminal en sí misma lleva implícita la prevención delictual. La eficacia del sistema criminal, la inexorabilidad de la intervención de un fiscal que investigará y buscará sanciones para el infractor, la certeza de una pena alta en relación a un delito grave y la reducción de márgenes de impunidad, suponen un desincentivo de la actividad delictiva. Los países que han logrado reducir significativamente sus índices de criminalidad, son aquellos que poseen justamente un sistema penal efectivo. A su vez, en cada ocasión que se condena y se priva de libertad a un infractor, particularmente imputados con compromiso delictual, estamos actuando respecto de individuos que representan un peligro para la seguridad de la sociedad y la víctima; se evita así la reincidencia y esto también es prevención. En este mismo estadio de análisis, cuando se realiza una persecución criminal estratégica, especialmente respecto de delitos que, en su comisión, participan estructuras delictivas, llámense bandas, organizaciones criminales, reducidores o redes de protección, y se actúa eficazmente sobre éstas, se está desarticulando la base misma que promueve y facilita el delito, lo que importa prevención.

En segundo lugar, la utilización planificada de ciertos términos como las suspensiones condicionales, en proyectos como el de los tribunales de droga; o la implementación de instancias de mediación, como en el caso de la responsabilidad penal adolescente, implica generar instancias de rehabilitación lo que favorece la prevención mediante la reinserción del delincuente.

Ahora bien, uno de los ámbitos donde resulta fundamental la colaboración del Ministerio Público en términos de prevención, es en materia de información criminal. La Fiscalía, al realizar la persecución criminal, concentra datos relevantes sobre el comportamiento delictual a nivel país. Disponemos no sólo de la información, que por vía de denuncia, nos transmiten ambas policías, sino que también aquéllas que se reciben directamente en las fiscalías. Podemos no sólo determinar las denuncias que ingresan al sistema de justicia criminal, sino que también el resultado de su paso por el mismo. Todo esto, nos ubica en una posición privilegiada en términos de conocimiento cuantitativo y cualitativo sobre el fenómeno del delito. Dicha información, debidamente registrada y analizada, constituye una herramienta relevante para la prevención del crimen.

En tal sentido, hemos iniciado un proceso de trabajo que nos permita mejorar nuestros sistemas de registro de información al año 2010. Hemos incorporado dicha iniciativa dentro de los lineamientos estratégicos para este año, y hemos asociado metas concretas en este sentido, a nivel de la Fiscalía Nacional y las Fiscalías Regionales.

2.5.- ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS

La División de Atención a Víctimas y Testigos está trabajando en la elaboración de modelos de gestión que permitan, mediante intervención diferenciada, contribuir a la satisfacción de las distintas necesidades que las víctimas y testigos experimentan en su paso por el sistema penal, focalizando la intervención en el aspecto proteccional. Para ello, tal como se ha trabajado en materia de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, se están generando para este año dos modelos nuevos de trabajo, uno asociado al tema de protección en casos complejos y otro asociado al paso de los testigos por el sistema penal.

Respecto del Modelo de protección especializada en casos complejos:, se ha podido detectar que determinados usuarios del sistema, esto es víctimas y testigos, presentan características de riesgo asociadas a realidades delictuales que, por su gravedad, requieren de una respuesta oportuna y eficaz de mayor especialización, que permita otorgar niveles superiores de seguridad a quienes se encuentren en tales situaciones. En la mayoría de estos casos es posible apreciar, que el riesgo en que se encuentran estos usuarios proviene de delitos relacionados con organizaciones criminales constituidas como tales, las que suman a la peligrosidad de sus acciones importantes recursos financieros que les permiten disponer de los medios necesarios para llevar adelante sus amenazas.

Este modelo tiene como base la creación de un Comité Regional de Protección integrado por funcionarios de las Unidades de Atención de Víctimas y Testigos, más fiscales y policías, y su función será “Otorgar protección especializada, oportuna y efectiva a víctimas y testigos de casos de alta complejidad”, donde existe la amenaza de organizaciones criminales. Para ello, hemos dispuesto que se elaboren estrategias de protección, a partir de la experticia de todos sus integrantes, teniendo procedimientos claros que aseguren la confidencialidad y la efectividad de las medidas, el que se implementará como proyecto piloto en al menos dos regiones durante el año 2008, de manera de evaluarlo e introducir las modificaciones necesarias para iniciar su extensión al resto de las Fiscalías Regionales durante el año 2009, de manera progresiva.

Modelo Servicio a Testigos: Considerando la “ruta del testigo en el proceso penal”, vale decir, las diferentes necesidades que presenta en cada etapa de su paso por el sistema de justicia, desarrollaremos procesos de trabajo para responder a ellas, diseñándose modelos que respondan a sus necesidades de orientación, protección y facilitación para su participación.

El proyecto se encuentra actualmente en la última etapa de elaboración y se implementará en dos regiones para ser evaluado a fines del 2008.

2.6.- REHABILITACIÓN DEL INFRACTOR

TRIBUNALES DE DROGA

Una iniciativa novedosa y que toma como base experiencias de países desarrollados es la que públicamente se conoce como Tribunales de Tratamiento de Droga. Ésta consiste en someter a personas con bajo compromiso en delitos cuya pena no supera los tres años de privación de libertad, a la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento, sujetándose a la condición de someterse a un programa de rehabilitación de su adicción a la droga.

Habiendo recién asumido como Fiscal Nacional, suscribimos el protocolo de acuerdo con el Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Defensoría Penal Pública, CONACE y Paz Ciudadana, por el cual el Ministerio Público manifiesta su voluntad de trabajar coordinadamente en esta materia.

Este nuevo convenio de colaboración financiera, extiende la cobertura del programa a otras cuatro zonas del país: Zonas Occidente, Oriente, I y II Región. Además estamos patrocinando la iniciativa piloto que incorpora la intervención de este sistema en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.

PROYECTO DE MEDIACIÓN PENAL ADOLESCENTE

La mediación penal supone la construcción de la solución al conflicto penal, conjuntamente, entre víctima e infractor, lo que resulta especialmente adecuado para los casos en que estos comparten un contexto que los obliga a mantenerse en contacto. En el ámbito de la responsabilidad penal juvenil, el adolescente se convierte en protagonista de la solución del conflicto, haciéndose cargo de las consecuencias de su conducta y de la necesidad de respetar en el futuro los derechos y libertades de las demás personas.

En este marco, hemos diseñado un proyecto destinado a instalar programas pilotos de mediación penal en las cuatro fiscalías regionales metropolitanas, las que presentan el mayor número de casos de adolescentes infractores del país, lo que es coherente con la necesidad de responder a los principios orientadores del sistema de justicia criminal de los jóvenes, plasmando las orientaciones y compromisos internacionales sobre el particular.

IV.- PROPUESTAS DE MODIFICACIONES LEGALES

Es innegable que el sistema de justicia criminal requiere permanentemente de modificaciones que lo hagan compatible con la realidad social y delictual.

En efecto, en materia de delitos sexuales es posible avanzar mediante la dictación de normas que regulen adecuadamente la labor de los organismos periciales.

En materia de narcotráfico, es factible perfeccionar la Ley 20.000 y su Reglamento, en cuanto a la facultad de los jueces para ponderar la cantidad y calidad de las sustancias en caso de importación o exportación, también en relación al otorgamiento de beneficios a los condenados y la particular situación del cooperador eficaz; e inclusive respecto al rol que les corresponde a los servicios de salud.

En materia de robo y tráfico de vehículos, podría legislarse para efectos de contar con normas penales, procedimentales y reglamentarias que hagan más eficiente la persecución y sanción de estos ilícitos, buscando asegurar su recuperación expedita en el extranjero.

De igual forma, en materia de víctimas y testigos, podríamos avanzar en términos de asegurar por la vía legislativa, su debida protección, fundamentalmente a través de la generación de nuevos mecanismos de reubicación y cambio de identidad, inclusive generar una ley de víctimas siguiendo el modelo Europeo.

Sin embargo, estimo que el sistema procesal penal, habida consideración de la reciente promulgación de la ley 20.253 requiere de un período razonable de adaptación para efectos que los distintos actores puedan adecuar su actuación a esta nueva normativa, teniendo presente igualmente, el impacto que ya produjo en el sistema de justicia criminal la nueva justicia penal adolescente, sumadas las modificaciones que también introdujeron cambios a través de la ley de violencia intrafamiliar.

En efecto, con fecha 14 de marzo del año en curso, entró en vigencia en nuestro país la Ley N° 20.253, denominada “Ley de Agenda Corta Antidelincuencia” la cual recogió varias de las opiniones propuestas y sugerencias de diversos actores del ámbito jurídico penal, entre ellas el Ministerio Público, y que se tradujeron, como he señalado, en modificaciones formales y sustantivas a la persecución penal en Chile.

En atención a que la vigencia de esta nueva ley es aún incipiente en el tiempo, reitero, que no me parece prudente, por el momento, sugerir nuevas modificaciones legales al Código Procesal Penal, por cuanto será la práctica en los Tribunales y la interpretación jurisprudencial a dichas normas, las que nos irán dando luces acerca de la correcta implementación de la misma en los fines de la investigación y persecución penal del delito. Reafirmo, que las nuevas atribuciones que se les entregan a las policías, así como las modificaciones en materia de recursos, nos permitirán optimizar nuestra labor investigativa y actuar de manera más eficiente frente al fenómeno delictual de nuestro país.

Finalmente, y sin perjuicio de lo que vengo diciendo, reitero una vez más, mi firme convicción que no es posible concebir un proceso penal eficiente sobre la base de un cuerpo legal inadecuado a la realidad del Chile actual. El nuevo sistema criminal se ha traducido en un aparato de justicia moderno, transparente y expedito, pero este notable avance no se condice con nuestro derecho penal sustantivo. Nuestro país requiere un nuevo Código Penal, que recoja la evolución dogmática, organice tipos penales dispersos en leyes especiales y, en definitiva, responda a los tiempos que corren.

V.- PALABRAS FINALES

Hace cinco meses, inicié mi período constitucional como Fiscal Nacional del Ministerio Público de Chile; como han podido apreciar en la presente cuenta pública, nuestros esfuerzos se han orientado fundamentalmente a dar una respuesta pronta a la ciudadanía respecto de aquellos aspectos urgentes que era necesario abordar, principalmente en lo referido a la persecución criminal de delitos graves y a sentar las bases de una mayor protección y atención a víctimas y testigos. Consideré necesario establecer ciertas directrices en materia de persecución penal, para que en dicho marco conceptual desarrolláramos planes y programas que fueran medibles en su cumplimiento, transparentando de este modo la eficiencia de nuestra labor.

De igual forma, estimé necesario adecuar algunos procesos para efectos de posibilitar una gestión más eficiente, y evitar así cualquier síntoma de burocratización, atendido el hecho que las metas que nos hemos fijado requieren de una fiscalía ágil en sus respuestas y dúctil en su capacidad de adecuarse a los cambios que experimenta el fenómeno criminal. El delito propende a complejizarse e internacionalizarse, y entendemos que la única forma de hacer frente a las redes criminales transnacionales es mediante redes persecutorias globales, por lo que continuaremos nuestros esfuerzos por fortalecer la cooperación penal internacional.

Así también estoy consciente, que es posible colaborar con estrategias de prevención del delito, sea mediante un mejor análisis de la información criminal de que disponemos, sea mediante una mayor coordinación con las autoridades encargadas del Orden y la Seguridad Pública, sea a través de un efectivo acercamiento con la comunidad. Creo que es posible todo aquello sin que sea vea afectada nuestra autonomía constitucional.

Deseo en estas palabras finales, referirme brevemente a una larga aspiración del Ministerio Público que esperamos se haga realidad en los próximos años: el Edificio Institucional de la Fiscalía Nacional. Esta iniciativa obedece fundamentalmente a la necesidad de contar con instalaciones propias que garanticen mínimos estándares de seguridad asociados a la función de la persecución criminal. Hoy en día, por ejemplo, información sensible en materia de crimen organizado, narcotráfico, corrupción, delitos sexuales y testigos sujetos a programas de protección, por nombrar sólo algunos temas, se encuentra en tres pisos arrendados, de un edificio que alberga una serie de oficinas privadas y públicas, por las que circula a diario un flujo considerable de usuarios. Actualmente, estamos en la etapa de identificación de terrenos disponibles y factibles para realizar este edificio, optimistamente espero estar en condiciones de inaugurar dentro de los próximos años las nuevas instalaciones de la Fiscalía Nacional.

En otro orden de ideas, deseo hacer un reconocimiento al Poder Judicial, representado en esta cuenta pública por el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema don Urbano Marín, y por su intermedio a los jueces y ministros de la República: los fiscales del Ministerio Público renuevan su compromiso de investigar mejor y litigar mejor; de respeto irrestricto al mandato constitucional de independencia de los jueces; y a radicar la discusión jurídica en los tribunales de justicia. Creo que resulta indispensable, a casi tres años de la entrada régimen nacional de la Reforma Procesal Penal, fortalecer aún más el trabajo de coordinación institucional a nivel de las comisiones o mesas de trabajo, que permanentemente integran o han integrado representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal y Ministerio de Justicia.

Del mismo modo, no puedo dejar de señalar y agradecer en esta cuenta pública, todo el apoyo que los fiscales reciben a diario de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, destacando el profesionalismo y sentido del deber de nuestras policías, las que son y serán un capital fundamental de la reforma procesal penal.

Asimismo, expresamente agradecer a los Fiscales Regionales actuales y pasados, por su apoyo, contribución y franca opinión. A ellos vaya mi renovado empeño de seguir trabajando juntos en pro de nuestro servicio público.

Finalmente, reitero mi continuo compromiso con los funcionarios y fiscales del Ministerio Público, con su dedicación, esfuerzo y legítimo orgullo profesional. Sin soberbias, sin adornos, con fuerza, pero sobriamente les digo: en mi calidad de Fiscal Nacional, yo también me honro en ser un fiscal más de la República y cumplir con nuestra labor, que nunca puede detenerse y que es fundamental para la Justicia Penal.

Una renovada mística surge de los equipos, de su transparencia, de su intransable independencia y de su constante aplicación. Como siempre, a lo largo de Chile, seguiremos actuando con un profundo sentido de servicio y probidad pública; haremos esfuerzos permanentes por mejorar la calidad de la atención a nuestros usuarios, y pondremos nuestras mejores capacidades en asistir y proteger a las víctimas del delito.

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