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Fiscalía investiga omisión de denuncia de abusos sexuales contra escolares en Rapanui

Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales tienen la obligación legal de denunciar los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el local donde ellos desarrollan su labor.

Fiscalía local de Rapanui

Fiscalía local de Rapanui

La Fiscalía en Rapanui formalizó investigación por omisión de denuncia y encubrimiento de abuso sexual a menores contra el director del colegio San Sebastián, su inspectora general y la jefa de la unidad técnico pedagógica, en el marco de un caso de delitos sexuales a una decena de escolares que se imputa a un profesor que desde principios de abril se encuentra en prisión preventiva.

Los imputados son el director, A.M.S; la inspectora R.A.H; y la encargada de la UTP, F.B.V, quienes fueron informados en audiencia ante el tribunal de garantía insular que la Fiscalía investiga el incumplimiento de la obligación legal de denunciar hechos eventualmente constitutivos de delitos contra alumnos por parte del profesor T.B.V (25), supuestamente perpetrados durante el 2013, contra quien se formalizó investigación hace un par de semanas y permanece en prisión preventiva mientras se culmina esa investigación.

Además, el fiscal comunicó a los imputados que se investiga si su conducta también es constitutiva de encubrimiento, ya que la omisión de denuncia en la que incurrieron también podría revestir caracteres de otro delito asociado al ocultamiento de dicha información.

Conforme a la ley, los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel tienen la obligación de denunciar los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento donde ellos desarrollan su labor. No hacerlo, los expone a sanción penal, sin perjuicio de que la denuncia de solo uno de los obligados exime al resto.

Los delitos de omisión de denuncia y encubrimiento de abuso sexual tienen penas menores en nuestro ordenamiento, por lo cual los tres imputados quedaron sometidos a las medidas cautelares de arraigo insular, firma quincenal, prohibición de acercarse a las víctimas y comunicarse entre ellos; y respecto del director y de la inspectora la prohibición de concurrir al establecimiento educacional.

Los al menos 10 abusos sexuales que investiga la Fiscalía, cuyas víctimas son niños rapanui de entre 8 y 13 años, quedaron al descubierto en el marco de una investigación anterior por rayados obscenos contra una menor en la isla. Durante la toma de declaraciones a testigos de ese hecho, se detectó que distintos escolares habrían sido abusados por el mismo educador a quien se imputaron los graffitis, y que tales hechos habrían estado en conocimiento de quienes ahora están siendo investigados por no denunciarlo. 

De acuerdo con los antecedentes de este caso, los profesores no solo habrían recibido denuncia de menores por los abusos, sino que además habrían presenciado situaciones que debieron denunciarse.

Para la investigación de los delitos imputados a los docentes el tribunal fijó un plazo de cinco meses.

 
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