FiscalíasRegión de Tarapacá

22/07/2011

Tarapacá: Fiscalía formaliza investigación por cobre robado contra dueño de empresa iquiqueña

De acuerdo a la presentación de la Fiscalía de Iquique, al imputado se le incautó la mercadería de tres contenedores de exportación correspondiente a cobre robado desde los tendidos eléctricos y del sector de la minería.

La Fiscalía de Iquique, junto a la Policía de Investigaciones, lleva varios meses investigando la ruta que sigue el cobre robado.

Por los delitos de receptación, declaración falsa de mercancía de exportación, contrabando, comercio clandestino y comercio irregular fue formalizada la investigación en contra del representante legal de la empresa Recmetal, Mauricio Varas Quezada. La empresa iquiqueña está siendo investigada por la Fiscalía de Tarapacá por la comercialización de cobre robado.

En una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Iquique, el fiscal Eduardo Ríos explicó que durante el año 2010, Aduanas incautó la mercadería de tres contenedores de exportación de la empresa Recmetal, que había sido declarada como desechos de cobre por un valor total de US$486 mil, pero que al realizar el aforo físico, se constató que correspondía a rollos de cobre, algunos con marcas de uso y otros nuevos, que normalmente son usados en el tendido eléctrico de alta tensión.

Según el relato de la Fiscalía, empresas reconocieron que parte de la mercadería incautada era de su propiedad y había sido sustraída desde los tendidos eléctricos, telefónicos y del sector de la minería, por lo que el imputado no podía menos que conocer el origen ilícito de dichas especies, las que además comercializaba al margen del sistema de impuestos y de los organismos fiscalizadores.

Junto a la Fiscalía estuvieron presentes en la audiencia los abogados querellantes de las empresas eléctricas, de Aduanas, del Servicio de Impuestos Internos, de Codelco y de la empresa telefónica Movistar.

El imputado Mauricio Varas quedó sujeto a las medidas cautelares de firma mensual ante la Fiscalía y arraigo nacional mientras dure la investigación, que se fijó en un plazo de 90 días.